Es conveniente destacar la reprobación de algunos sectores del MAS a la decisión de ciertas organizaciones indígena-campesinas afiliadas al oficialista Conalcam de impedir que los partidos y agrupaciones ciudadanas de la oposición hagan campaña electoral en sus respectivos distritos. El reparo es atribuible a la convicción democrática agraviada por tan censurable veto, pero también a puro cálculo político de daños en imagen y prestigio. No se les escapa el rechazo que generaría  tan primitiva modalidad de intolerancia en un gran porcentaje de la población urbana, que es donde hoy se concentra la mayor parte de la masa ciudadana que acude a las urnas.
Intuyen, además, la descalificación que sufriría el presidente Evo Morales y su Gobierno ante la comunidad internacional, en el caso de que  permitieran  a los campesinos del altiplano y de Chapare, así como de otras zonas rurales del país, semejante atentado a las libertades políticas.
Así que decidieron desautorizarlos y hasta aplicarles sanciones si es que se atrevían a aplicar el ‘veto electoral’ contra las opciones políticas de la oposición. De todos modos, hay que destacar el gesto, por mucho que sus móviles íntimos no trasciendan el simple cálculo politiquero.
Pero ahora queda por verse cómo, en los hechos, se impedirá en las zonas rurales del país descontroles campesinos contra los candidatos de la oposición en la dirección que apuntaban ciertos dirigentes de esas colectividades. Nadie  dice nada al respecto.  Ni el Gobierno ni las autoridades del organismo electoral.
Sólo hablan de sanciones establecidas por ley para quienes violen los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado y la legislación sustantiva consagran en materia de campañas electorales. 
La interrogante inquieta, si se toman  en cuenta ciertos rasgos de personalidad socio-cultural que aún subsisten en las comunidades rurales del altiplano y de Chapare.  Uno de aquéllos es el territorialismo furioso contra el adversario o el extraño que se desmarca de lo que decide o hace la comunidad. Demuestran tal talante contra las  opciones opositoras a un MAS que ahora  congrega a estas parcialidades demográficas en el Conalcam.
¿Habrá despliegue de fuerzas policiales y militares en los diferentes distritos electorales rurales y ‘circunscripciones indígenas’ para impedir que nadie coarte el derecho de los candidatos de oposición a hacer campaña electoral en las comunidades rurales?
Dejamos la respuesta a esta pregunta no sólo a las autoridades de Gobierno, sino a los miembros de la Corte Nacional Electoral.  Ojalá que pronto la absuelvan. 

Harto gas, pero bajo tierra  
Marcelo Rivero
Cuántos proyectos habrá tejido la ciudadanía después de que se confirmara, hace ya mucho tiempo, que el subsuelo boliviano era un inmenso depósito de gas y que en algunos años lo tendríamos brotando a borbollones. Ya se veía la gente montando talleres e industrias en base a este energético, ya se veía los gasoductos en las cuatro direcciones para llevarlo a mercados externos cercanos y remotos, retornando en plata contante para volcarla en obras de real importancia para el pueblo, lo que a su vez daría millares de empleos de modo que sólo los muy inconformes quieran irse al extranjero tras objetivos más ambiciosos. Ya se veía, digo, hasta el hogar más humilde en la comunidad más apartada, con su instalación de gas para hacer la comida y bañarse con agua tibia, al menos en las alturas donde el frío no es chiste y predomina el año redondo.
Pero no, surgieron los ‘patriotas’ que  encontraron pelos a la leche, se entró en el debate interminable, se convocó a referéndum... Hasta que llegó la nacionalización con militares con el dedo en el gatillo por si alguna potencia levantaba la voz, y adiós proyectos porque el gas está más profundo, porque los mercados vecinos y lejanos ya se surten de proveedores más prácticos y realistas, porque las empresas que debían extraerlo siguen mandándose mudar -por la inseguridad hasta en el asunto de la integridad física de las personas-, porque el régimen despótico que nos gobierna resucitó YPFB para dar pega a los masistas y para que sea el centro de la corrupción, no para explotar los hidrocarburos. (A propósito de las compañías que se fueron o que se achicaron a más no dar, se dijo que otras de países amigos las reemplazarían, ¡pero hasta ahora llegan! Como el gobierno se rige por decretos, ¿no será bueno que dicte uno que obligue inmediatamente a venir a las firmas extranjeras que así lo prometieron?).
Es que está jodida la cosa porque cada vez más seguido, como en las horas que corren, falta el gas. Es una calamidad que teniéndolo bajo tierra en abundancia, Bolivia lo deba comprar de Argentina y Chile (cuya producción no satisface sus demandas pero les ‘sacan el jugo’ a lo que importan y así nos lo revenden). Pero no alcanza, por eso hay desesperación en el pueblo, sobre todo el de las provincias donde una garrafa cuesta un ojo de la cara. Toda una falta de sensibilidad del gobierno para con tanta gente humilde, ya que debería hacer hasta lo imposible para llevarle el energético en forma oportuna y a precio razonable. ¡Cómo puede mirar indiferente la dictadura que esos provincianos pobres de las fronteras compren la garrafa a 48 bolivianos (y a 100 por debajito de cuerda y a 200 la extranjera de 20 kilos), cuando el precio oficial es de Bs. 22,50.
Cierto, Bolivia está liquidada con este régimen demagogo, abusivo y corrupto, pero no da para que casitas humildes no tengan una garrafa de gas para hacer majao en el llano y fricasé en el altiplano.