Fueron muy fuertes -y justificadas- las críticas que recibió la Corte Nacional Electoral (CNE) en los anteriores comicios por presuntas parcialidades y vicios diversos. Entre ellos, el más notable fue el de la corrupción del padrón electoral. Pasado el tiempo, este importante organismo independiente que controla la pureza de los comicios cambió de mando. De inmediato se percibió un cambio positivo, mayor objetividad y menos dependencia del Gobierno, tal como debe ocurrir con este tribunal y como ocurre con sus similares en otros países.
La imparcialidad e independencia del órgano electoral resultan requisitos indispensables para asegurar la continuidad de la vida en democracia. Asimismo, sus dictámenes tienen naturaleza obligatoria durante los tiempos previos a los sufragios y en todo lo concerniente con las campañas previas.
El arduo y eficaz trabajo de la CNE (u Órgano Electoral Plurinacional, como ahora se la denomina) fue reconocido por propios y extraños. En muy poco tiempo, y pese a las tremendas limitaciones de nuestro país en materia de infraestructura de comunicaciones, se pudo poner en práctica el nuevo padrón electoral biométrico. El éxito fue muy grande, ya que se incrementó considerablemente el número de inscritos. Ahora, bolivianos y bolivianas albergamos la esperanza de tener elecciones limpias, sin duplicaciones, sin votos de los difuntos o de ausentes, como sucedió en el reciente pasado. Este gran logro de la CNE agigantó su prestigio como ente objetivo e imparcial.
Pese a los merecidos pergaminos, el órgano electoral está siendo desprestigiado en la actualidad y nada menos que por el propio Gobierno que previamente lo ensalzó. Este lamentable proceder es producto de la campaña política sí, pero esencialmente es parte de la sañuda manera de querer impedir que un candidato hable desde la cárcel de San Pedro donde se encuentra detenido a la espera de ser juzgado. Nada en las leyes ni reglamentos carcelarios impide que un ciudadano sin sentencia ejecutoriada se exprese. Sin embargo, el Poder Ejecutivo persiste en su férrea oposición a permitir que Leopoldo Fernández -candidato a la vicepresidencia por un grupo opositor- diga lo que tenga que decir en una democracia y como ciudadano con derechos, aunque esté en prisión.
De continuar el Gobierno con esta tesitura, corre el riesgo de transformar en dudoso cualquier resultado que se pueda obtener el próximo 6 de diciembre. Asimismo, cabe acotar que hay observadores internacionales y organismos de defensa de los derechos humanos, como también está vigente la Carta Democrática Interamericana. Todo esto debe hacer reflexionar a quienes, obcecadamente, quieren llevar adelante sus designios por encima de normas nacionales y hasta de naturaleza universal.
Confiemos en que las cosas cambien pronto para el bien del futuro de la institucionalidad democrática en Bolivia. Nuestra línea editorial es de absoluta prescindencia política, pero en el campo de los principios fundamentales somos intransigentes al defender todo lo que sea respeto a la ley y afianzamiento de la democracia. Lo que se hace desde las esferas del oficialismo -escudados en la temporalidad del poder- no es correcto. Así de simple. Es nuestra opinión y lo expresamos con franqueza.
Los líos en los mercados
Marcelo Rivero
Son tantos y tan llenos de todo los mercados en Santa Cruz de la Sierra que difícilmente pase un día sin que no se produzcan novedades a cual más variadas sobre ellos, casi siempre, de características lamentables. Así por ejemplo un día de esos deciden hacer ‘policía’ en un centro de abastecimiento popular y extraen 70 toneladas de basura (¡70 toneladas, ¿se pueden imaginar?!, sacó de La Ramada a comienzos de septiembre la Alcaldía!); otro día decomisan decenas de kilos de embutidos en mal estado, uno más hay trifulcas con los vendedores que se asientan en las calles, en las aceras, en las rotondas, donde les da la santa gana y donde tiran basura y dejan porquerías.
Esto último es lo más común y motivo de continuas discusiones y peleas entre las autoridades municipales que quieren poner orden y los díscolos e improvisados ‘gremiales’, porque eso más, muchos de éstos, ante la falta de los empleos que el Gobierno prometió -y sigue prometiendo-, juntan unos quintos y se instalan donde les parece mejor y quedan incorporados al ‘sector’. Aparecen los dirigentes tránsfugas y sinvergüenzas, les piden unos pesos y los incluyen en sus filas, dando inicio a una demagógica defensa al derecho de trabajar, sin que importen el orden, la seguridad y el aseo que son condiciones imprescindibles hasta en el monte.
Porque vienen a Santa Cruz de la Sierra y hacen lo que quieren, porque las autoridades miran impasibles o toman medidas que no duran sino un día, por donde vamos tropezamos con ‘gremiales’ ofreciendo desde un guineo hasta una computadora. Ahí está la terminal de buses y trenes rodeada de vendedores, unos del ‘sector’ ferretero, otros del vivandero, del ropavejero, de repuestos para automotores, en fin, la lista de negocios es interminable.
Y ahora que por milagro de Dios hay un tipo empeñado en poner las cosas en su sitio, aparecen esos tránsfugas y demagogos encabezando manifestaciones y poniendo plazo para que sea exonerado. ¡Mucho atrevimiento!
¿Por qué no entrar en razón, aceptar las reglas que son para que todos nos beneficiemos y comportarnos como seres humanos civilizados? Otra cosa: son cientos y miles los ‘gremiales’ de dentro de los mercados que se quejan en sentido contrario y con toda razón, porque esos asentamientos ilegales les hacen una competencia desleal, impiden que el consumidor entre al centro de abastecimiento a adquirir lo que precisa. Este consumidor opta por lo fácil, comprar lo que está a mano, sin fijarse que los alimentos y otros productos están expuestos al calor, a la humedad, a los ‘tierrales’ y que sobre ellos revolotean o se ‘pasean’ los insectos.
Por el bien del millón y medio de vecinos se tiene que acatar las reglas y obedecer a las autoridades, tal cual acontece en el interior del país.
