La corrupción es un mal tan viejo como la propia humanidad. Existió siempre y seguirá existiendo, lamentablemente, como la prostitución, el robo ordinario y tantos otros delitos que castigan a la sociedad. Sólo que en algunas partes se la combate en forma idónea, sin extinguirla por completo, pero con bajas sensibles en sus índices de recurrencia.
La corrupción se campea, particularmente, en países en los que a las desventajas de su subdesarrollo económico y social, que también es cultural, se agregan deficiencias de tipo institucional. No disponen de efectivos sistemas de fiscalización y control del manejo de los recursos económicos y patrimoniales del Estado y tampoco de un marco normativo adecuado que sirva de  filtro a la deshonestidad e incompetencia en el acceso a la función administrativa.
Acaso el último de los mecanismos citados sea el más decisorio en la lucha contra la corrupción. Desde antes del retorno a la democracia en  Bolivia, la politización de los cargos administrativos hizo de principal vientre gestor del mal. La militancia en el partido casi como único requisito para ingresar a trabajar en un  cargo público, se impuso como regla durante los primeros años del gobierno del MNR tras la Revolución del 9 de Abril de 1952. Un poco menguada, pero vigente, al fin, tan ominosa práctica siguió rigiendo en todos los gobiernos que se sucedieron a la apertura democrática que en 1982 puso fin al más corrupto ciclo de dictaduras militares que se diera en Bolivia.
Bajo fuerte presión de los organismos de la cooperación multilateral,  en la década de los 90,  Bolivia  se vio forzada a oponer a la corrupción la modernización de sus sistemas de control y fiscalización (Ley Safco) y a institucionalizar los cargos administrativos, rescatándolos del tráfago politiquero-partidista para que marcharan hacia la honestidad con rango de ‘meritocracia’. Esto equivalía a punto de arranque de un largo recorrido en el que lo técnico-administrativo de la fiscalización y control servía de base informativa a entidades jurisdiccional y específicamente encargadas de caer sobre los casos de corrupción para que los autores pasaran a disposición de la justicia.  La corrupción no acabó, pero se empezó a contar ya con la base jurídica, institucional, técnica y administrativa para combatirla en forma idónea
Si ahora la corrupción rebrota con particular fuerza en ciertos sectores clave del sistema institucional boliviano (YPFB, Aduanas, etc.), se debe a que el Gobierno, por causas exclusivamente políticas, hizo un alto en el referido camino. Abrió las puertas de casi todas las oficinas del aparato administrativo del Estado y de sus empresas públicas a gente a la cual no exige competencia y antecedentes de honestidad, sino solo lealtad y militancia partidarias. La referencia atañe a gente de sectores sociales bajos y pobres en los que rige más la necesidad que la ética. Así que considera al cargo público, sobre todo al aduanero, una gran oportunidad para satisfacer la primera.
De continuar así las cosas, el Gobierno se verá ante un mal que ya no podrá controlar y que le acelerará su actual proceso de desprestigio…

¿Cómo está la capital cruceña?
Marcelo Rivero
Considerando que quienes componen este Gobierno centralista, atropellador y desubicado están dominados por la tozudez, creo que es una miserable pérdida de tiempo comentar sus desaciertos procurando que los enmienden. En lo que a mí respecta lo ignorara del todo si no fuera que muchas de sus medidas están dirigidas contra los intereses de nuestro departamento, contra los cruceños y contra los que se avecindaron en esta tierra: collas, chaqueños, benianos, gringos, europeos, japoneses y menonitas, todos los cuales no tienen más pecado que trabajar, producir y forjarse un porvenir mejor. Es a lo que aspira cualquier ser humano, por eso resulta incomprensible, peor aún, inadmisible y asombroso, que surjan recelos infundados, envidias malsanas, intenciones mezquinas, resentimientos gratuitos...
Entonces, al menos ahora, me voy a la pregunta del título: ¿Cómo está la capital cruceña? Mal, muy mal en varios asuntos. No me referiré a los que demandan multimillonarias inversiones como el construir pasos a desnivel, ampliar calles y avenidas tumbando inmuebles (indemnizando a los propietarios), planear y poner en uso en tiempo prudencial el servicio de trenes subterráneos, entre otras cosas que son un sueño, sino a cuestiones de rutina, que no demandarán gastos imposibles de cubrir y que son de atención urgente por parte de la Alcaldía.
Por ejemplo la refacción del pavimento en infinidad de arterias desde hace años es un fracaso total a raíz de que los trabajos son mal hechos. Por mucho que llueva, es de no creer que en un mismo sitio hagan tres reparaciones en un mes porque los baches surgen más grandes y profundos. En ellos caen vehículos -porque con frecuencia están ‘escondidos’ bajo el agua-, que sufren desperfectos, peor todavía, se lesionan sus conductores y ocupantes. ¡Obras a conciencia y sobre todo en tiempo seco para hacerlas mejor y más duraderas, señores del ayuntamiento!
Paso por alto la basura maloliente, el tráfico insufrible, el pésimo servicio semafórico, las escuelas a medio hacer, para detenerme en el colmo de la incapacidad: las aceras. Parece mentira que la comuna no haga respetar las ordenanzas que mandan construir y arreglar las aceras, en especial a partir del primer anillo. Con desniveles, fuera de línea, copadas por vendedores, sirviendo de parqueo de motorizados, ¡convertidas en basureros o inexistentes!, pienso que las veredas son el peor baldón, una injuria a Santa Cruz de la Sierra. Y conste que la Alcaldía sólo gastará cuatro reales poniendo un aviso y mandando inspectores, y a lo mejor gana plata aplicando las multas. Pero claro, mientras millares de vecinos desobedecen, incluso ganan socollones de plata alquilando sus lotes sin corredores, las autoridades municipales están ciegas, navegando en la ineptitud, en pleitos menudos y por ahí, buscando una tajada.