En estos cada vez más borrascosos tiempos, el destino nacional parece seguir una forja violenta e impredecible que anticipa un desenlace indeseable en el corto plazo y en el peor de los escenarios: el de la confrontación, a la que irresponsablemente y sin medir consecuencias, el gobierno masista está llevando a los bolivianos. A estas alturas, cuando las cartas parecen echadas y el diálogo un instrumento virtualmente inutilizado, es aquélla más que una premonición.
Los últimos actos encabezados y avalados por el propio presidente Evo Morales, han acercado al país al borde del abismo como nunca antes había ocurrido desde el costoso retorno a la vida democrática. En este sentido ha sido estelar y determinante, sin lugar a dudas, el papel desempeñado por el vicepresidente García Linera para la aprobación al galope de algunas leyes y de la cuestionada CPE oficialista. Ello, haciendo estropicio de los principios que sustentan la democracia, aunque quienes ahora los atropellan y los desconocen, con el mayor desparpajo se llenan la boca cada vez que pueden.
Claro que no es menos cierto que ni Morales ni Linera hubieran coronado sus afanes sin el concurso de los inefables ‘movimientos sociales’, que desde distintos niveles y estratos gubernamentales se han vuelto imprescindibles para conseguir por la fuerza de las presiones lo que en uso de la razón no les alcanza. Dichos ‘movimientos’ tienen adquiridas unas características bien definidas como las de su capacidad de movilización y de amedrentamiento, tal como la que les llevó a cercar una vez más el edificio del Congreso Nacional, impedir el acceso de los congresistas de la oposición, insultarlos y agredirlos sin siquiera respetar su condición de género, como sucedió con la diputada Ninoska Lazarte, cuya vida corrió serio peligro frente a la turba amenazante. La irracionalidad se encorchetó con la cobardía en tan deplorable episodio, que en texto e imágenes habrá dado la vuelta al mundo.
Con cercos y agresiones a las instituciones democráticas, a quienes piensan distinto, con amenazas de marchas sobre las regiones del país que no comulgan con el credo ni la visión gubernamental, por las tareas que tienen encomendadas y que cumplen a pies juntillas, desde la llegada de Evo Morales al poder ya se ha engrosado bastante la foja de los ‘movimientos sociales’. Se han transformado, además, en unos tristemente célebres protagonistas de un azaroso capítulo en el que la democracia boliviana aparece cada vez más estropeada y debilitada. Vaya a saberse hasta cuándo.
Como para que, entre otras cosas, quienes más allá de nuestras fronteras presumen o creen que bajo el ‘gobierno del cambio’, sus métodos y sus prácticas, los bolivianos estamos viviendo en el país de las maravillas, repasen con algo más de detenimiento y profundidad la lectura de los últimos acontecimientos.

Señores del Mercosur y de la OEA, ¿Y ahora? 
Dominicus
Las violaciones a la Carta Democrática Interamericana (CDI) suman y siguen en Bolivia, sin que al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ni a los cancilleres y mandatarios del Mercosur se les mueva un pelo, más allá de un reciente e insulso comunicado del primero.
La doble moral de las organizaciones internacionales y de otros gobiernos democráticos llega al asombro: censuran cuando les conviene y se callan cuando no. Un ejemplo de esa doble moral: Cristina de Kirchner criticó recientemente con vehemencia al presidente de Guinea Ecuatorial por su accionar antidemocrático, pero no le dice nada al Gobierno boliviano por su dudoso proceder en ese campo ni por la creciente expansión de la dañina producción de coca para el narcotráfico. Además, ¿dónde están ahora los embajadores de Brasil y de la Unión Europea? Todos brillan por su ausencia o participan silenciosamente de la doble moral…
La actual administración ha violado el jueves pasado artículos esenciales de  la Carta Democrática. Asimismo, digitó una brutal violencia contra congresales opositores mediante grupos de choque fascistas disfrazados de ‘movimientos sociales’.
 En función del artículo octavo de la CDI -que garantiza peticiones individuales- debemos acudir a la Secretaría General de la OEA para que responda a la carta entregada en su oportunidad por el Prefecto de Santa Cruz, que solicitó que ese organismo se expida acerca de la ilegalidad del proyecto de texto constitucional. Ahora, para colmo, una sesión espuria del Congreso aprobó la ley ‘trucha’ de convocatoria a Referéndum para tal proyecto, viciado de nulidad en su propio origen.
Señor Insulza: no tenemos los petrodólares de su amigo  Hugo Chávez, a quien usted todo le perdona, inclusive el que le haya dicho ‘pendejo’, pero sí tenemos la legalidad de nuestra parte. Burócratas de la OEA, recuerden: sus cargos no son eternos, algún día rendirán cuenta de sus omisiones.
La OEA debe actuar frente a lo ocurrido y más allá de su débil comunicado. Los cancilleres del Mercosur y los europeos también tienen que pronunciarse. De aquí en adelante, la responsabilidad de lo que ocurra en Bolivia recaerá sobre aquellas organizaciones o países que dieron su espalda a la legalidad constitucional de nuestro país. ¡Basta ya de doble moral! O se respeta a la democracia o que se diga lo contrario.