Sería injusto negar el avance que ha registrado el país en la lucha contra la corrupción.
Contamos ya con bases normativas para una progresiva institucionalización de los cargos en la Administración Pública. Poco a poco se va sustrayendo a ésta de la influencia político-partidaria que la conectaba a diversas modalidades de corrupción. Santa Cruz, por cierto, con las medidas que toma el Prefecto, Carlos Hugo Molina, es un ejemplo en tal sentido. Con toda seguridad, la primera autoridad departamental seguirá actuando con la misma decisión que mostró en el caso del Servicio de Migración, repartición a la cual politiqueros que debían el cargo a los partidos que empezaron a morir tras los sucesos de octubre del año pasado, habían convertido en todo un antro de extorsión a la gente que allí hacía interminables colas para optar a un documento de viaje a fin de poder salir al exterior.
Sin embargo, la meritocracia es todavía floración a medias en los demás prados burocráticos del país. Sólo un mínimo porcentaje de los cargos públicos, tanto en el ámbito nacional como en el regional, ha sido institucionalizado. Cualquiera que revise la nómina del personal estatal o regional se encontrará con nombres de personas asociables a partidos políticos que contrajeron con ellas deudas de campaña electoral que debieron honrar en la forma que sabemos.
El Presidente, Carlos Mesa, heredó de su predecesor, Sánchez de Lozada, una administración estatal meticulosamente cuoteada entre el MNR, MIR, NFR y UCS. Imposible que en sólo tres meses de gestión pudiera despartidizar totalmente la función pública. Así que el asunto sigue representando para él y sus colaboradores un reto que de ahora en adelante tendrán que asumir, no sólo en lo que hace a la institucionalización, sino también a la austeridad con la cual debe enfrentarse al déficit fiscal.
Acaso lo prioritario en el momento actual sea la reducción de la burocracia estatal a un volumen estrictamente necesario. Las nuevas designaciones deben sujetarse a rigurosos parámetros de eficiencia, honestidad y responsabilidad. En algunos casos, que se convoque inclusive a exámenes de competencia a fin de que el nombramiento favorezca no tanto a quien tenga más gorda la hoja curricular, cuanto a quien demuestre que por saber más que los otros, lo hará mejor. Por cierto que urgen modificaciones en este sentido en las normas relativas a contratación de personal consignadas por el Estatuto del Funcionario Público y su reglamento.
Reiteramos: en lo que hace a personal, quedarse con lo estrictamente necesario, pero con los mejores. Y para llenar las vacancias de los que sean despedidos, por corrupción o incompetencia, convocar a exámenes de competencia adicionales al concurso curricular. Por supuesto, estas pruebas deben sujetarse a normas que garanticen plena transparencia.