La Delegada Anticorrupción pidió a la Policía que no lo deje escapar

Dos policías uniformados y cinco de Inteligencia se encuentran en el interior del condominio Mediterráneo II custodiando la puerta del departamento donde vive el ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc. La negativa del juez Sergio Cardona, de librar la orden de allanamiento solicitada por la Fiscalía, impidió que la ex autoridad sea detenida ayer para que responda por el delito de hurto agravado que le imputa la justicia ordinaria.
Anoche llegó Alfonso Ferrufino, titular de Gobierno, y sostuvo reuniones con la cúpula policial y la Fiscalía, pero en un contacto con la prensa en el aeropuerto de Viru Viru, señaló que es “una casualidad” que su llegada coincidiera con la orden de aprehensión de Kukoc. Garantizó que en el caso se respetará la legalidad.
Una vez identificado el domicilio donde radica en Santa Cruz el emenerrista y después que Kukoc apareciera en un medio de televisión local, confirmando que continuaba en la capital cruceña, el edificio fue cercado por una veintena de uniformados pertenecientes a la fuerza especial de la PTJ e Inteligencia.
El objetivo era claro: cumplir la orden de detención emitida el pasado 31 de diciembre por los fiscales Anuncio Piérola y Alfredo Añez, que investiga el caso, pero recién llegó ayer a manos de las fuerzas policiales.
El comandante de la Policía, Freddy Soruco, ingresó con sus efectivos hasta el interior del edificio con la intención de detener al ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, que dejó cerca de dos millones de bolivianos pertenecientes a gastos reservados en manos de su amigo Milder Arzadum.
Soruco permaneció en el lugar a la espera de la orden de allanamiento que no llegó y más bien aparecieron los abogados de Kukoc con un hábeas corpus que fue presentado en la Sala Civil Primera y solicitaron el retiro de los uniformados. “No se lo van a llevar porque es absolutamente ilegal”, dijo Mary Peredo, una de las abogadas de Kukoc.
Carolina Cabrera, del equipo del ex ministro, explicó que de acuerdo al edicto publicado por el fiscal Añez el pasado 10 de enero, recién el 22 se cumple el plazo para que su patrocinado responda por las acusaciones.
Cabrera informó que su defendido se encontraba con la presión alta y se le estaba aplicando suero. Tomó la decisión de hacer ingresar a la prensa, que esperaba en la calle, para presionar a la policía a que salga del interior del edificio. “No pueden estar aquí sin una orden de allanamiento”, dijo.
"La Policía se quedará aquí para evitar su salida y que después no acusen a mi institución de negligencia", sostuvo el jefe policial.
Al estar de vacaciones, el juez Luis Tapia Pachi, el caso pasó a jurisdicción del juzgador Sergio Cardona, que se negó a expedir la orden de allanamiento porque la defensa del imputado interpuso un recurso excepcional de declinatoria de competencia que no fue resuelto.
"Mientras no responda la otra parte para dictar una solución, no puedo emitir la orden de allanamiento, sin embargo, tengo tres días para hacerlo, porque la citación por edicto todavía está corriendo", sostuvo el juez Cardona.
Por su parte, el fiscal de Distrito, Francisco Borenstein volvió a reclamar la presencia del ex ministro para que no se lo declare rebelde y se le aplique arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.