Pablo Ortiz

Los abogados de Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, ciudadano húngaro-rumano el primero e irlandés el segundo, presionan a sus gobiernos para que lleven el caso de las muertes de ambos ante un tribunal internacional  para que se inicie una investigación sobre las circunstancias que rodearon al operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas, en el que murió además Eduardo Rózsa, que tenía las nacionalidades boliviana, húngara y croata.
El 15 de octubre, Nyikos Atílla, abogado de la familia Magyarosi, interpuso una demanda ante la embajada de Rumania en Budapest por la muerte de Árpád en Bolivia. El recurso legal interpuesto consulta al país europeo por la muerte del hombre de 28 años, ya que Magyarosi nació en la región Székely, donde hay 2,5 millones de rumanos de etnia húngara.
El cónsul, según Atílla, le dijo que los ministros de Relaciones Exteriores de Hungría, Irlanda y Rumania se están aliando para impulsar una investigación internacional conjunta o, en caso de no lograr el permiso boliviano, realizar una denuncia acompañada por los reportes de autopsias y videos. Esto se presentará “cuando sea el mejor momento”.
Esto se suma al pedido expreso de la familia Dwyer a la cancillería irlandesa, que fue respondida con el apoyo del vocero de esta institución, según reportó el diario The Independent el jueves.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, declaró que respalda la investigación que se lleva a cabo en Bolivia. Consideró que las autopsias y peritajes realizados sobre los cuerpos de Dwyer y Magyarosi en sus países de origen son privadas y no corresponden a organizaciones estatales.
García Linera aseguró que Bolivia acudirá a cualquier tribunal internacional a “explicar  que eran mercenarios que por dinero vinieron a matar a bolivianos y a dividir Bolivia”.
Sin demostrar preocupación por una eventual acción conjunta de países europeos contra el Estado boliviano, García Linera consideró que las instituciones de otros países ‘deberían pedir disculpas a Bolivia’ porque hubo ciudadanos de sus países ‘que vinieron a matar a bolivianos con armas de grueso calibre’ y eran personas que  ‘querían destruir la unidad de la patria’. 
“En un sentido de convivencia de instituciones, deberían pedir disculpas por esa actitud”, añadió.
En el ámbito local, García Linera no quiere aludir a instituciones cruceñas con el caso de supuesto terrorismo. Consultado sobre si los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras ligaban a cooperativas, empresas, asociaciones y organizaciones cruceñas en la financiación del supuesto grupo de Eduardo Rózsa, el Vicepresidente recordó que los delitos son personales y es el Ministerio Público el que, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras, el que tiene que encontrar los elementos de juicio necesario para presentarlos ante el juez competente.
Para García Linera, los datos de la investigación no hacen más que confirmar que había un grupo de mercenarios que vinieron a dividir el país y que fueron financiados por personalidades empresariales.
“A ellos hay que meterlos en la cárcel para que nunca nadie más intente dividir el país”, dijo la autoridad.
Para la oposición congresal, El Gobierno tendió una trampa a líderes y empresarios cruceños que creyeron en Rózsa y ahora están con las ‘voces embargadas’.

  Comunidad internacional 

Abril. Representantes de Hungría y de Irlanda estuvieron en Santa Cruz y en La Paz luego de la muerte de sus ciudadanos. El Gobierno húngaro fue más insistente e incluso el Ministro de Relaciones Exteriores se quejó de la falta de información de Bolivia.

Legal. Irlanda actuó de forma más institucional y luego de repatriar el cuerpo de Michael Dwyer, lo sometió a un examen posmorten en el condado de Dublín. Se realizaron pruebas de laboratorio y análisis cuyos resultados tardaron más de seis semanas en estar listos. Éstos no fueron dados a conocer a la prensa ni a la familia hasta el 13 de octubre, cuando fueron expuestos en una audiencia judicial. 

Resultados. Una pericia forense a cargo de oficiales de policía de Budapest dio como resultado que Árpád Magyarosi fue asesinado con siete disparos en el cuerpo cuando estaba en posición de rendición. No murió desangrado, sino ahogado en su sangre por falta de ayuda médica.  En la autopsia de Dwyer se llegó a la conclusión de que falleció por un solo disparo de arma de fuego que le perforó el corazón. Estaba sentado o echado en su cama.

Procesos. El abogado de la familia Magyarosi ha interpuesto una demanda por asesinato, torturas, privación de asistencia médica seguida de muerte e intervención policial ilegal contra desconocidos en la Policía de Hungría. También ha consultado a Rumania cuáles son los avances de la investigación.

Irlanda. Hay una investigación de las causas de la muerte abierta en Dublín, pero además la familia de Michael Dwyer solicita una indagación internacional sobre los hechos del 16 de abril en Santa Cruz.

Soza ataca al diputado Montenegro
El fiscal que investiga el caso de supuesto terrorismo, Marcelo Soza, se estrelló ayer  contra el diputado de Podemos Bernardo Montenegro. El parlamentario, que forma parte de la Comisión Especial de la Cámara Baja, que realiza una investigación paralela de los hechos, había amenazado el martes con enjuiciar al representante del Ministerio Público por obstaculización de la averiguación de la verdad, ya que no había enviado los documentos del caso requerido por la comisión ni entregado las copias de los discos duros de las computadoras que se incautaron en el hotel Las Américas.
En esa oportunidad, Montenegro acusó a Soza de ser funcional al Gobierno y haber tomado una declaración a Wálter Andrade, capitán de Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía, que fue fotografiado junto a Rózsa, para evitar que declare ante la comisión.
Soza atacó ayer al diputado. “Lamentablemente Bernardo ‘Cantinflas’ Montenegro, por las estupideces que habla por el parecido, está incurriendo en el delito de desacato y va a tener que responder ante la justicia por todas las versiones que dijo”, aseguró Soza. Conminó al diputado a demostrar que él está relacionado con el Gobierno o a atenerse a las consecuencias jurídicas.