Con el actual Gobierno estamos a punto de retroceder a tiempos ya superados cuando con la ideología, inflamada de fanatismo, totalmente de espaldas a la terca realidad, se pretendía definir el modelo de desarrollo económico inherente a un determinado tipo de Estado. Recordemos el colosal fiasco que sufrió Cuba cuando seguidores de Fidel Castro, con el Che Guevara a la cabeza, intentaron pasar de la noche a la mañana de país agropecuario (esencialmente productor de azúcar) a nación de alto y variado desarrollo industrial, en el marco de una economía totalmente estatizada.  A este esquema siguieron otros de extrema rigidez dogmática, que sólo condujeron a la penosa situación en que ahora se encuentra la nación del Caribe y de la cual Raúl Castro intenta ahora sacarla a través de medidas cuya efectividad ponen en duda muchos analistas.
El Gobierno de Evo Morales se halla atiborrado de dogmáticos que igualmente sólo se atienen a sus difusas creencias y no a los tercos hechos de realidades nacionales y regionales que no se pueden pasar por alto. Sobre todo en lo que respecta a Santa Cruz acreditan tan lamentable extravío.
Examinemos, para empezar, el caso de la agropecuaria, nido de “oligarcas”, según el Gobierno, dedicados poco menos que a chuparle la sangre al país.
La particular textura de la tierra obliga en el oriente de Bolivia a la rotación de cultivos a fin de preservar la fertilidad del suelo, expuesto drásticamente a la erosión pluvial y eólica.
 Si no se hace esto, la tierra se degrada y la producción baja a niveles extremos, tanto en calidad como en volumen. La pecuaria a escala de mercado requiere de extensas áreas de pastoreo para el periplo alimenticio del hato ganadero. El mercado, tanto nacional como internacional, exige producir cada vez en mayor cantidad, para lo cual urge contar con maquinaria y tecnología adecuadas. Ambas cosas demandan capital de operaciones y acceso pleno al sistema financiero. Todas estas exigencias entrañan retos que sólo pueden ser asumidos por la empresa agropecuaria moderna, como lo hace desde hace ya bastante tiempo Santa Cruz, una región que satisface la demanda interna y parte de la externa de azúcar, aceite, soya y otros productos. 
En su  retórica e inclusive en cuestionadas medidas gubernamentales, como la prohibición de exportaciones de aceite y otros productos, el Gobierno delata su propósito de acabar con el modelo cruceño de desarrollo agropecuario para después cambiarlo por otro. ¿Cuál? La circunstancia de que etiquete de “gran latifundio” lo que en Santa Cruz es sólo empresa agropecuaria moderna, que en nada se parece a esos grandes solares altiplánicos de terratenientes que explotaban a los “pongos” (siervos aimaras), permite referir la respuesta a la pregunta a un plan de liquidación del actual modelo de desarrollo agropecuario cruceño por uno de tipo comunitario sujeto a férreo dirigismo estatal que acabe con todo el avance cruceño en el rubro.
Obviamente que no podrá alcanzar semejante objetivo. Día que pasa pierde aceptación ciudadana y gravita cada vez menos en la toma de decisiones. Y tiene al frente hechos propios y claros de una realidad que, como la señalada precedentemente, doblegará su irracionalidad.

Cocaína en todo el país
Marcelo Rivero
Realmente es impresionante, monstruosa y alarmante la fabricación y tráfico de drogas, particularmente de cocaína, en Bolivia. Casi a diario son los informes de procedimientos policiales en los que se incauta el estupefaciente, se hacen hallazgos de fábricas y caen presos individuos dedicados a la ilegal actividad, unos como "industriales', otros como narcotraficantes propiamente dichos (siendo en ambos casos los menos porque los 'peces gordos' saben ponerse a buen recaudo) y la mayoría en calidad de cómplices, ya sea pisando coca o en tareas diversas en las factorías u oficiando de 'mulas', vale decir transportando la 'merca'.
Tan extendidos están los tentáculos del narcotráfico que las factorías y los narcos pueden ser pillados en cualquier punto de la geografía nacional. Se acabaron los tiempos en que la cosa era en una buena parte del norte del país, en la capital cruceña y en Chapare. No señor, ahora los vinculados con la 'blanca' están en el otrora impenetrable Chaco, en remotas zonas rurales de Potosí y Oruro, en La Paz y en el punto fronterizo que fuere, lugares donde emplean los más inimaginables e ingeniosos recursos para camuflar sus actividades. Algunos caen en poder del organismo antidrogas, por eso las incautaciones de 50 kilos de cocaína, de 100, de 190, de 165 de 400 (sólo en los primeros días de mayo), y por eso los decomisos del alucinógeno en cuatro meses llegan casi a ocho toneladas. Súmese lo que consigue eludir los controles policiales, súmese el tráfico de marihuana, que ya es por cientos de toneladas para redondear el panorama de este negocio degradante, espantoso y nefasto.
¿Qué hace el Gobierno ante todo esto? Ahí está enzarzado en discusiones y pleitos con los Estados Unidos sobre cuánta cocaína se produce en Bolivia y cuánta consumen los gringos, sobre si hay o no coca excedente, si ésta ya crece o no en los llanos, en los valles y en la puna, sobre la marcha de la lucha antidrogas. La consigna es no trabajar coordinadamente, sino tener líos con los 'imperialistas' en tema tan trascendental, sin que interese que los cocaleros aumenten sus cultivos y que ofrezcan su producto al mejor postor,  que no es otro que el fabricante del estupefaciente y que suele ser a la vez el traficante.
Qué le importa al Gobierno el daño creciente que causa a la nación esta ilícita actividad, qué le importa que sumen cientos, quizá miles, las familias que están metidas en ella y que tarde o temprano sufrirán las consecuencias -disgregación, apresamiento, muerte incluso-, qué le importa que el principal consumidor boliviano sea la gente joven que por distintos motivos es la que está más expuesta a las tentaciones de caer en la drogadicción.
Nada le importa, a no ser tener otro frente de confrontación con los del imperio, como gusta decir el lenguaraz venezolano.