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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Lunes 05, Enero de 2004

../20040105/images/a11.jpgAlcides Vadillo Pinto: «Se nos viene la guerra por la tierra»


Decisión. Alcides Vadillo sostiene que se regirá por lo que dice la Ley INRA


Daniel Castro Saavedra

Director Nacional del INRA. Critica el retraso que hay en los trámites de titulación. Para lograr cambios propone el pago a los funcionarios del INRA por resultados y no por mes. Este año los conflictos serán por la tenencia de tierras y apuesta a sofocar la tensión con una gestión transparente y participativa.

Alcides Vadillo Pinto fue designado por el presidente Carlos Mesa en reemplazo de René Salomón. No le preocupan las críticas de algunos sectores por su nombramiento porque lo asume como una preocupación por mantener la institucionalidad en la búsqueda de un director que no sea interino. Comparte el criterio, pero explica que hasta que el Congreso designe al titular del INRA no puede quedar acéfala la delegación responsable del saneamiento de tierras. Hoy mantendrá reuniones con los representantes de los ganaderos, la CAO, los campesinos, indígenas y el Comité Cívico.
- ¿No afectará su desempeño su elección a dedo por parte del Presidente?
- No es la primera vez que sucede en el INRA, en realidad el único institucionalizado ha sido René Salomón, los tres anteriores fueron designados por el presidente. Lo mismo sucede en las direcciones departamentales, tienen el mismo carácter de interinos, a excepción de Beni. Sé que no es lo mejor de cara a la credibilidad institucional, pero es un tema de responsabilidad del gobierno y yo lo asumo. En ningún caso esto cuestiona la legalidad ni la legitimidad. Es más, pido a los sectores sociales ligados a la tierra que soliciten al Congreso una pronta convocatoria para la institucionalización del cargo.
- ¿En qué estado encontró el saneamiento de la tierra?
- Hay un retraso muy grande en seis años de funcionamientos del INRA. Creo que aquí entra un factor que más que la politización es atribuible a la ineficiencia de los funcionarios públicos. Puede ser que se haya dado la elección del personal con criterio más político que técnico; desde ese punto, comparto que se haya seleccionado a la gente sólo por relaciones parentales o de tipo político, entonces, los resultados no son óptimos porque no existe pericia y capacidad profesional. Pese a eso existen 30 millones de hectáreas en proceso de saneamiento en el país.
- ¿Qué le preocupa más?
- Nos preocupa la seguridad jurídica porque no sólo implica la correcta aplicación de la ley, sino también la celeridad procesal. El Servicio Nacional de Reforma Agraria fue intervenido en 1992 y uno de los argumentos fue la demora en los trámites agrarios. Hoy tenemos en el INRA el mismo problema, hay trámites con seis años de atraso y esto no puede seguir porque estamos generando inseguridad jurídica. Y no es un tema de procedimiento, sino que tiene que ver con la actitud dilatoria de muchos funcionarios.
- ¿La politización del INRA es el principal problema?
- No es el hecho de que haya funcionarios nombrados por criterio político sino la falta de transparencia y demora en los procesos de saneamiento. Eso es lo grave porque a partir de allí es que hay sectores, como los Sin Tierra y otros, que se organizan para tomar decisiones amparados en la falta de credibilidad en la institucionalidad y en la legalidad y comienzan a asumir acciones de hecho que ponen en riesgo la paz social y el que se siente agredido reacciona de la misma forma.
- ¿Existe la posibilidad de que haya enfrentamientos por la tenencia de tierra?
- Hace dos años tuvimos la guerra del agua, hace dos meses la guerra del gas y lo que se nos viene es la guerra de la tierra si no actuamos de manera rápida y transparente basados en la legalidad. La ley INRA fue la base de consenso a la que llegaron los diferentes sectores ligados a la tierra en 1996. Ese punto de consenso es el que me comprometo a aplicar de manera irrestricta. Hemos detectado que existen algunos sectores que se están armando para defenderse de posibles avasallamientos y eso nos preocupa.
-¿Cómo hará para frenar los conflictos que se vienen?
- Apegados a la legalidad que es lo único que garantiza el derecho de todos. Me manejaré con la Ley INRA.
- ¿Y en lo operativo?
De dos maneras: generar mecanismos que nos permitan mostrar ante los usuarios del servicio del INRA una institución creíble. Hay niveles en el INRA que se manejan con secretividad y esto no debe continuar porque produce desconfianza. Vamos a generar una administración transparente con participación y control social. No vamos a negar el derecho a la defensa que tiene una persona que se siente afectada. La otra manera será el de acelerar los procesos de saneamiento y titulación de tierra en tiempos prudenciales.
- ¿Cómo se logra dar ese paso a la eficiencia?
- Tiene que pasar necesariamente por un proceso de selección de personal. Que la gente tenga capacidad, conocimiento, pericia en el tema y el pago por resultados. No se puede seguir pagando de manera mensualizada cuando no se ven frutos. He instruido a la dirección del INRA nacional que se cambien los términos de referencia para pagar con relación a resultados. Si no hay avance no hay salario.
-¿Ya no habrá empleados sino contratados?
- Existen los empleados con servicios públicos que cumplen funcionen administrativas y aquellos que son pagados por proyectos de cooperación como consultores por tiempo. Este tipo de contratos serán modificado para unir el factor tiempo, pero le agregamos el resultado para hacer efectivo el pago.
- ¿Habrá revisión de los títulos de propiedad rural?
- He instruido que se revisen los títulos de propiedad de las haciendas de más de 10.000 hectáreas para garantizar que fueron habidas de manera lícita.

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