La controversia surgida con la Brigada Parlamentaria por el uso de la Manzana Uno (la plaza principal y su entorno inmediato), nos ha llevado a una reflexión más profunda: la necesidad de reordenar mejor los espacios de esta nuestra Santa Cruz de la Sierra que ya sobrepasa el millón y medio de habitantes y por tanto, precisa con urgencia pautas de cambio estructural, pensando siempre en lo mejor para la ciudad.
La lista de ordenamiento urbano es larga, son los especialistas del municipio los que deberían confeccionarla a plenitud. Nosotros, desde esta columna editorial, solamente lanzamos algunas ideas con espíritu constructivo.
Todas las grandes ciudades del mundo han revalorizado su centro urbano, el ‘downtown’ de los norteamericanos, para que dejen de ser antros delincuenciales o zonas abandonadas. Este resurgimiento de las zonas centrales ha redundado en netos beneficios para los habitantes que, en lugar de alejarse del centro -como lo estaban haciendo masivamente-, han retornado a él impulsados por la limpieza, la seguridad y los atractivos presentados. Creemos que lo mismo puede hacerse en la capital oriental; en tal sentido, hay que ceder posiciones en aras de un bien mayor de largo alcance, para beneficio de la ciudad y de quienes habitamos en ella.
Si partimos del actual asiento de la Brigada Parlamentaria, vemos que es perfectamente posible trasladar sus actividades a otro lado, consiguiendo al efecto un edificio apto que puedan ceder Alcaldía o Prefectura. La actual ubicación de la Brigada perjudica las posibilidades de la Manzana Uno y representa potenciales amenazas de marchas, concentraciones, protestas, etc., todas ellas destructivas del ornato público y causales de intranquilidad para quienes quieren disfrutar serenamente de la Plaza. Como señaló uno de nuestros colaboradores, un gesto de desprendimiento de los parlamentarios a favor de la ciudad, será bien visto por todos. Asimismo, no debería descuidarse la posibilidad de crear el día de mañana una suerte de ‘centro cívico’ que albergue a las principales instituciones sociales y públicas, tal como acontece en otras urbes más organizadas. Santa Cruz de la Sierra está llamada a seguir creciendo; se impone desde ahora una planificación estratégica para su futuro, por ser la urbe principal de la república y crisol de la bolivianidad.
Hay  varios otros lugares que ameritan inmediatos traslados a zonas más alejadas. Así, al pasar, cabe mencionar el estadio ‘Tahuichi’ Aguilera y el mercado Abasto. Ambos obstaculizan y frenan actualmente el crecimiento urbano, o han entrado en conflicto con las áreas aledañas. Deben ser trasladados a las afueras, para la comodidad de todos.
Felizmente, en esta bendita tierra lo que nos sobra es espacio. Por tanto, hay que usarlo y usarlo bien, en lugar de apiñarse como cangrejos en torno a unas cuantas zonas y terminar creando un efecto perverso, es decir, un resultado totalmente contrario al esperado.
Que salga de la Plaza 24 de Septiembre la Brigada Parlamentaria y que pronto se organice el traslado de otras áreas potencialmente conflictivas hacia las afueras de la ciudad. Es por el bien de todos, por  ser lo mejor para todos.

A todo trapo la venta de trapos
Marcelo Rivero

El pasado lunes se conoció la protesta de miles de industriales, pequeños en su gran mayoría, frente a la sucia jugada del gobierno al permitir que siga el negocio de la venta de ropa usada que entra del exterior, después de que lo prohibiera mediante decreto hace un año aproximadamente. Hablaron las autoridades gubernamentales en aquel entonces de un Programa de Reconversión Productiva y Comercialización, para que los ropavejeros se dediquen a otra actividad y dejen de estar jorobando la paciencia a los comerciantes e industriales bolivianos legalmente establecidos, haciéndoles desleal competencia al extremo de mandarlos a la quiebra.
Incomprensible la actitud del gobierno pero no habría que extrañarse, es tan inconsecuente como los comerciantes informales, aunque los perjuicios sean muchos y enormes. En efecto, la ropa usada no es garantía en materia de salud, puede lucir flamante pero nadie asegura que no la vistió gente con enfermedades contagiosas. Si se calcula que la economía boliviana entre los años 2000 y 2005 perdió 500 millones de dólares por el ilegal negocio, es de imaginar que el daño puede ser 2.000 ó 3.000 millones de la moneda estadounidense o más, ya que esta actividad se remonta a los años 90 y creo que 80 del siglo pasado. Fábricas nacionales cerraron sus puertas y 56.000 trabajadores quedaron en la calle por culpa de la ropa usada en el último lustro ¿Dónde fue a parar ese personal? Quizá esté engrosando las filas de ‘esclavos’ en las factorías de Buenos Aires, o en las de San Pablo, o lavando pisos o recolectando frutas en España o en algún remoto país. ¿Pretende el gobierno que esos dos o tres mil millones de dólares de pérdidas se transformen en cuatro o seis millones de la misma divisa?
No se crea, por otro lado, que el precio barato de esa ropa beneficia exclusivamente al pobre, al contrario, se ha constatado que 70 de 100 compradores son de clase media, es más, cuatro de cada 100 son adinerados, de manera que los trapos usados se los ponen solamente unos 26 yescas de cada centenar. Si a todo ello agregamos que el país pierde considerables sumas de dinero por el contrabando de estas prendas, porque al cerrarse las industrias también caen los tributos (los ropavejeros no aportan un cinco), pues inevitablemente llegamos a la conclusión de que el gobierno está cometiendo otro grave error dándole más luz verde a este comercio ilegal, en buena medida porque no ha sido capaz de aplicar su mentando plan de ‘reconversión productiva’
Todo parece indicar que continuará a todo trapo la venta de ropa usada, porque el gobierno, además, ni siquiera se ha puesto a pensar que sus odiados gringos están vistiendo con sus trapos viejos a los bolivianos, ya que es sabido que toda esa ropa, o casi toda, viene de los Estados Unidos.