Nadie puede negar que el país requiere de nuevas bases institucionales para que los bolivianos asumamos adecuadamente los retos de participación, responsabilidad, honestidad y eficiencia que plantea la democracia en los tiempos de hoy. Así lo entienden en Bolivia cuantos coinciden en la necesidad de la Constituyente.
Sin embargo, múltiples problemas se anteponen entre la iniciativa y sus posibilidades de ejecución a plazo más o menos inmediato. El primero guarda relación con la falta de consenso sobre la vía adecuada para que la Constituyente salga adelante. Mientras en el Parlamento algunos sectores son partidarios de resolver la cuestión a través de una ley interpretativa de la Carta Magna, otros no quieren zafarse del marco procedimental actualmente vigente. Postulan la introducción de la figura de la Constituyente por medio de una reforma constitucional
A los anteriormente citados se agregan obstáculos de tipo económico-presupuestario. Dentro de muy poco tiempo, si no recibe de la cooperación bilateral y multilateral la ayuda que solicita, el Estado tendrá al TGN inmerso en una iliquidez que le hará imposible pagar rentas jubilatorias e inclusive sueldos al personal de la Administración Pública y peor aún financiar el gasto que demanda la elección y funcionamiento de una Constituyente o Asamblea paralela al Legislativo.
Acaso el punto que muy pronto alcance la máxima conflictividad sea el relativo a la naturaleza de la Constituyente a convocarse. Algunos la quieren de tipo corporativo. Pretenden que no sea el pueblo en las urnas quien elija a los miembros de la Asamblea. Exigen que lo hagan los gremios y corporaciones, así como las etnias o pueblos originarios, a través de sus respectivas organizaciones, ateniéndose exclusivamente a referencias de tipo étnico, cultural y regional. En torno a este debate el presidente Mesa fue categórico al definir posiciones: “Un ciudadano, un voto”, proclamó. Más claro, agua: los miembros de la Constituyente deben ser elegidos por los ciudadanos en las urnas y no a nivel corporativo.
Quizás el de tipo político sea el riesgo mayor. Tras instalarse, la Constituyente, alegando legitimidad de representación, podría exigir la disolución del Parlamento actual para pasar después a ocupar el lugar del mismo. Con el argumento de que la Constituyente es un “poder de poderes”, se ha procedido así en más de un país de América Latina. Y nadie garantiza que los “constituyentes”, invocando el mismo principio, traten de deshacerse del propio Presidente de la República. Cualquiera de estas salidas sólo conduciría a tensar más aún la situación política en el país.
En consecuencia, si hay Constituyente, que con carácter previo se defina no sólo su naturaleza sino que se especifique también sus alcances. Debemos ir a un consenso nacional previo sobre ambas cosas, a fin de que las mismas consten en forma inequívoca en la ley de convocatoria a la elección de la Asamblea Constituyente.