Pablo Ortiz. Sucre

La violencia se pudo evitar en Sucre

La Federación de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca descartó ayer el cerco a Sucre pero exigió castigar a los responsables de los vejámenes sufridos por sus afiliados el sábado pasado, luego de que un grupo de jóvenes los obligó a arrodillarse en plena plaza 25 de Mayo, luego de golpearlos.
El anuncio lo hizo el ejecutivo de la Futpoch, Esteban Urquizu, tras reunirse con el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti. Tampoco tomarán los predios de la U en provincias, aunque mantienen el pedido de renuncia del rector y presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón. La autoridad no responderá a esta demanda hasta conocerla oficialmente.
La conferencia fue aprovechada por el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, para relatar todo lo sufrido la tarde del sábado. “Yo vine con todo cariño a recoger las ambulancias que el Presidente gestionó, pero cuando nos enteramos de que no iba a llegar mi grupo estaba retornando a nuestros lugares de origen, en ese momento un grupo vino a golpearnos convocados por la alcaldesa, John Cava, el rector y Epifania Terrazas (masista disidente). Nos decían: ‘A este indio hay que matarlo’, contó y añadió que le robaron Bs 1.000 que estaban destinados a la gasolina de la ambulancia.
Cuando a Llorenti se le preguntó sobre las denuncias de que algunos campesinos fueron chantajeados para venir a Sucre y que a dirigentes se les quitó cuadernos en los que figuraban listas de campesinos con dinamita, reparto de dinero y calendarios para la socialización de la Constitución aprobada en Oruro, el viceministro dijo que eran pretextos para hacer olvidar los vejámenes a los que habían sido sometidos los indígenas. Exigió, además, que el Ministerio Público realice una investigación independiente que lleve a identificar y sancionar a los culpables. Desde La Paz, la Federación de Colonizadores de Bolivia acusó al presidente del Senado, Óscar Ortiz, de ser el autor intelectual de la agresión y dio plazo de 48 horas para que renuncie.
Por su lado, la Confederación de Ayllus y Marcas del Collasuyo exigió la renuncia de la dirigencia chuquisaqueña y el pedido de perdón a los campesinos, y amenazó con marchar sobre la capital si no se escuchan sus demandas. No se pudo conocer la versión del parlamentario.
A este tema también se refirió el presidente, Evo Morales, que aseguró que familias sucrenses le habían faltado el respeto a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que se iniciará una querella criminal contra el Comité Interinstitucional y los autores de las agresiones. La demanda será interpuesta por el Ministerio de Justicia.
Además, Rada acusó al Poder Judicial y a la Fiscalía General de alentar la impunidad. Calificó de incompetente al fiscal interino, Mario Uribe, y lo acusó de proteger a los grupos de choque de Sucre.
“El fiscal es un incompetente, todas las denuncias las guardó en el gavetero y la actitud complaciente de los jueces que determinaron la libertad pura y simple de la gente detenida por la Policía. Hay un ambiente de protección judicial en Sucre, por presiones regionales, porque los operadores de justicia son parte de este regionalismo”, consideró Rada.
Se trató de obtener la versión de Uribe, pero informaron que la autoridad no responde a declaraciones políticas. Actualmente Chuquisaca no tiene Prefecto, ya que el Gobierno aceptó el fallo de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, que declara ilegal la gestión de Ariel Iriarte. Llorenti ratificó ayer que el Ejecutivo nombrará a un prefecto de consenso, pero para ello deberán ponerse de acuerdo entre el Comité Interinstitucional y la Futpoch.
Los campesinos se inclinan por mantener a Iriarte, mientras que el Comité quiere elevar una terna entre los tres funcionarios prefecturales más antiguos. La Iglesia sigue intentando mediar para lograr un acuerdo.

El Gobierno pide a la OEA y a la ONU que investiguen
El Gobierno denunciará los hechos del sábado pasado ante la ONU y pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que venga a Sucre a investigar los acontecimientos, anunció el viceministro Sacha Llorenti.
Consultado sobre la investigación de las tres muertes y los más de 300 heridos que dejó el enfrentamiento de noviembre pasado, Llorenti aseguró que esos hechos también deben ser investigados por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y añadió que el Gobierno sospecha que las muertes fueron perpetradas por grupos que trataban de endosarle los homicidios al Gobierno.
 Aseguró que el Presidente ordenó que no se utilicen armas de fuego, pero cuando se le dijo que se vio a policías de civil y a la unidad antiterrorista armados, Llorenti aseguró que esos efectivos no utilizaron sus armas.

   Reacciones   

Cmte. Deptal. de Policía
Se buscó persuadir
El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, José Luis Ramallo, opinó que el trauma que vivió esa entidad en noviembre pasado está invertido, porque antes de reprimir al ciudadano se busca persuadir para evitar confrontación. “Informamos que estábamos allí para dar seguridad al lugar, no para enfrentarnos con nadie”, dijo la autoridad de la institución verde olivo.

Cmte. Del RI2
Se resguardó la vida
De acuerdo al comandante del R12, Mario Tonaka, cuando había tres heridos en la refriega del pasado sábado recibieron las órdenes del repliegue a fin de poner a buen recaudo la vida de los premilitares y soldados. Además también recibieron la instructiva de no participar del desfile de teas del pasado viernes, ni en el desfile cívico del sábado. “Al final, lo que cuenta es preservar la vida de nuestros soldados que están bajo bandera”, dijo.

Fuerzas Armadas
Demandarán a opositores
Las Fuerzas Armadas de Bolivia demandarán ante la Fiscalía a los grupos opositores que el sábado "ultrajaron" y "humillaron" a varios soldados en Sucre, informó ayer el comandante de la institución, general Luis Trigo. Dijo que en el Ejército se sienten "molestos" y "humillados" porque una turba atacó con palos, piedras y dinamita a los soldados que resguardaban un estadio donde el presidente, Evo Morales, iba a realizar un acto, que fue suspendido. /EFE