Lo que la ciudadanía ya sabía fue oficializado por la delegada departamental de la Secretaría de Lucha Contra la Corrupción: que en Migración piden coimas para agilizar la entrega de pasaportes. Malos funcionarios públicos en complicidad con tramitadores recaudaban al menos $us 5.000 diarios, según el prefecto Carlos Hugo Molina. Ahora Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía definirán si esa repartición es intervenida para frenar las irregularidades.
El ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, después de recibir el informe de la zarina anticorrupción, Vania Sandoval, derivó el caso al Ministerio Público y a la Policía para que determinen la gravedad de las denuncias y posterior sanción de los culpables. Entre los acusados también hay efectivos policiales.
Por su parte el prefecto Carlos Hugo Molina aseguró que hoy dará a conocer una definición sobre la suerte de Migración, donde también es cuestionada la directora Imelda Méndez, posesionada por Molina hace dos meses.
Sandoval, en su informe, recomendó la designación de una comisión interventora compuesta por representantes del Ministerio de Gobierno, de la Prefectura, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, Comité pro Santa Cruz y de la Delegación Departamental Anticorrupción.
Sugirió también que se comience una reestructuración e institucionalización de Migración. Dejó en manos de la comisión interventora la procedencia del cierre temporal de ese organismo o si continuará trabajando bajo el estricto control de la comisión y de la fuerza pública mientras dure la reestructuración.
Germán Antelo, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, consideró que es la oportunidad de hacer un análisis de las instituciones públicas que funcionan en Santa Cruz, para transparentar la administración, destapar la corrupción y devolverle la confianza a la población.
Señaló que debe concluir la investigación para sancionar o retirar a los malos funcionarios. “Tampoco podemos olvidar que hay gente de mucha experiencia que no está involucrada en corrupción”, dijo.
Entretanto ayer la gente aglomerada en las puertas de Migración bloqueó la avenida exigiendo la destitución de Méndez. Denunciaron que solamente las personas que pagan $us 300 pueden obtener un pasaporte.

Migración debe evitar el ingreso de tramitadores

Más de un centenar de personas aglomeradas en las puertas de la Dirección Distrital de Migración con carteles y a gritos exigieron que se prohíba el ingreso de tramitadores en la oficina pública.
Uno de los solicitantes denunció que en una librería ubicada en la esquina frente a las instalaciones de Migración se cobraba $us 200 para realizar el trámite de pasaporte. “Yo fui con él y cuando lo vieron lo dejaron entrar sin preguntar, mientras que a mi hijo no le permitieron acercarse”, comentó.
La delegada departamental anticorrupción, Vania Sandoval, afirmó que Migración debe controlar que los trámites sean personales restringiendo el ingreso de tramitadores. Además, controlar rigurosamente a sus funcionarios.