Bolivia, en materia de derechos humanos, no es precisamente una taza de leche. Son múltiples las causas que determinan una serie de falencias en campo tan crucial para toda democracia que se precie de serlo.
Acaso la principal de ellas provenga de la intolerancia. La resistencia a aceptar a cuantos piensen de manera distinta a uno, se da en un elevado porcentaje de la población.
La tolerancia exige una firme vocación democrática. Y ésta no se adquiere así por así, sino con educación e información, bienes a los cuales se hallan sustraídos millones de bolivianos, particularmente aquellos congregados en la base de la pirámide social, donde no hay ni educación ni información respecto a parámetros de comportamiento democrático, uno de los cuales, acaso el más importante, constituye el respeto a los derechos de los demás
Los derechos constitucionales al libre tránsito, trabajo e industria hace tiempo que se hallan en capilla. No hay mes del año que uno o más gremios bloqueen calles y carreteras para obligar al Gobierno de turno a que se les atienda en sus demandas. Miles de viajantes quedan varados y librados a su suerte en las rutas, padeciendo hambre y los rigores de la naturaleza. Para ellos no rigen los postulados del Art. 7 de la Carta Magna, consagratorios de los derechos al libre tránsito, trabajo, comercio e industria.
Tampoco hay autoridades dispuestas a salir en defensa de las mayorías vejadas de tan censurable manera. ¿Defensores de los Derechos Humanos? Siempre se hicieron de la vista gorda respecto a atentados a los derechos y garantías ciudadanas desde el seno de la propia sociedad civil
En su trabajo, terminó imponiéndose el protagonismo político apuntando a réditos personales a plazo mediato. Más que defensores en plural fueron defensores en singular. Es decir, defensores implícitos de gremios corporativos infractores y no de las víctimas.
El propio y actual Gobierno tampoco escapa a la intolerancia y a la propensión de pisar y pasar sobre los demás. Intolerancia para todos cuantos disientan con lo que dice y hace. Fobia contra los medios de comunicación que le critiquen. Consecuencia natural de tan criticable talante son las brigadas de choque o presión social organizadas para poner en su lugar a cuantos se opongan o cuestionen al régimen.
Por todo lo dicho, constituye toda una buena noticia la instalación en Bolivia de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahora tendremos una instancia en la cual realmente confiar. Sí, confiar, porque la ONU le obliga a realizar una labor al margen de influencias ideológicas y políticas que distorsionen su misión. Estamos seguros, por tanto, que llevará un registro oportuno, idóneo e imparcial de los atentados a los derechos humanos que se cometan en Bolivia, tanto desde el Gobierno como desde sectores de la sociedad civil.
La carretera a Cotoca
Marcelo Rivero
Ir con los pies de plomo y de postergación en postergación es el destino de las obras públicas y de los planes en beneficio de los departamentos y del país. No es de ahora esta característica, es de siempre, nada más que en lugar de corregirse con el correr de los años, de las décadas y de los siglos, se agudizó, muy particularmente cuando esas obras y esos planes deben favorecer a Santa Cruz, tanto a la capital como a las provincias.
Sólo para hablar de caminos -ignoraré Mutún y un montón de cosas-, habrá que recordar cuántas postergaciones y demoras sufrieron los proyectos Santa Cruz-Yacuiba (no obstante ser tan vital para la nación porque significa conectarnos con Argentina y Paraguay), Santa Cruz-Cochabamba (por el norte y por el oeste que ahora, por malos trabajos, negociados y falta de buena fiscalización son un desastre), el ‘Corredor vial del este’, Mataral-Vallegrande (¡más de medio siglo llevan reclamando los vallunos y con unas mentiritas los calman!), Santa Cruz-Trinidad, Santa Cruz-Puerto Suárez, doble vía Warnes-Montero.
Y no son todos. Ahí está la ampliación de la carretera entre nuestra capital y Cotoca, que ya tendría que estar operando desde hace unos doce años, sin tomar en cuenta que aproximadamente otros doce años antes, cuando empezaron a construirla, debieron hacerla de cuatro carriles de ida y otros cuatro de vuelta, pensando no sólo en el crecimiento de Santa Cruz de la Sierra y del santuario, sino en la intensificación del flujo vehicular con el campo y poblaciones del norte y del este del departamento.
Pues bien, hace meses empezaron a desalojar a los vendedores asentados en la orilla de la vía en la zona de la Pampa de la Isla porque el comienzo de las obras era ‘inminente’ (enero pasado), luego se pospuso para marzo y ahora salen con el cuento de que por equis, ye y zeta razones -que tenían que haberse previsto oportunamente-, los trabajos empezarán en septiembre, y vaya a saberse la historia que nos contarán más adelante.
Entre tanto la vía sigue deteriorándose, con baches impresionantes que arruinan los motorizados y que al menor descuido de los conductores pueden originar percances fatales, llegando al extremo de que en el puente ya hay un pozo, lo cual todavía es más riesgoso. Para colmo, por el desgaste, la faja pavimentada cada vez parece más angosta y como no hay semáforos y los policías son escasos o directamente no aparecen, pues el tráfico vehicular y de peatones, sobre todo en la mencionada Pampa de la Isla, es un tormento.
¿Y el invento del gobierno, la Administradora Boliviana de Caminos? Ahí está, como otrora el Servicio Nacional de Caminos (cambian los nombres pero no la ineficacia), prometiendo pero no haciendo las reparaciones necesarias, en otra prueba de incapacidad criminal.
