Mientras el gobierno busca los mecanismos para solucionar el conflicto, el Movimiento Sin Tierra (MST), continúa con la ocupación de tierras por la fuerza. Ayer más de 100 campesinos tomaron la propiedad denominada “Posada del Inca”, ubicada en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz.
Las autoridades del INRA indican que la propiedad Posada del Inca, que funciona como hotel en la zona del Lago Titicaca tiene una superficie de 2.5 hectáreas, por lo que al tratarse de una extensión mínima no se la puede considerar un latifundio.
El dirigente del MST, Ángel Durán, que dirigió la ocupación, informó que la toma se realizó de manera pacífica, a pesar de la presencia de cerca de 50 efectivos policiales que custodiaban en lugar.
La propiedad se encuentra ubicada entre las poblaciones de Huatajata y Chua, en la carretera La Paz-Copacabana, y donde los campesinos en cumplimiento a la instrucción de los dirigentes del MST procedieron a la ocupación de esta propiedad que, según informaron, pertenece a un empresario.
“No vamos a asistir a ningún diálogo y seguiremos ocupando tierras. Hoy (ayer) hemos ocupado la propiedad de la Laguna Chica del senador Hugo Carvajal”, indicó el dirigente Durán, al negar que hayan utilizado dinamita al momento de la ocupación.
Informó también que un congreso que se efectuará en Yacuiba entre el 19 y el 21 de enero decidirá si dialogan con el gobierno o radicalizan sus medidas de presión.
Por su parte, el gobierno anunció que se busca el diálogo con dirigentes del MST y otros sectores, a fin de evitar un conflicto y para ello trabajan en una propuesta que tendrá buenos resultados.
En otro hecho similar, el pasado sábado, la mina Colquiri, administrada en un contrato de riesgo compartido por Comibol y la Comsur, intentó ser tomada por mineros, pero fueron repelidos por los trabajadores , quienes advirtieron que no permitirán ningún avasallamiento a sus fuentes de empleo.

Pelea por agua y piedras en región cochabambina

Tres concesiones mineras reducidas a cenizas, dos camionetas -una de la Policía- completamente incendiadas, pobladores agobiados por el daño a sus tierras agrícolas, concesionarios atrapados en la incertidumbre e inseguridad, y policías con órdenes de hacer cumplir una resolución prefectural son el resultado del estallido de un conflicto por piedras y agua entre 30 comunidades agrarias y 16 concesionarios mineros asentados en las márgenes del río Taparí, a 30 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
La sequía comenzó a generar la pelea por la escasa agua y el aprovechamiento de agregados mineros -piedra, arena, granito y grava- que derivó en la determinación de la Prefectura de prohibir su explotación
El problema que afecta a tres provincias ˆQuillacollo, Tapacarí y Capinota- detonó ayer cerca al mediodía cuando una multitud de agricultores molesta por la determinación empezó a quemar los lavaderos -sitios de concesión con maquinaria y containers que se usan como depósito -.