Puede parecer una historia extraída de los libros del siglo XVIII o XIX, pero es la realidad. Cerca de 400 familias guraníes (aproximadamente 3.000 personas) aún viven cautivas o en la ‘esclavitud’, en la zona del Alto Parapetí (Camiri) y en Wuacarteta, localidad ubicada en Monteagudo (provincias Luis Calvo y Hernando Siles en Chuquisaca).
Los guaraníes están al mando de hacendados o dueños de grandes extensiones de tierra, que obligan a trabajar sus terrenos otorgando a cambio víveres o ropa, pero sin entregar un peso. Este intercambio de favores, por especies, no cubre las necesidades de un guaraní que tiene un mínimo de cuatro hijos y una esposa por la cual velar.
La extrema pobreza y las mínimas condiciones de vida, son el mejor reflejo de la forma precaria en que trabajan los guaraníes en el Chaco boliviano. Algunos originarios viven con los dueños de la hacienda, donde además trabajan y se alimentan. Otros tienen sus propias carpas en pequeñas parcelas que los hacendados les otorgan. Éstos trabajan en las haciendas sólo en época de siembra, pero tampoco son remunerados por la labor que realizan.
En la localidad de Monteagudo no es raro escuchar que varias familias sean explotadas por su patrones, pero ese mismo contexto hace que muchos vean con cierta normalidad la situación y no hagan nada para cambiarla.
Para Justo Seoane, ministro de Asuntos Indígenas y Pueblo Originarios, la explotación que vive el pueblo guaraní es una actitud “antihumana y absurda en la que incurren muchos hacendados por negar el derecho al estudio y a la salud de familias enteras”.
Según Seoane, el convenio 169 que ratifica la ley 1177, del 4 de junio de 1985, reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el marco de su cultura e historia. “No puede ser que en estas épocas se sigan vulnerando los derechos humanos de esa manera”, añadió Seoane. Además indicó que en la Asamblea que se llevará a cabo el 26 de este mes, se podrán determinar varias acciones para terminar con “esta forma de esclavitud”.
El director general del Trabajo a nivel nacional, William Aparicio, señaló que en la Ley del Trabajo no está contemplada la labor que realizan los indígenas en las haciendas de los propietarios, pues sólo hace referencia al trabajo agrícola y castañero.
Aparicio aseguró que el gobierno está trabajando en un proyecto para tener un reglamento que norme el trabajo asalariado en el campo, sobre todo de los pueblos guaraníes. “Es evidente que en el campo hay gente que trabaja para otra sin recibir ninguna remuneración y eso debe acabarse”, acotó. También indicó que otras leyes como la Constitución Política del Estado niega la existencia de todo tipo de esclavitud en el país.

Tristeza. Fue lo que sintió la abuela Teresa al recordar que dos hacendados destruyeron una escuelita para los niños

Sacha Llorenti / Derechos Humanos

Es una esclavitud aceptada

Las familias cautivas son una forma aceptada de esclavitud. Todo el mundo sabe que hay explotación con los guaraníes, pero nadie dice nada. El Estado tiene la política del silencio y la complicidad. En Bolivia, la gente vive en diferentes épocas, porque algunos están en el siglo XXI, mientras que otros siguen en el siglo XIX teniendo a personas bajo su servicio a las cuales tratan como esclavos, negándole muchos de sus derechos. Derechos Humanos califica este tipo de trabajo como la esclavitud, y ésta es catalogada –en la Corte Penal e Internacional- como crímenes de lesa humanidad. Creo que la única manera para cambiar esta situación es sancionando a los culpables. Esa debería ser una prioridad del Estado como el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía. Se debería buscar ayuda internacional con organismos y las organizaciones como la COD y la Confederación de Trabajadores indígenas también deberían hacer un trabajo coordinado para terminar con esta explotación.

