Si, como lo anuncia el Gobierno, se otorga el derecho al voto a los bolivianos que viven en el exterior, la democracia boliviana experimentará un notable avance. Se afirmaría la correspondencia que debe darse entre el pueblo que es la fuente de la soberanía y el poder político que ejerce aquella por delegación en la dirección política y programática que le señale en las urnas la mayoría electoral.
Se afirmaría, repetimos, porque hoy, la diáspora boliviana, que no es de ahora sino de varias décadas atrás, consecuencia del desempleo que provoca el subdesarrollo, se expresa en esa otra Bolivia que conforman bolivianos dispersos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, así como en Europa, continente en el cual España se ha convertido en el destino predilecto de compatriotas que se van en pos del empleo e ingresos que no pueden conseguir en su propia patria. La población boliviana asentada en todos estos países, en total, asciende a varios millones que, hasta ahora, por la sola circunstancia de no vivir más en el país, se hallaban marginados del derecho que les asiste a concurrir como electores, e inclusive como elegidos, en la formación de los poderes públicos.
 Consecuentemente, incorporar a la masa electoral a nuestros compatriotas radicados en el exterior, como el Gobierno anuncia que lo hará, para que elijan y sean elegidos, es algo que se debe aplaudir, siempre y cuando naturalmente, las cosas se hagan en forma correcta, sin afrentar a la ley ni a la racionalidad. Sobre el particular, el referido anuncio gubernamental más inquieta que tranquiliza. Eso de que los embajadores y cónsules de Bolivia actúen como jueces y notarios electorales, respectivamente, en todas las ciudades del exterior donde voten los bolivianos, genera toda suerte de incertidumbre respecto a imparcialidad y transparencia del proceso electoral fuera de nuestras fronteras
 En todos los países donde rige el derecho al voto para los súbditos radicados en el exterior, no se margina al órgano central electoral de lo jurisdiccional en la materia. Los embajadores y cónsules no son ni jueces ni notarios electorales. Cumplen mera función de apoyo a la respectiva Corte Nacional Electoral, en el marco de una coordinación a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que para este fin cuenta con una dirección de asuntos electorales, como nexo entre el organismo electoral y las diferentes embajadas y consulados. A esta oficina llegan todos los datos relativos a identidad y número de ciudadanos consignados en los libros de registro electoral confiados a los cónsules, que no se convierten en ‘notarios’ por el solo hecho de apoyar de tal modo al proceso electoral dirigido y controlado por la Corte Nacional. Todo lo relativo al Padrón Electoral de bolivianos en el exterior, en cuanto a depuración se refiere, es labor privativa de la Corte Nacional Electoral.
Igualmente, es de exclusiva competencia de este organismo, resolver todas las observaciones y diferendos que puedan darse tras los comicios en ciudades del exterior.
Existe la posibilidad, sin embargo, de que el anuncio gubernamental fuera erróneamente formulado respecto a la naturaleza real de la tarea de embajadas y consulados frente al voto de los bolivianos en el exterior. Esperemos que así sea y que en el curso de las próximas horas se nos aclare la película porque a nadie le es dable ser “juez y parte en causa propia”, como lo serían embajadores y cónsules del MAS en las votaciones de los bolivianos fuera de nuestras fronteras.