La contralora departamental, Sonia Ortiz, pidió a la Prefectura mayor transparencia en la administración pública el pasado martes. No pasaron 24 horas de aquel pedido, cuando ayer, la Fiscalía de Distrito le pidió a ella que sea más transparente en la Contraloría.
Un requerimiento del Ministerio Público emitido ayer, exige a la Contraloría la devolución del dinero que cobró por concepto de las declaraciones juradas que deben hacer los funcionarios estatales anualmente. La resolución firmada por el fiscal de distrito, Francisco Borenstein, señala que el 18 de septiembre de 2003, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el pago, a pesar de lo cual, la Contraloría siguió cobrando.
El caso tiene su origen en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado, que establece que todo funcionario público deberá hacer la declaración jurada de bienes en la Contraloría cada fin de año y de modo gratuito. Sin embargo, el 20 de junio de 2001 el Gobierno emitió un decreto para que los funcionarios públicos que ganan más de Bs 2.000, hagan su declaración y paguen un máximo de Bs 400. Ese decreto fue considerado ilegal por la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia, que planteó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, el mismo que declaró inaplicable ese pago el 18 de septiembre de 2003.
Amparándose en ese fallo, el fiscal de distrito protestó porque la Contraloría no cumple la ley y mostró su nota fiscal por el pago de Bs 400 que hizo el 31 de diciembre de 2003, cuando realizó su declaración jurada.
Expresó que la sentencia del Tribunal es inapelable, para todos los servidores públicos.
Por ello, la Fiscalía requirió la devolución del dinero a por lo menos 100 funcionarios que han hecho los pagos. Borenstein agregó que instituciones como la Alcaldía, Prefectura y Policía, tienen derecho a reclamar la devolución de su dinero tras la sentencia que declara inaplicable dicho pago.
La contralora, Sonia Ortiz, manifestó que los funcionarios públicos de clase A (ganan más de Bs 2.000) siguen pagando. En Santa Cruz dijo que hay registrados unos 3.500 de estos funcionarios porque los demás son de clase B, y están exentos del pago.
Reconoció la existencia del fallo del Tribunal Constitucional, pero aseguró que éste sólo se aplica en el caso de los jueces y no incluye a la Fiscalía. “Si los fiscales pretenden hacerse devolver su dinero, deben acudir al Tribunal, igual que otras entidades. Nosotros somos cajeros porque el decreto que aprueba el cobro no fue derogado. Tendré que enseñarle ese decreto al fiscal de distrito" dijo Ortiz.

Asociación de fiscales ya reclamó pagos

Un documento reveló que la Asociación Departamental de Fiscales de Santa Cruz se pronunció reclamando el pago por las declaraciones juradas ante la Contraloría.
El presidente de dicha asociación, Romay Cavero, expresó su preocupación por el cobro y solicitó ver la posibilidad de proceder a la devolución de la plata, al existir la sentencia fulminante del Tribunal Constitucional que declara inaplicable los pagos pero en favor de los jueces.
La contralora, Sonia Ortiz, respondió que el fallo del Tribunal es sólo para los jueces, que ganaron un amparo constitucional, y no tiene alcance para otro sector.
El Ministerio Público es el único sector que se pronunció exigiendo la devolución del dinero, amparado en la sentencia constitucional.
El abogado penalista, Roberto Barrientos, sostuvo que el fallo del Tribunal es categórico y que su acción causa efecto en beneficio directo de todos los funcionarios públicos incluidos en los pagos por declaración jurada.