Trabajo a cambio de víveres y ropa

Un bolo de coca en la boca es el único aliciente que tiene Marcos Muñoz (20) para empezar a trabajar, desde las 6:00 hasta las 17:00. Está resignado porque sabe que su sacrificio no vale un peso, pues según su ‘patrón’ tiene una deuda que debe pagar por los tres meses que estuvo inhabilitado por la lesión que sufrió en su tobillo izquierdo cuando estaba en la cosecha.
“Mi patrón nos engaña. Trabajamos duro y no nos paga porque dice que le debemos por la comida que nos entrega. Hace más de cuatro años que vivimos trabajando gratis”, agregó Marcos, mientras se quitaba el bolo de coca para hablar mejor.
Cuando se quitaba el sudor de la frente, debido al intenso calor del Chaco, miraba hacia la lejanía para observar si no venía don Juan, su ‘patrón’ como se le dice por el lugar.
“No puedo hablar mucho. Él (el propietario de la hacienda) se enoja si hablamos con la gente. No quiere que contemos nada de lo que vivimos aquí. Por eso mi familia y yo nos escaparemos para carnaval, cuando cosechemos nuestra siembra”, dijo en voz baja.
La vida de Marcos, es muy común entre los hombres que están en edad productiva, y es que él forma parte de las cerca de 500 familias que viven en ‘cautiverio’ por algunos hacendados tienen grandes extensiones de tierra en las provincias Hernando Siles y Luis Calvo del departamento de Chuquisaca y la zona del Alto Parapetí en Camiri-Santa Cruz.
Joaquín Vallejos (26) padre de cuatro hijos, también sabe lo que es trabajar sin que se le pague nada por ello. Sin embargo, sigue en esa hacienda porque es su “única forma de sobrevivir con su familia mientras encuentra un pedazo de tierra para trabajarla”.
“Sabemos que el patrón nos engaña, pero no podemos hacer nada por el momento. Tenemos que conformarnos con el poco de comida (arroz y maíz) que nos entrega el patrón, reconociendo que muchas veces nos maltraten, dijo Joaquín con un dolor que no podía disimular. Varios de sus hermanos huyeron y ahora tienen un poco de tierra para sembrar maíz, frejol y ají. Su esposa, Agustina Guzmán (30), vive en una carpa con sus cuatro hijos; el mayor tiene cuatro años y el menor es de apenas un mes de nacido.
Reingenio Gutiérrez (35), rompió con el silencio y con voz aguda dijo que su persona fue víctima de varios atropellos por parte de su patrón, Juan Ribera, propietario de una hacienda donde trabaja. “Nos pega con puñete cuando no venimos a la hacienda a trabajar”.
Este drama no es novedoso para la abuela Teresa (75), una de las mujeres que mejor conoce de los atropellos que vivió y aún sigue atravesando el pueblo guaraní, ya que desde sus 15 años trabajó como cocinera en una hacienda. Actualmente, vive en una pequeña carpa en un pedazo de tierra que le fue concedida por una ONG. En ese mismo lugar, los originarios construyeron una escuelita para que asistan los hijos de comunarios, la cual fue destruida por dos hacendados quienes quieren evitar que los niños tengan acceso al estudio. “Era el sacrificio de muchos meses y hasta teníamos una maestrita”, dijo Teresa con lágrimas en los ojos.

Liberados. Un grupo de guaraníes trabaja sus propias tierras con azadón en mano, apostando por el desarrollo

Dueños de tierra niegan explotación

Los propietarios de la hacienda, también llamados patrones o hacendados, niegan la explotación o el cautiverio que viven muchas familias guaraníes en sus terrenos.
Juan Ribera, que tiene cerca de 20 familias trabajando en su propiedad, asegura que en ningún momento dejó de pagar a sus trabajadores los Bs 15 que se abona por jornal (un día). Sin embargo, esta versión fue negada por las familias a las que tuvo acceso EL DEBER en la zona de Huacareta.
“Yo sólo soy un anticretista que trabaja una parte de la tierra, pues el dueño de todo el terreno es Weimar Peralta. Entregué un dinerito para cosechar en una parcela, pero no estoy recibiendo ganancias”, añadió.
Según Peralta, en ningún momento incurrió en abusos con los trabajadores, y sólo tiene ‘un poco de mano dura’ con algunos que se niegan a trabajar en los horarios y días establecidos.
“Hace algunos años había muchas familias trabajando en las parcelas, pero ahora son muy pocas. La mayoría de ellos se va, aunque algunos vuelven porque no son capaces de trabajar solos sin el dominio de un patrón. Son flojos y les gusta echarles al trago”, dijo Ribera.
Don Federico Reinaga, propietario de una de las más grandes haciendas de Hucareta y de mayores extensiones de tierra de la zona, fue más tajante con su comentario relacionado a las familias guaraníes. Se limitó a decir que nunca explotó a nadie y que siempre pagó a todos sus trabajadores. “Las familias se van por su propia cuenta sin que se los trate mal. Algunos organismos se los llevan y quién sabe para qué”, dijo.
Sin embargo, el comentario de los originarios hace ver una realidad diferente a la que Reinaga contó. La otra versión es que los hermanos Reinaga (Federico y Román) eran uno de los más grandes hacendados, y que tenían a la mayoría de las familias, aunque actualmente son pocas las que poseen.

