A exactamente un mes de haber ocurrido el atentado terrorista contra un canal de televisión en Yacuiba y cuya investigación se ha tornado escabrosa en sus avances e incierta en sus resultados, tomó pleno dominio público la consolidación del manejo gubernamental de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), al amparo de uno de los tantos decretos aprobados como al boleo por el Presidente de la República. La disposición, que data del 11 de junio último, había pasado desapercibida pese a su registro en la Gaceta Oficial, que no todos los ciudadanos reciben o se interesan en leer.
Un directorio compuesto por cinco ministros de Estado, a la cabeza del de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tiene ya asumido el control de ENTB y entre sus atribuciones específicas están las de “diseñar estrategias y planes para el desarrollo de las actividades de la empresa, en el marco de las políticas dictadas por el Gobierno nacional”. Un ejecutivo del canal ha asegurado que la producción y el funcionamiento periodístico se mantienen “independientes” y que los nuevos directivos se limitarán únicamente a los temas administrativos.
Una reconocida analista política ha calificado el decreto en cuestión como una “muy mala noticia” para el país, porque confirma el plan de desinstitucionalización puesto en marcha en la gestión de Morales y que en el caso de ENTB deja de ser estatal para convertirse en ‘patrimonio’ gubernamental. La reacción de los gremios de la prensa no se dejó esperar y uno de sus ejecutivos sostuvo que el control de Canal 7 por el Gobierno rompe los principios de la libertad de prensa y expresión. Una libertad que en Bolivia, dicho sea de paso, parece cada vez más frágil y vulnerable desde que el propio Jefe de Estado identificó a los medios de comunicación como sus principales ‘enemigos’ y a los que públicamente fustiga con frecuencia.
En realidad, la conducción del canal ‘estatal’ siempre ha estado en tela de juicio. No es el Gobierno de turno el primero ni tampoco podría ser el último en utilizar a discreción ese medio de comunicación. Pero no cabe duda alguna de que ninguno como el actual lo viene haciendo abiertamente y con gran eficacia en función de sus propios intereses. Gracias a la inagotable chequera venezolana, Canal 7 ha sido modernizado y potenciado de tal manera que, por ejemplo, nada tendría que envidiarle en alcance y recursos tecnológicos a las principales redes televisivas que operan en el país.
Ahora, con la disposición que ubica a cinco ministros en su directorio, se vuelve hasta torpe y burdo el control que se pretende ejercer desde ENTB. ¿Con qué propósito? Es de esperar que no sea el de aumentar la artillería propagandística a favor del Gobierno, a escasos días del referéndum revocatorio, distorsionando así los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen todos los bolivianos.
A la hora nona, qué se va a considerar que son los ciudadanos quienes con sus impuestos contribuyen al sostenimiento del manoseado medio de comunicación estatal y cuya “defunción” se ha dado por decreto para convertirse de una vez por todas en gubernamental.

El incesante bombardeo oficialista
Marcelo Rivero
El gobierno boliviano debe estar alcanzando un récord mundial en propaganda encubierta, descarada y desleal, en su propósito de que el primer mandatario sea ratificado -y consecuentemente toda su cohorte que está destruyendo el país-, y para tener la opción de nombrar a dedo a nuevos prefectos dóciles al cada vez más asfixiante centralismo, o sea a los siete opositores (de los nueve que hay en la nación), aunque la de Chuquisaca de momento no puede ser removida porque recién fue elegida por el pueblo. ¡Pero de aquí a un año le llegará la hora!
Folletería, comunicados, inauguración de obras, informes con los que se pretende demostrar que todo marcha sobre rieles, reuniones presidenciales trasladando millares de tipos entre militares y 'movimientos sociales', desfiles y manifestaciones de adeptos, prosecución de la repartija de cheques, visitas permanentes a los departamentos, falsedades lanzadas a diestra y siniestra, declaraciones unas veces amenazadoras y otras con caras de buenos amigos, actos terroristas... Todo sirve en el incesante bombardeo para lograr el objetivo de eternizarse en el poder, acentuar el centralismo y destruir la democracia.  ¡No importa el precio multimillonario en tanta maniobra, para eso están los gastos reservados y los petrodólares venezolanos!
Se mueve entonces el monstruoso aparato y deben sobrar los dedos de una mano para contar a los que quieren gobernar con honradez e idoneidad, porque los demás están aceitando la maquinaria del fraude y de lo que ya es una dictadura secante y centralista. A éstos habría que preguntarles: ¿Y la corrupción y el tráfico de influencias? ¿Y los gastos reservados que antes de hacerse del mando se prometiera eliminar? ¿Y las maniobras para extenderle el certificado de defunción al Tribunal Constitucional? ¿Y la tácita intervención en la Corte Nacional Electoral? ¿Y el desconocimiento de las autonomías departamentales surgidas de una legítima consulta popular? ¿Y el otorgamiento de carnés de identidad en horas de la noche y de la madrugada con participación de los intrusos venezolanos enviados por el gorila para hacer trampas y mangonear hasta a los militares bolivianos? ¿Y la Constitución Política del Estado 'fabricada' en un cuartel? ¿Y la escasez de diésel, gas, harina y otros productos imprescindibles? ¿Y el alza incontrolable del costo de vida? ¿Y la gente que continúa sin empleo y que en lugar de mejorar un ápice su situación económica, empeoró?
Hay más preguntas pero es preciso terminar con una: ¿Y la desvergonzada medida de hacer un referéndum en el cual los gobernantes no tendrán necesidad de la mitad más uno de los votos para seguir dominando, no gobernando porque de esto saben muy poco?
Además de récord en materia de propaganda encubierta y desleal, este gobierno se lleva el título de campeón del descaro.