Hidrocarburos. Desde el punto de vista confiscatorio puede derivar en un arbitraje internacional y resultar muy peligroso para el Estado. Se espera evitar violentar los derechos de las normas establecidas

El gobierno ya habla de ‘poder de soberanía para legislar’ en caso de no llegar a un consenso con las petroleras que operan en el país, y con quienes ingresó a un proceso de negociación de los planteamientos para la modificación de la Ley de Hidrocarburos, y que entre otros aspectos propone el Impuesto Complementario de un 12%.
Si bien los temas fundamentales de la agenda política del presidente Carlos Mesa establece definir la enmienda a dicha ley hasta el 31 de enero, el ministro de Desarrollo Económico, Javier Nogales, advirtió que el plazo es muy breve para aprobar la revisión, tomando en cuenta que los hidrocarburos son importantes para la economía, pues representa un 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el segundo día de diálogo entre los ejecutivos de las compañías petroleras y los ministros Javier Nogales y Álvaro Ríos, de Hidrocarburos, se dejó sentado que las enmiendas a la Ley de Hidrocarburos tienen que hacerse sin violentar el marco jurídico de las empresas, tomando en cuenta que tal instrumento sirvió de base para que lleguen inversines por más de $us 3.000 millones desde el año 1996.
Según el gobierno, las petroleras exigen respeto por el marco jurídico porque lo contrario significará atentar contra los derechos de las empresas. En este sentido, Nogales advirtió que si Bolivia toma decisiones unilaterales para modificar ese marco, estaría violentando los derechos adquiridos por las empresas.
El tema es bastante complicado, pero las empresas deberán entender las necesidades del Estado cuando se habla de soberanía, dijo el ministro, al destacar la posición estratégica de las empresas y que por tanto es importante brindar la seguridad social del pueblo.
Sin embargo, en el caso de que las petroleras no puedan invertir, el gobierno señala que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hará viable los proyectos de industrialización, pues la CPE señala claramente que los hidrocarburos son de propiedad del Estado e inalienable.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, explicó que la propuesta modificatoria a la ley pide soberanía sobre la propiedad del gas; el nuevo rol del Estado a través del potenciamiento de YPFB; el régimen impositivo y la industrialización del energético. También incluye la idea de crear un Consejo Nacional de Energía, que será un ente consultivo integrado de manera pluralista por personalidades bolivianas ligadas al tema.
La ley prevé que la soberanía estará en manos de los bolivianos, pero se cederá la propiedad, lo cual es, obviamente, una contradicción.
Nogales reconoció que las compañías petroleras están preocupadas por el tema impositivo, pero la posición del Estado es clara al señalar que cualquier base es válida. Los precios de referencia permitirán asegurar las regalías.
“El Estado tiene la facultad soberana de legislar, pero si se tocan derechos establecidos se debe consensuar”, expresó la autoridad, aunque advirtió que desde el punto confiscatorio podría derivar en un arbitraje internacional y resultar en perjuicio del Estado.
Bolivia no podrá evitar en ningún momento el arbitraje internacional, pero se podrá trabajar en disminuir el impacto, sostuvo.
“Como todo en la vida lo que más duele es la billetera, los inversionistas petroleros están preocupados porque se nos puede ir la mano en exigir demasiados impuestos, pero aquí está el arte del negocio, ni muy poco ni muy muy”, parafraseó Nogales, al resaltar el criterio del pueblo que exige que el país no sólo debe ser un exportador de materia prima.

Trabajadores en huelga de hambre piden refundar YPFB

La Federación Sindical de Trabajadores Petroleros se declaró en emergencia, por lo tanto, ayer ingresó en huelga de hambre un primer piquete de seis trabajadores. Piden la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Ricardo Joaquín Galaza, representante sindical y presidente del comité de huelgas, indicó que los afectados buscan recuperar el carácter autárquico y operativo de YPFB. El voto resolutivo exige también la reincorporación de los trabajadores petroleros del país retirados ‘injustamente’ desde el año 1985; el respeto al fuero sindical, así como la acreditación administrativa del Comité Ejecutivo de la Federación, a la cabeza de Nelson Bustos.

Inversionistas optan por el silencio

Las compañías petroleras del país guardan absoluto silencio respecto a las negociaciones que sostienen con las autoridades de gobierno. Ayer, luego de varias horas de diálogo con los ministros Nogales y Ríos, los representantes de las firmas involucradas salieron de las oficinas ejecutivas de YPFB en sus vehículos, con vidrio cerrado y velozmente, evitando todo intento de diálogo con la prensa.
Sin embargo, hace unas semanas, el presidente del Grupo Repsol YPF, José María Moreno, había expresado que el impuesto del 12% para las compañías petroleras que planteará el gobierno como posibilidad para aumentar las recaudaciones tributarias en este sector, significaría el cierre del 40% de sus campos petroleros
El ejecutivo de la principal empresa productora de Bolivia que cuenta con una participación del 46% en la producción de líquidos y un 45% en la producción de gas natural, dijo que el sector está expectante de las decisiones que pueda tomar el gobierno respecto a los cambios a la Ley de Hidrocarburos.
Por su lado, el ministro de la Presidencia, José Galindo, dijo a ABI que el diálogo con las empresas sobre las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos está avanzado y "hay una predisposición de las empresas. Se está avanzado y esperamos continuar la próxima semana con el tema".
El presidente, Carlos Mesa, se comprometió modificar esta norma legal, cuando asumió el mando de la nación.
El pasado 7 de enero se inició este proceso. En esa oportunidad se presentaron los lineamientos generales de los cambios de la Ley de Hidrocarburos.