Liberación de trabajadores deja tierras y acceso a la educación

Después de varios años de vivir en cautiverio, algunas familias guaraníes han iniciado recientemente un proceso de ‘liberación’.
Cerca de mil personas, entre hombres y mujeres, que vivían en las haciendas ahora tienen una parcela de tierra para trabajar y obtener las ganancias de su fruto. Estos proyectos se iniciaron, hace un par de años, por Organismos No Gubernamentales (ONG) e instituciones de ayuda a los indígenas.
Uno de ellos es el que lleva adelante Medicus Mundi, que se ocupa de comprar tierras a los propietarios para que los originarios puedan trabajarla en beneficio propio. Su mayor proyecto, hasta el momento, es denominado Roipota Tekove, con el que liberó a varias familias de la esclavitud. La primera comunidad liberada fue la de Aguaitenda con 60 familias, ubicada en el municipio de Villa Guzmán, en la primera sección de la provincia Luis Calvo de Chuquiscaca. Se hizo el mismo trabajo en la comunidad Isipotindi, ubicada en en Macheretí, con otras 40 familias.
Entre los beneficios que obtienen, están las viviendas, agua potable y microrriego, además de atención de salud, de forma mensual y acceso a eduación primaria y secundaria para los hijos de los originarios.
El administrador de Medicus Mundi, Guido Solano, indicó que se consiguió 30 hectáreas para cada familia, “pues es la única manera de dar libertad a muchas personas que vivieron y aún están en cautiverio”.
Otra de las instituciones que está trabajando con los pueblos indígenas es el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), sobre todo con lo que se refiere a la difusión de los derechos en la zona de origen.
Sandro Alarcón, responsable de Cipca en Monteagudo, explicó que el proceso de reinserción de las familias es muy complejo porque se debe empezar desde cero. El primer paso que sigue la institución es visitar a las haciendas en horarios de descanso, para informar a las poblaciones sobre sus derechos y el trabajo asalariado que deben recibir. “Han habido casos en los que algunas familias fueron liberadas y después de un tiempo volvieron a las haciendas porque no se acostumbran a trabajar sin el mando de una persona que los presione”, agregó Alarcón.
El capitán de los guaraníes responsable del Concejo municipal de Huacareta, Julián Díaz, indicó que el proceso de liberación de los pueblos guaraníes ha logrado que muchos comunitarios mejore sus condiciones de vida como el acceso a la educación y a la salud. “No descansaremos hasta que todos los hermanos estén liberados de los grandes terratenientes. Poco a poco acabaremos con esa forma de esclavitud que data de la época de la colonia”. Ese mismo entusiasmo se puede observar en Mario Cardoso, un hombre de 40 años, que estuvo cautivo casi toda su vida y ahora tiene su propia parcela en la cual cultivar. “Se siente raro tener una tierra propia para trabajar y mucho más cuando toda mi vida tuve un patrón a quien servir”, aseveró Cardoso.
El representante de Derechos Humanos de Monteagudo, Ricardo Zárate, quien también está siguiendo de cerca el proceso de liberación de las familias guaraníes, aseguró que este trabajo ha costado las lágrimas y el sufrimiento de muchos que han pagado muy cara esa libertad. “Nosotros que somos una institución hemos tenido que soportar muchas amenazas, porque a veces los casos se toman como personales por muchos propietarios de hacienda”.
Según Zárate, en 2002 recibió aproximadamente 170 denuncias por incumplimiento en el pago de jornales en el trabajo de los guaraníes y un número similar el año pasado.

El problema está ligado a la tenencia de tierras

El drama de los guaraníes que viven en cautiverio está muy ligado a la tenencia de tierras.
La vicepresidenta de la Asamblea de Pueblos Guaraníes Nelly Romero, indicó que el pasado martes se cumplió el plazo, de un mes, que le dieron al gobierno para que atendiera sus demandas. Una de las peticiones es la derogación del Decreto Supremo 27068, el cual se refiere a la titulación militares mediante Saneamiento Agrario. “Si el gobierno no cumple estamos decididos a realizar un levantamiento de todo el pueblo”.
El director del Instituto de Reforma Agraria (INRA) a nivel nacional, Alcides Vadillo, aceptó que en el proceso de saneamiento no cumplió con el requerimiento de los guaraníes, pero aseguró que esas eran las únicas tierras que no estaban cumpliendo con un fin económico. Sin embargo, dijo que aún hay tierras fiscales que pueden ser repartidas.