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Correcciones necesarias
Realmente, fue buena la iniciativa de incorporar a gente entendida en Derecho Constitucional al diálogo entre el Gobierno y los prefectos departamentales. No son muchas las posibilidades, pero posibilidades, al fin, de que estos expertos ayuden a que el oficialismo perciba los múltiples gazapos conceptuales, incongruencias, contradicciones y hasta fallas gramaticales de redacción en que incurrieron quienes en la Glorieta, primero, y en Oruro, después, aprobaron el texto de la nueva Carta Magna.
Tales deficiencias se manifiestan en muchos de los títulos y capítulos de la Ley Fundamental que el Gobierno someterá próximamente a un referendo. Generan nebulosidades conceptuales poco propicias para un desarrollo reglamentario no solo idóneo, sino a prueba de futuros y graves conflictos políticos del texto constitucional.
Respecto a tales deslices, queremos hoy referirnos a los contenidos en el Capítulo Cuarto sobre ‘Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena-Originario Campesinos’ del Título II, el cual desarrolla principios en torno a ‘Derechos Fundamentalísimos (sic), Derechos Fundamentales y Garantías’.
En primer lugar una Carta Magna, por razones elementales de seriedad, no puede incurrir en duplas conceptuales de tipo cromático tan festivas y hasta cómicas como esa de ‘derechos fundamentales’ y ‘derechos fundamentalísimos’. Esto equivale a algo así como afirmar que hay ‘derechos rojos’ y ‘rojísimos’ al mismo tiempo. Los derechos fundamentales de las personas humanas, en todos los países del mundo, se igualan en el mismo rango constitucional. Ninguno de ellos cobra preeminencia sobre los demás. Los derechos a la vida, la libertad personal, a la educación, salud, trabajo, seguridad social, reunión, asociación, libertad de opinión, etc., son parte constitutiva e inseparable del mismo paquete, cuyo destinatario es la persona humana, entendida como tal, sin que interese para nada su ubicación en la estructura social o el casi siempre denso entretejido étnico-cultural que en el mundo de hoy es todo país.
La redundancia reverbera en el Art. 30, inciso II, que consagra a favor de los pueblos indígenas el derecho a ‘vivir libremente’, cuando este principio ya consta en los capítulos precedentes relativos a los derechos fundamentales de las personas.
Pero también encontramos en esta parte de la CPE masista dislates que introducen elementos de tinte segregacionista en lo que hace a la ciudadanía boliviana. El parágrafo 3 del inciso II del Art. 30 autoriza a que la identidad cultural de cada uno de los miembros de los Pueblos Indígenas “se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su célula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal”. Pero, ¿querrán nuestros compatriotas nativos que en sus documentos personales se les catalogue de ‘aimara-boliviano’, ‘quechua-boliviano’, ‘movima-boliviano’, ‘mataco-boliviano’, ‘guarayo-boliviano’, ‘mosetene-boliviano’, etc.? Muchos emigrantes no querrán arribar a España, Argentina y otros países con semejante marbete étnico-cultural, porque éste no haría otra que exacerbar contra ellos la discriminación y la xenofobia, que son las que casi siempre esperan a nuestros nativos que buscan mejor suerte en un segundo país.
Todos somos simple y llanamente bolivianos, sin que importe para nada nuestra ubicación social o pertenencia étnica-cultural. En definitiva, el texto constitucional exige severas correcciones que no pueden ser omitidas en todo acuerdo nacional al que marque el epílogo del actual dialogo que se realiza en la sede gubernamental.
Visas: España bien y EEUU con tarjeta amarilla
Dominicus
He aquí mi tercer nota dirigida al centralismo diplomático, aunque esta vez y tal como reza el título, con un punto a favor: el Reino de España ha instruido que se establezca un consulado de servicios completos en la ciudad más grande e importante de Bolivia, que es Santa Cruz de la Sierra. Era hora. Bien por los españoles, en particular por su embajador, que esta vez ha hecho las cosas como corresponde. Ahora solamente falta que otorguen visas al estilo de las de Estados Unidos, con validez extendida en el tiempo. Espero eso ocurra pronto.
¡Ah! Pero hablando de nuestros amigos norteamericanos, a ellos les endilgo una tarjeta amarilla y con fuerte apercibimiento. Y lo hago por que persiste el antipático centralismo diplomático de EE.UU Efectivamente, el que quiera visa para viajar a ese país debe obligadamente hacer el viaje al altiplano, con los consiguientes sacrificios financieros y físicos (la altura es complicada y dañina) que ello implica.
Si no fuera por que se trata de la primer potencia mundial, uno pensaría que la representación diplomática de Estados Unidos en La Paz es un apéndice del centralismo andino aymara que pretende imponer el MAS a como dé lugar en toda la república
Resulta incomprensible y muy costoso que los cruceños –ya prácticamente autónomos- tengamos que peregrinar como siervos de la gleba para obtener el visado estadounidense. Si se trata de un padre con su hijo y van en avión, entre pasajes a La Paz y una noche de hotel, el gasto mínimo asciende a 500 dólares, agregando a ellos los 200 que deben abonar en la embajada por la concesión de cada visa. Para muchos, eso es mucho, valga la repetición.
Pero más allá del tema plata, persiste la sensación de que Estados Unidos no reconoce la importancia del departamento de Santa Cruz y que se pliega, le hace el juego, a las políticas centralistas que tanto daño hacen y tanto daño le han hecho a Bolivia. Espero equivocarme y ojalá pronto EE.UU abra acá un consulado “full”. Mientras no lo haga, la representación de Washington D.C. se queda con mi tarjeta amarilla y tendiendo a roja… Por otro lado, pido al Sr. Prefecto y a la alta dirigencia local, que insistan ante la embajada norteamericana para que cambie de actitud y que cree las condiciones locales de infraestructura administrativa que permitan sacar visas en la capital oriental sin el forzado viaje altiplánico. |
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