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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 03, Junio de 2003
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¿Institución o gremio?
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| Múltiples, por cierto, los efectos de los desajustes estructurales del avance boliviano a lo que muchos denominan la “modernidad”. A menudo se utiliza este substantivo en alusión a la economía libre de mercado, el modelo que hoy rige casi a escala universal. Algunas veces, en tono laudatorio. En otras, de condena. Pero lo evidente es que dichos desajustes, en el caso boliviano, son más que evidentes. La capitalización de las empresas públicas redujo drásticamente la capacidad estatal de empleo. La migración rural atiborró a las ciudades e introdujo cambios importantes en su estructura social tradicional. Al dispararse hacia arriba, los desocupados apostaron a la economía informal, tanto artesanal como ferial, donde ahora gran parte de la población busca la subsistencia diaria. El gremio no sujeto a relación obrero-patronal (CUTCB, cocaleros, feriantes, etc.), se impuso cuantitativamente a la estructura sindical encabezada por una COB que ya no es ni la décima parte de lo que antes era, cuando la minería estatal le brindaba una “vanguardia proletaria” con más de 40.000 mineros.
Los citados cambios han tenido graves repercusiones en la superestructura del país. Una de ellas consiste en un creciente déficit de gobernabilidad. Los cambios en la economía y la estructura social han dado lugar a una fragmentación político-partidaria que dispersa de tal modo el voto ciudadano que tras cada elección presidencial el candidato que obtuvo la primera mayoría electoral se ve en figurillas, tras ganar la elección parlamentaria, para regir con seguridad y coherencia los destinos del país en el marco de los lineamientos programáticos que se propuso. Las alianzas políticas concertadas para tal fin equivalen siempre a mera e insegura aritmética de votos parlamentarios. Lo peor: a fuente de permanentes conflictos domésticos. Esto último, a propósito de pegas o a explicables angustias por hurtarle el cuerpo a las quemazones de imagen que acarrean responsabilidades conjuntas de gobierno en tiempos de crisis.
La falta de gobernabilidad, a su vez, provoca graves distorsiones en sectores cruciales de la institucionalidad boliviana. No aludimos al hecho de que en muchos casos la inmunidad parlamentaria se convierta en carta blanca para delinquir contra los derechos de los demás o escudo contra sanciones penales por la comisión de delitos comunes, sin que nadie pueda contener estos excesos, porque simple y llanamente no hay nadie en el gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial ) que se halle en capacidad de hacerlo. Nos referimos a deformaciones inconcebibles tanto en la naturaleza como en los roles de algunas de nuestras instituciones. La Policía Nacional entraña un ejemplo tristemente conspicuo en tal sentido. De institución que se debe a normas de jerarquía, disciplina y obediencia, pasa a gremio que delibera abiertamente y se inmiscuye en acciones político-partidarias. No sólo desobedece e incumple funciones, como lamentablemente lo hizo el 11 de febrero, sino que impone decisiones cuya adopción corresponden al Presidente de la República, Ministerio de Gobierno, o al Legislativo o Judicial según la materia o naturaleza del asunto. Algunas de esas imposiciones son el epílogo de deliberaciones domésticas entre bastidores, como las que llevaron al gobierno a archivar las causas coactivas contra jefes policiales a quienes la Contraloría General de la República había abierto cargos por manejos económicos ilícitos. ¿Gremio en vez de institución? Una pregunta que se hace el pueblo y que emplaza al gobierno a una repuesta en forma de decisiones que de una vez por todas dejen atrás semejante situación.
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