Aunque algunos digan lo contrario, lo cierto es que en el país, el pueblo, en forma mayoritaria, quiere mantener la unidad de la patria y no fragmentarla. Más allá de diferencias de orden regional o étnico-cultural, todos queremos una Bolivia consolidada que, sobre bases democráticas, marche hacia un destino común.
Cualquier encuesta nacional sobre el tema acreditaría el criterio citado. Cruceños, paceños, cochabambinos, orureños, potosinos, chuquisaqueños, tarijeños, pandinos y benianos se consideran súbditos de un Estado común cuya integridad se debe preservar.
Les une una conciencia de unidad nacional que fortaleciera la Guerra de la Independencia y sellara después la fundación de la República en 1825, conciencia que de ninguna manera fue menoscabada por guerras civiles y otros episodios críticos del acontecer republicano.
Aludimos a un sentimiento que se impone sobre la diversidad geográfico-regional o étnico-cultural. En vez de obstáculo, la primera favorece más bien a la unidad. El altiplano, los valles y el trópico, en Bolivia, son regiones sujetas a complementación económica y comercial.
Esta realidad no sólo neutraliza sino que supera las diferencias resultantes del color de la piel o el idioma que se hable. La autonomía es un modelo de organización territorial, política y administrativa que no compromete esa unidad. Simple y llanamente descentraliza funciones, tanto ejecutivas como legislativas, para que las regiones tengan su propio espacio de decisión. Mejora así la democracia y el Estado sigue existiendo como tal.
Por cierto que el nuestro es todavía un Estado con ciertas piezas sueltas que ajustar. Para consolidarlo del todo debemos completar el proceso de vertebración geográfica de todas las regiones y sus provincias, mediante sistemas viales adicionales que las vinculen con las carreteras troncales y las conexiones con las rutas a los puertos del Pacífico y el Atlántico. Urge acabar también con la exclusión social que padecen los pueblos indígenas del altiplano, sobre todo. Algo que no se logra con emblemas o recetas ultranativistas sino con programas de inversión pública idóneamente dirigidos a dar a aquellos economía y educación.
Lamentablemente, el Gobierno actual, con una serie de emprendimientos equivocados, pone poco menos que en cuarentena el espíritu de unidad nacional prevaleciente en el país. Sobre todo, lo hace con una propuesta de ‘país multinacional’ que al tomar como parámetros de organización territorial, política y administrativa, lo puramente étnico-cultural, apareja el riesgo, en caso de que la Constituyente de Sucre acogiese el planteamiento, de mantener y no superar la actual y perjudicial superposición y combinación de formaciones económico-sociales en la estructura demográfica del país. Autonomías indígenas para que los pobres nativos se mantengan como tales vaya a saberse hasta cuándo, junto a municipios y gobiernos regionales, contra los cuales, sin duda alguna, aquellos se lanzarán en picada siguiendo instrucciones del Gobierno central. Enmarañamiento jurisdiccional que entorpecerá la gestión pública, convirtiéndose, de paso, en fuente de conflictos de impredecible gravedad que podrían comprometer la unidad nacional.
La Policía en suma pobreza
Marcelo Rivero
En tanto crece la inseguridad ciudadana ya sea por robar especies, por disputas a sangre y fuego, por accidentes a raíz de que no hay control ni vigilancia, en suma por la delincuencia que se campea, el organismo encargado del orden público y de garantizar la vida y hacienda de las personas, es decir la Policía, sigue en un estado de miseria que alcanza al personal, a las cosas que son imprescindibles para que éste cumpla su misión eficazmente y a los locales donde deben tener oficinas, dormitorios, servicios higiénicos, incluso algunas celdas provisionales.
Esas características tan evidentes en las capitales departamentales -no obstante que en ellas está ‘lo mejorcito’ de la Policía-, alcanzan dramatismo en ciudades, pueblos y comunidades provinciales, como se ha sabido tantas veces luego de hechos delictivos, simples unas veces, espeluznantes otras, pero siempre bochornosos. Así se desprende de un reportaje aparecido en EL DEBER hace algunos días, que en realidad no hace más que confirmar la precariedad en que se debate la institución del orden.
Se conocieron números para el asombro: en San Rafael, provincia Velasco, sólo hay dos policías que viven de favor en una habitación, y para que medio funcione la oficina uno de ellos se trajo de La Paz una máquina de escribir, completando el “escritorio” unos cuantos papeles y un bolígrafo que ellos mismos compraron. San José de Chiquitos y alrededores, con 30 mil habitantes, dispone de nueve gendarmes (uno para cada 3.333 personas), que de rato en rato, cuando una vagoneta no está con desperfectos, hacen ronda por el extenso territorio, porque tampoco tienen plata para la gasolina de una moto vieja. En Puerto Suárez y en San Matías, pueblos que por ser fronterizos deberían contar con organismos policiales con todas las de la ley (entre otras cosas inmuebles, oficinas, vehículos, armas y agentes idóneos y suficientes), todo es escaso o inexistente, sin exceptuar elementos de los que no se puede prescindir como agua, electricidad y medios de comunicación y transporte. ¿Qué decir de Yapacaní, donde los conflictivos colonos hacen lo que les place al punto de imponer la justicia comunitaria? Allí hay 13 agentes (son 49 para toda la provincia Ichilo con más de 70 mil almas), viviendo hacinados, mal comidos e imponiendo el orden a medias por sus carencias y porque la autoridad no son ellos, son los ‘colonos’.
Todo eso sin contar los sueldos miserables que perciben los policías, sobre todo los de menor rango y ni hablar de los rasos que no ganan más de 800 pesos.
Bajo tan penosas características, habrá que aceptar que la seguridad ciudadana continúa siendo, como desde hace décadas, y al menos en las provincias, un cuento chino.
