La gran corrupción causa daños millonarios al pais, pero no se queda atrás la que desde una ventanilla extorsiona al público para que el trámite sobre cualquier asunto marche y no se detenga. La cometen funcionarios de plantilla, casi siempre militantes de partidos políticos que les recompensan con un cargo burocrático por su trabajo en tareas electorales–proselitistas. Generalmente les mandan a trabajar en reparticiones del Estado donde todavía rigen modalidades anacrónicas de atención al público, tanto en organización como en métodos de trabajo. Estas fallas constituyen el alero bajo el cual acecha la coima a cuanto ciudadano aguarda su turno en una larga cola para tramitar algo a su favor.
Contra la corrupción de ventanilla, hasta ahora se ha hecho poco o nada. Acaso esto se deba a que las pupilas de todos, empezando por la de los encargados de la lucha contra la corrupción y de los propios medios de comunicación social, se hallan más clavadas en la corruptela de quienes le roban millones de bolivianos al Estado que en los que le sonsacan algunas decenas de dólares al ciudadano de a pie, a cambio de abreviarle el trámite de un asunto o de un pasaporte que le permita escapar del país y de la crisis que le castiga.
Si algo positivo deja el escándalo en torno al Servicio de Migración de Santa Cruz es una generalizada toma de conciencia respecto a la necesidad de acabar de una vez por todas con la corrupción de ventanilla. Es destacable, en este sentido, la intervención de dicha oficina, a la que sin duda seguirá una purga meticulosa de los funcionarios involucrados en las redes de corrupción que allí hacían de las suyas.
Cabe destacar que dicha modalidad de corrupción no se da sólo en los servicios de Migración. El ‘toma para que se mueva el trámite’ y el ‘daca para que se ponga en acción’, es también rutina diaria en casi todas las reparticiones del Estado. Asumiendo como asume el fenómeno un carácter nacional, debe investir igual carácter la estrategia de acción para liquidarlo o, por lo menos, reducirlo a su mínima expresión.
Lo primero de lo primero es imprimirle a la institucionalización de la función pública una proyección de integridad. Hasta ahora ella es un proceso que sólo se cumple a medias. Urge ir a una despartidización total de los cargos públicos. La vía idónea para hacerlo es convocando a concursos de méritos y, en su caso, exámenes de oposición, para la provisión de los puestos cuyos titulares deban el cargo a partidos políticos y no hayan consolidado su situación en los términos previstos por el Estatuto del Funcionario Público y su reglamento.
A lo anterior deben seguir cambios drásticos en los sistemas de organización del trabajo y modalidades de atención al público en las reparticiones del Estado. Deben dejarse atrás prácticas propicias para la corrupción de ventanilla, como la manualidad y el papeleo, reemplazándolas por sistemas que eliminen las colas o por lo menos las acorten drásticamente.
El ‘tramitador’ forma parte del circuito de corrupción articulado en muchas oficinas del Estado en el marco de la partidización de la función pública. Es un intermediario entre el empleado corrupto y el ciudadano obligado a pagar para no desesperar en una larga cola. Constituye el vértice de todo un triángulo delictivo. Por tanto, se debe hacer recaer sobre él, todo el peso de la ley penal. Acabar con esta especie es también asunto crucial en toda campaña de lucha contra la corrupción de ventanilla.