El gobierno apunta a incrementar los impuestos a los megacampos operados en Bolivia. El ministro negociador, Xavier Nogales, señaló que existen muchos campos, pero que el Estado debe concentrarse en los que puedan generar gran impacto en las recaudaciones tributarias.
“Hay que ver dónde está la carne y dónde está el hueso. No vale la pena mucho morder el hueso cuando queremos carne. Existen muchos campos, pero chiquitos, que no contabilizan mucho, pero existen pocos campos, que contabilizan bastante. Ahí tenemos que concentrarnos, en los grandes campos. Definitivamente ahí tenemos que asegurarnos que la porción que vaya al Estado sea una porción grande, aceptable, que nos permita finalmente llevar al Congreso un Proyecto de Ley que implique un impacto tributario muy grande, positivo para el gobierno”, señaló Nogales.
Después de dos horas y 15 minutos de intensas negociaciones entre el sector petrolero y el gobierno sobre los cambios a la Ley de Hidrocarburos y la creación de nuevos impuestos, el ministro Nogales, que fue el encargado de dar los detalles de dicho encuentro, indicó que percibió mucho nerviosismo por parte de las compañías, que el Estado está negociando con escasa información y que prefiere llegar a un acuerdo antes de imponer cambios por temor a los juicios internacionales.
“Al parecer las empresas estarían dispuestas a ir adelante con este tema tributario. Lo que sí les preocupa, y con razón, es que haya elementos en la nueva ley que sean confiscatorios, que sean atentatorios a los principios jurídicos fundamentales que ellos tienen ya establecidos en las leyes y contratos”, informó el ministro.
El ministro negociador dijo que se está avanzando en los temas y que el lunes se realizará el tercer encuentro entre la comisión negociadora del gobierno y el gremio petrolero, en horas de la mañana en la ciudad de La Paz, esta vez con la presencia física de los gerentes y técnicos de las compañías.
Por su parte, los gerentes de las empresas petroleras que participaron de la reunión, al igual que los ejecutivos de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, no quisieron realizar declaraciones sobre la segunda ronda de negociaciones con el gobierno.
El plazo para consensuar los cambios vence el 30 de enero, ya que el presidente Carlos Mesa se comprometió a entregar el proyecto de ley al Congreso un día después, el 31.

Nogales: No tenemos toda la información

“Lamentablemente no tenemos toda la información catalogada. Yo me quejo aquí como ministro negociador, de que no tengamos toda la información sobre la mesa para saber lo que está pasando. Pero realmente los temas de fiscalización, no han sido tan buenos en el pasado y creo que es un tema que hay que poner en la ley de mejorar esto”, recalcó el jefe del gabinete económico y ministro negociador, Xavier Nogales, señalando así que las petroleras están demorando en remitir información al gobierno y que no existen informes completos sobre las actuaciones de las empresas petroleras, aunque dijo que leerá los informes del Delegado para la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreira.
“Claro. Yo creo que nosotros, los negociadores, tenemos que leer todo lo que podamos. Tenemos que leer hasta lo que dice la oposición. Todo es necesario leer”, dijo.
Asimismo, Nogales, recalcó que si bien el gobierno puede realizar los cambios que desee sin consultas previas, prefiere llegar a un consenso con el sector hidrocarburífero para evitar juicios internacionales. “No puede ser que unilateralmente se cambie la ley. Tenemos la soberanía y la capacidad de hacerlo, pero si lo hacemos así vamos a romper el derecho jurídico y lo único que vamos a ganar son unos pleitos internacionales a través de arbitrajes y demás que ya están planteados”.

Tres modalidades para explotar los hidrocarburos

El anteproyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos crea tres modalidades para explorar, explotar y comercializar hidrocarburos, transportar, refinar, industrilizar, comprar y vender productos refinados de petróleo industrilizado, y promover distribución de gas natural por redes.
Los contratos de operación, de colaboración empresarial estratégica y conformación de sociedades comerciales, resume el planteamiento oficial a las petroleras.
Con la Ley 1689 en actual vigencia existe sólo una modalidad, los contratos de riesgo compartido. Con la propuesta quedan eliminados.
Ahora ¿qué características tienen? El artículo 17 del anteproyecto indica que YPFB, en representación del Estado, firmará contratos de operación y contratos de asociación y de gestión compartida, para las actividades de exploración y explotación y comercialización de la producción.
El contratista será toda persona natural o jurídica que suscriba un contrato de operación con YPFB.
El contrato de operación está definido por el gobierno como todo contrato suscrito con YPFB, por el cual una persona natural o jurídica ejecuta por propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo, a nombre y en representación de YPFB, las actividades de exploración y explotación dentro del área materia de contrato, bajo un sistema de retribución, en caso de ingresar a la fase de explotación.
Estos contratos serán suscritos por un lapso de 40 años, dice el planteamiento.
En lo que respecta a los contratos de colaboración empresaria estratégica, será aquel contrato de asociación o todo contrato de gestión compartida, que YPFB suscribe con una persona individual o colectiva, nacional o extranjera, por un tiempo determinado, sin crear ni formar una persona jurídica distinta de sus miembros y sin vinculación societaria, a través de la combinación de recursos y esfuerzos, para la ejecución y desarrollo de las actividades hidrocarburíferas.