En cuanto a origen se refiere, el desorden social y político que hoy padece el país, cambia ostensiblemente de nivel. En los gobiernos precedentes al actual, aquél partía de lo que los sociólogos denominan “base de la pirámide social”. Es decir, de sectores gremiales (hoy se les llama “movimientos sociales”) de agenda recargada de temas conflictivos. Les comandaba gente surgida de sus propias filas que poco a poco saltaba de la conducción de la protesta social al liderato político apuntando al poder. No a cualquiera, naturalmente, sino a ese que se ejerce desde el Palacio Quemado de La Paz, con victoria electoral en las urnas mediante.
El Chapare, con los cocaleros, convertido en foco de la tensión social, como consecuencia de las políticas gubernamentales contra el narcotráfico, con acento principal en la erradicación de cultivos ilegales de coca, políticas que restringían los ingresos a un sector que, como éste, depende más de los fabricantes de droga que del siempre saturado mercado tradicional. Sectores campesinos y urbano-populares, castigados por la extrema pobreza y la desocupación, respectivamente, sintonizando acciones con los dirigentes del partido político que desde el subtrópico cochabambino, bajo el liderazgo de Evo Morales, alcanzaría rápidamente proyección nacional, con tonante acompañamiento de huelgas y bloqueos de calles y caminos que paralizaban y aislaban a ciudades enteras.
Imposible disociar semejante situación con la quiebra del sistema político-partidario tradicional que se turnaba en el ejercicio el poder político desde 1982. Salvo algunos interregnos de crecimiento efectivo con relativa estabilidad fiscal, los viejos partidos, desde el poder, no satisficieron la expectativa del pueblo en lo que hace a los cruciales temas del empleo y los ingresos. Los coletazos de más de una crisis en el mercado internacional, en gran medida, les hizo imposible avanzar en ambos frentes.
A lo anterior se agregó esa falta de gobernabilidad que castiga a todo gobierno que llega al poder con déficit de legitimidad. Es decir, sin una mayoría absoluta que le allane la ruta legislativa hacia sus objetivos programáticos. En tal deficiencia se halla el origen del debilitamiento en extremo del principio de autoridad.
Es decir, de la capacidad que debe tener todo gobierno para precautelar el orden público y la paz social, aplicando rigurosamente la ley, con empleo inclusive de la fuerza pública, en caso de que las circunstancias así lo exigiesen, contra todos cuantos la quebranten.
Se equivocaron cuantos confiaron en que bajo un gobierno de legitimidad contundente, como el de Evo Morales, quien se impuso en las pasadas elecciones presidenciales con más del 54% de la votación global, gobernabilidad y paz social conformarían un binomio tan cierto como exitoso, para satisfacción de los millones de bolivianos que anhelan desde siempre tan ansiada simbiosis.
No hubo tal. Continúa el desorden político y social dentro de una confrontación que día que pasa alcanza preocupante y mayor fragor. La diferencia con el pasado reciente es que el fenómeno ya no se origina abajo, sino desde arriba. En vez de evitarlo, lo activan los propios hombres del gobierno. Desde el Palacio de Gobierno, el Parlamento y la Asamblea Constituyente, se programan embestidas contra los prefectos, bajo modalidades de vigilias, bloqueos de calles y carreteras. Igualmente, acciones de presión contra los constituyentes opositores de Sucre. En Cochabamba, los grupos de choque del MAS cometieron varios y graves delitos sancionados con cárcel por el Código Penal. El más grave fue el incendio del edificio de la Prefectura con graves pérdidas materiales y documentales. Antes que de esto ocurriera, el comandante de la Policía Departamental trató de controlar la situación, pero fue inmediatamente destituido, sin figura de juicio o proceso alguno, por la ministra de Gobierno. Quizás tan desconcertante episodio confirme mejor que cualquier otro lo que sostenemos en esta nota: hoy, el desorden y caos político y social no procede de abajo, como antes, sino de arriba. En esta situación están ahora los que antes se hallaban abajo. Es que sin reparo alguno apuestan a la confrontación. Creen que ganarán la pelea de cualquier modo. Están seguros de que solamente así se harán de la hegemonía política que tanto ansían.
Malos tiempos para el ejercicio periodístico
Raspapinchete
Éstos que discurren podrían ser considerados entre los peores tiempos para el ejercicio de la actividad periodística en el país desde la recuperación de la democracia, cuando la prensa boliviana jugó un papel preponderante y se constituyó en uno de sus principales pilares. En plena vigencia de ese sistema y en lo que representa una grosera contradicción, se han vuelto llamativamente frecuentes los atropellos y agresiones contra periodistas, como ocurrió últimamente en Cochabamba, al igual que en la localidad de San Julián en diciembre del año pasado donde los informadores pasaron las de Caín, acorralados, golpeados y despojados de sus implementos de trabajo por sus agresores.
Ayer, en la capital del valle, el gremio salió a protestar pacíficamente por los recientes ataques y lo hizo, como nunca antes se había visto, hostilizada por la turba que mantiene sitiada y paralizada a la ‘llajta’, exigiendo la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa.
En particular, la cobertura mediática de manifestaciones, bloqueos y otras hierbas como las que se vienen dando con frecuencia en un clima social cada vez más descompuesto, se ha vuelto extremadamente peligrosa. En ese ámbito, identificarse o ser identificado como ‘periodista’ equivale a quedar a merced de los ‘movimientos sociales’ cuyas fobias parecen alimentarse de un trillado y tendencioso discurso oficial. Poco antes de los graves disturbios ocurridos en la capital del valle y que registraron una decena de heridos entre reporteros y camarógrafos, el Presidente de la República había arremetido en una concentración pública contra los medios de comunicación que, según él, vapulean sin misericordia su gestión de gobierno y apuntan a su desestabilización. Todavía es posible recordar una numerosa concentración de sus adherentes en Santa Cruz y al primer mandatario, micrófono en mano, preguntar en tono irónico por los periodistas de determinada red televisiva e identificarlos en medio del murmullo y las pifias de la muchedumbre. Toda una temeridad. Como para que las ‘masas’ supieran quiénes eran aquéllos. De ahí a que cuando menos los ‘cocachearan’, el riesgo se hizo inminente...
Esas y otras actitudes irreflexivas y desconsideradas, explican en cierto modo la creciente hostilidad que determinados sectores sociales afines al Gobierno actual, vienen empleando en diferentes escenarios y circunstancias contra los medios de comunicación y sus representantes. Y ante lo que constituye una clara arremetida contra la libertad de prensa y de expresión, parecen caer en saco roto las reiteradas reflexiones y protestas expresadas públicamente por las organizaciones de prensa gremiales, sindicales y empresariales. Pero hasta ahora nadie, en las esferas gubernamentales, se da por aludido con el asunto ni parece de su interés plantear sus inquietudes acerca de lo que allí pudiera considerarse de ‘mala leche’ en la tarea que cotidianamente desempeñan los medios de comunicación en el país.
Una tarea que, como si estuviéramos de vuelta a las oscuras épocas de las dictaduras, se ha tornado extremadamente peligrosa.
