Ahora, al servicio de Paulino Quispe, Ángel Durán, el máximo dirigente de ‘Los Sin Tierra’, se halla obviamente en campaña . Apunta a un cargo electivo para el futuro inmediato. Seguro que desea ser alcalde en alguna ciudad, constituyente o diputado. Cree que tomando tierras e inclusive espacios turístico- hoteleros en los que no hay nada que lotear, afirmará prestigio e imagen ante la masa electoral, cuando es al revés. El denuesto íntimo contra esta forma de hacer campaña es por demás manifiesto en la gente sensata del país, que es la aplastante mayoría nacional.
Lo que llama la atención es la pasividad gubernamental frente a las tropelías del personaje. Concebir y ejecutar un plan nacional de toma de tierras en diferentes zonas del país, infringiendo la Ley INRA y su reglamento, así como las que protegen la propiedad privada, configura delitos tipificados y sancionados por el Código Penal. Conste que aquel dirigente cometió los ilícitos en una extrema flagrancia. Apareció en los canales de TV y notificó al país que a lo de la ‘Poza del Inca’ seguirían otras tomas en diferentes departamentos de la República. En cualquier nación elementalmente civilizada cualquiera que haga eso termina con mandamiento judicial de detención preventiva. Se lo lleva debidamente esposado, pero asistido por su abogado, a rendir cuentas a la justicia.
En Bolivia, la justicia terminó con el ojo en tinta cuantas veces se quiso proceder en la forma anotada. Así ocurrió en los gobiernos de Banzer y Tuto Quiroga. Gonzalo Sánchez de Lozada quiso restablecer el principio de autoridad, pero a la hora y de mala manera. En vez de aplicar la ley como corresponde en toda democracia, mandó tropas militares y policiales para que disolvieran a tiros a los revoltosos, provocando entre los mismos numerosos muertos y heridos.
Este resultado no hizo sino potenciar la protesta social de sectores que buscan destruir el país. Tanto, que Goni tuvo que fugarse al exterior, dejándole el cargo a un Carlos Mesa cuyo reto principal, en estos momentos, es justamente hacer que su régimen gobierne y no sea avasallado.
Consciente de los riesgos implícitos en el uso de la violencia gubernamental para restablecer el orden público y garantizar la paz, al tiempo que asume su alta investidura, Carlos Mesa anticipó que no enfrentaría conflicto alguno con bala sino con diálogo, promesa que cumplió en forma rigurosa en sus tres meses de gestión presidencial. Es de justicia elogiarlo por esta consecuencia, pero también corresponde criticarlo por la forma en que se cruza de brazos cuando desde sectores radicalizados se cometen delitos que agravian los derechos de los demás, como lo hace el máximo dirigente de ‘Los Sin Tierra’, sin que a nadie en el gobierno o el Ministerio Público se le mueva una pestaña.
No se conoce, hasta la fecha, iniciativa gubernamental alguna para que Ángel Durán, por los delitos cometidos, que no pueden quedar impunes, sea puesto a disposición de la justicia, una vez cumplidas que hayan sido las diligencias de Policía Judicial y las actuaciones del juez cautelar. Lo único que se percibe son señales más o menos claras de que en este caso, igual que en el pasado, se ha negociado la ley. Los ‘Sin Tierra’ suspenden temporalmente la ejecución de su plan de avasallamiento de propiedades privadas, a cambio de que a su dirigente máximo se le libere de la acción de la justicia.
Grave es que el miedo haga presa del gobierno de Carlos Mesa, como lo hizo también de los regímenes de Banzer, Tuto Quiroga y Goni. Grave, porque la omisión que censuramos servirá de aliciente poderoso a los que desde otros frentes gremiales preparan ya a nivel nacional la reedición del “octubre negro”.