No es casual que la comercialización de la coca y la venta de ropa usada, a las que hay agregar el contrabando, se convirtieran en Bolivia en una esponja de absorción de buena parte de la mano de obra desocupada. De estos tres ítems de la economía informal depende la subsistencia diaria de centenares de miles de humildes bolivianos.
Las causas determinantes de tal preferencia laboral son de tipo estructural. Seguimos siendo aún un país subdesarrollado (en la lista mundial de esta categoría figuramos al lado de Haití y de atrasadas naciones africanas) que sólo exporta productos básicos que le reportan ingresos inferiores a los que realmente necesita para promover un desarrollo interno a escala integral con diversificación de productos de exportación, rango de valor agregado y creciente efecto generador de empleo. 
En consecuencia, en cierto porcentaje, a la gente que no puede acceder a la economía informal, sea como asalariado o productor, no le queda otra que dedicarse a la venta de coca en las ferias urbanas, el comercio de ropa usada y al contrabando, no sólo de prendas de segunda mano, sino de toda clase de mercaderías y productos.
El Gobierno quiso poner fin a la venta de ropa usada, que tanto perjudica a la producción legal de prendas y textiles, con su denominado ‘Programa de Reconversión Productiva y Comercial’. En medio de una gran pompa se firmó el respectivo decreto supremo en el Palacio de Gobierno, norma que le autorizaba a destinar 10 millones de dólares de fideicomiso para el otorgamiento de créditos que a los beneficiarios le permitieran ir a tal ‘reconversión’.
Se inscribieron enseguida al programa más de cinco mil ropavejeros” para optar créditos por montos que fluctuaban entre los 8 mil y 24 mil bolivianos, con tasas de interés del 8% anual y plazo de pago de 3 años. No tuvo que pasar mucho tiempo para que el programa, en cuanto a resultados se refiere, acusara señales premonitorias de un rotundo fracaso. A pesar de los créditos y las campañas del Gobierno, el contrabando y comercialización de la ropa usada no bajaba, sino se incrementaba. También ascendía el número de gente dedicada a este rubro para la subsistencia diaria.
Diversas son las causas que determinaron el fiasco. Es que a nadie le sirve de mucho un microcrédito para pasar de la noche a la mañana de mero ropavejero a comerciante o productor legal de cosas tejidas o fabricadas en Bolivia. Es significativa la diferencia del costo de lo que se contrabandea y de lo que se produce en el país para el mercado interno. Para el ropavejero era mucho mejor seguir como tal que ‘reconvertirse’. La venta de ropa usada le garantiza más rédito que la de cualquier producto boliviano.
Tal la razón por la que miles de bolivianos se empeñen en vivir de este negocio. El Gobierno actual, atemorizado por una masa capaz de provocar graves tremolinas en las ciudades, va ahora a la derogatoria del Art. 3 del Decreto Supremo 28761, que prohibía la venta de ropa usada a partir del primero de marzo del presente año. Quiere quedar en paz con los ropavejeros pero se abre un nuevo frente que congrega a miles de microempresarios legales de tejidos y ropa, de por sí castigados por una política monetaria que les resta competencia en sus exportaciones y un proceso inflacionario que le dispara hacia arriba sus costos.
El fracaso del “Programa de Reconversión Productiva y Comercial” demuestra una vez más que las soluciones para problemas como el que hoy comentamos de ningún modo son tales si no se atienen a lo estructural, adscribiéndose a esquemas de desarrollo integral y generación masivo de empleo. Algo que no se consigue con meros decretillos sobre microcréditos de efecto casi nulo.

Unidos, firmes, sin discrepancias
Marcelo Rivero
En vista de que el gobierno sigue desconociendo el triunfo de las autonomías departamentales obtenido hace ya casi dos años, por el cual ya tendrían que estar vigentes en los distritos donde se impuso el 'sí' de manera contundente. Como igualmente ignora la Ley de Descentralización y continúa nombrando funcionarios, tal el reciente caso de los directores de educación. Si lo mismo pasa en salud, policía, recaudaciones, etc., con el fin de estrangularnos y acentuar el centralismo para desde allí llevar a cabo sus planes totalitarios y de reflotamiento del comunismo, pues Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni deben dar, por las buenas o por las malas, el último paso en cuanto a sus regímenes autónomos, esto es el referéndum para sus estatutos. A la vez tienen que respaldar a Cochabamba y Chuquisaca ya inclinados hacia esta forma de administración del país, para que confirmen en una sola consulta popular sus aspiraciones autónomas y aprueben sus normas regionales.
De ahí en adelante, bien unidos los seis departamentos para hacerse respetar por el obsoleto centralismo, el paso siguiente es asumir medidas radicales, cuesten lo que cuesten. Por ejemplo que las empresas e instituciones dejen de aportar por diversos conceptos a la burocracia centralista, debiendo quedar los fondos en cada distrito, en cuentas bancarias -o aunque sea en cajas fuertes-, para emplearlos en lo que ahora nos están impidiendo hacer con el robo de las regalías y del impuesto a los hidrocarburos: caminos, infraestructuras educativas y de salud, seguridad ciudadana, etc. Hablando de seguridad ciudadana, crear policías departamentales -que en nuestra capital podría empezar controlando el tráfico vehicular-, que apoyen a la Policía Nacional, tomando en cuenta que ésta, también por culpa del centralismo inepto, está lejos de cumplir una labor satisfactoria, por eso la delincuencia nos tiene sin respiro y nos acosa hasta en los micros
Esas y otras medidas firmes, sin exceptuar ningún tipo de sacrificio, deben aplicarlas de común acuerdo y en el mismo instante en las cuatro regiones, y en seguida nomás en Chuquisaca y Cochabamba. Con seguridad que ante los resultados positivos, como ha sucedido con otras grandes iniciativas y reivindicaciones, en algún tiempo -quizá más pronto de lo que imaginamos-, los restantes departamentos, vale decir Oruro, La Paz y Potosí, también se inclinarán por las autonomías para enterrar de una vez por todas el centralismo.  
Un centralismo ayer aprovechado por los poderosos -doctores, engorrados y barones-, y hoy sirviendo los siniestros propósitos de unos disfrazados de demócratas para ocultar sus odios, sus revanchismos, sus regionalismos y, para mayor desdicha de la nación, sus afanes absolutistas y extremistas que no respetan, como estamos viendo, la majestad de la ley.