Poco a poco, el actual Gobierno se aparta de la normativa jurídico-constitucional a la que debe ajustarse la vida institucional del país. Esto es algo que se advierte, particularmente, en lo relativo a nombramientos de funcionarios públicos de todo nivel.
Se designa mediante decreto, en forma ‘interina’, a magistrados cuyo nombramiento es atribución exclusiva del Poder Legislativo. Se advierte enseguida que de este modo el Gobierno quiere evitarse la negociación que sobre el particular exige la democracia dentro del pluralismo político-partidario que caracteriza al espacio de la representación popular.
Obviamente que semejante tendencia se origina en su vocación hegemonista. Quiere a todo trance, en el menor espacio de tiempo posible, hacerse del poder total, objetivo para el cual le urge el control riguroso de todo el aparato estatal. De ahí el porqué alienta el copamiento masista de los puestos, no sólo jerárquicos de la administración pública, sino también los de nivel medio e inclusive inferior. Lo malo es que de esta forma corta el proceso de institucionalización de los cargos públicos, exponiéndolos de nuevo a ese tráfago politiquero que barre con la eficiencia, alejándolos de toda posibilidad de imponer la ‘meritocracia’ en el manejo operativo de los asuntos de Estado.
Los decretos para ‘interinatos’ en la función pública equivalen a rodeo gubernamental hacia el objetivo hegemonista antes mencionado. Se busca el atajo para ganar tiempo y, a la vez, escurrirle el cuerpo al Legislativo. Ganar tiempo hasta que en la Constituyente de Sucre el MAS logre hacer lo que hasta ahora no puede: sancionar una Carta Magna que convierta al Ejecutivo en un superpoder que en todo rija sobre todos.
Se está produciendo un cuarto de conversión a la partidización de la función pública, pero con rigor igual o superior al que protagonizara el MNR después de la Revolución del 9 de abril de 1952, cuando para ejercer un cargo público no era requisito la eficiencia, sino la insignia rosada en la solapa y la diestra con la V de la victoria en alto. Ya sabemos lo que ocurrió después a raíz de semejante anomalía, la que seguiría dándose inclusive tras el retorno a la democracia. El clientelismo político-partidario derivó en corrupción y manejo deficiente de los asuntos y bienes del Estado. Tanto, que la cooperación multilateral, principalmente, hizo blanco al país de fuertes condicionamientos para que eso acabara y se iniciara el proceso de institucionalización de la función pública que hoy se ve interrumpido.
Creemos que el Gobierno está todavía a tiempo de rectificar este error tan lamentable. Si no lo hace, se expone a las consecuencias de mediocres o malas gestiones que no harán sino astillar aún más su imagen y credibilidad.
El turno de los maestros
Marcelo Rivero
Hace una semana me referí al problema de la falta de personal en los hospitales para atender a los pacientes, al extremo de que se ven obligados a no recibirlos, como pasó -y quizá siga pasando- con uno recién inaugurado: el Francés. Todo porque, como viene ocurriendo desde hace tantos años, el Gobierno central no provee los llamados ‘ítems’, que en buen castellano no son otra cosa que la contratación de médicos y enfermeras pagados por el Estado, que este año tiene previsto llenar sólo 850 vacancias en el país, cuando en Santa Cruz se precisan como mínimo 800, por lo que no es aventurado pensar que nuestras urgencias serán satisfechas en un 10 ó 15 por ciento. ¡Y a seguir rechazando enfermos!
Ahora que está por inaugurarse el año escolar topamos con el mismo problema porque faltan cientos de maestros para enseñar a millares de nuevos alumnos de escuelas y colegios fiscales, y ahí está el dato revelador: el Ministerio de Educación anunció que creará 4.200 ‘ítems’ para toda Bolivia y sólo nuestro distrito requiere unos 1.400 pero, como en el caso de la salud, el respectivo pedido se lo atenderá en forma mínima.
Mientras tanto circulan noticias lamentables, como la que señala que muchos profesores -principalmente los nuevos- están quedando sin oficio o encontrándolo como taxistas o empleadas del hogar -según el sexo-, o buscando la forma de mandarse mudar a España para trabajar de cosechadores. O yendo a comunidades provinciales para ejercer el noble apostolado a cambio de arroz, plátanos, frutas y aves de corral, entre otras cosas, sacando plata de donde no hay para pagar el transporte, comiendo y viviendo en condiciones que no les permitirán desempeñar sus tareas con cierta normalidad, además porque en el campo los centros educativos son muy precarios. ¡Si los hay, y si no están en ruinas, debiendo pasar clases debajo de los árboles! Los más ‘afortunados’ encontrarán pega en los barrios alejados de la ciudad, pero pagados por los padres de familia, y como éstos son pobres el sueldo será menor al mínimo de ley; descontando el pago del micro, quedará un saldito para medio comer.
Como se puede apreciar, esto es un auténtico drama, ante el cual el centralismo -que tanto alardea de impulsar la educación del pueblo oprimido y explotado por los oligarcas- permanece imperturbable, plantado en sus siete: uno o dos centenares de ‘ítems’ para Santa Cruz, sin que importe que los niños y jóvenes, que comparten este drama, sean en su mayoría llegados del interior del país, como en el caso de la salud.
Se ufana el Gobierno de la estabilidad económica, de que el dólar baja, de que suben las exportaciones y de otras vainas, pero no encuentra la fórmula para que profesores y alumnos no tengan que pasar las de Caín.
