YPFB en una encrucijada

A juzgar por una serie de informes, la nacionalización de los hidrocarburos se halla ante todo un cuello de botella. Ni resucita ni avanza YPFB hacia el rol de empresa estatal, eje de la cadena productiva en los campos del petróleo y el gas, tal como lo disponen la Ley 3058 y el Decreto Supremo 2870l.
Múltiples y adversos factores dan lugar al citado punto de retención. En cuanto a la reconversión de los contratos para que se ajusten a los términos de la nueva normativa sobre la materia, el tiempo pasa y el consenso con las transnacionales no se produce. Al parecer, parte de Petrobras la mayor resistencia a las reglas de juego definidas por la nacionalización de los hidrocarburos. Y el plazo para un acuerdo se halla virtualmente a la vuelta de la esquina, sin perspectivas ciertas de que se produzca.
Entre tanto, las transnacionales que operan en Bolivia, con Petrobras a la cabeza, paralizaron o redujeron sus inversiones al mínimo posible. De este modo, en el futuro mediato, Bolivia se expone a no poder exportar gas a los países vecinos en los volúmenes comprometidos. Y sin inversión no hay posibilidad alguna de incorporar nuevas áreas hidrocarburíferas a las que actualmente se hallan en producción.
YPFB llegó a esta nueva nacionalización de los hidrocarburos con rango de empresa residual, es decir, totalmente descapitalizada. Para hacerse cargo de toda la cadena productiva requiere de un capital de arranque que el Gobierno quiere conseguir de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, en calidad de préstamo, por la suma de 180 millones de dólares.
En realidad, YPFB necesita mucho más que tan modesta suma para hacerse cargo de toda la responsabilidad que le transfiere la Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos. Especialistas en la materia opinan que, por lo bajo, en materia de incremento de la capacidad productiva de gas y petróleo, en los tramos iniciales, necesitaría más de cinco mil millones de dólares, suma que el TGN, naturalmente, no le puede proporcionar. Aun aquel préstamo del Banco Central por la suma de 180 millones de dólares encuentra dificultades de orden legal muy difíciles de superar, pues operaciones así entre una entidad estatal y el organismo emisor están prohibidas por ley.
Sin duda que todo lo anterior indujo a gente realista y pragmática del Gobierno a buscar una salida que como propuesta no ha sido aún suficientemente explicada. Se trata de volver a reconfigurar a YPFB, convirtiéndola en una ‘SAM’, es decir, en sociedad mixta anónima, abierta al capital privado, por muy transnacional que éste fuese, hasta un determinado porcentaje de acciones que no rebasaría el 50% del total.
De tal manera, YPFB podría ingresar al proceso de capitalización acelerada que no podrá garantizarle un Estado, carente de los recursos necesarios para ello, igual que Petrobras en Brasil, que no es una entidad totalmente estatal, sino sociedad anónima mixta.
Vale la pena que sobre el asunto se aporten mayores datos y que se lo debata en forma pública, como corresponde.

A besar las manos de los ‘dueños’ del puente
Raspapinchete

 Aún fresca se conserva en la memoria, patética y sobrecogedora, la fotografía que fue portada de este matutino el pasado miércoles 16 de agosto: una enfermera cargando en brazos a un recién nacido conectado a un tubo de oxígeno que llevaban dos voluntarios, cruzando apuradamente el puente sobre el Río Grande, a la altura de Puerto Paila. Aquella vez, la circulación de vehículos estaba interrumpida a raíz de un bloqueo y sus autores, en salvaje y abominable demostración de insensibilidad, no permitieron el paso de la ambulancia que transportaba al pequeño enfermo que requería de atención médica inmediata en un nosocomio de la ciudad capital.
Como quiera que la salud de la criatura quedó expuesta a un grave peligro, es posible calificar de criminal la acción de los irracionales y perversos bloqueadores que cerraron el tránsito por el viaducto durante diez horas. Lo mismo había ocurrido poco antes con una paciente mayor que acababa de ser intervenida quirúrgicamente. Después de varios minutos de ‘negociación’ dejaron circular al vehículo que la trasladaba desde San Javier.
No fueron los únicos afectados por la medida porque de uno y otro lado del puente se formaron largas columnas de motorizados a la espera de que se solucione el conflicto por la construcción de un núcleo educativo en la zona. Impide que avance esta obra las cuentas congeladas del municipio de Cotoca, cuyos concejales engarzados en una ‘pelotera’ que no tiene fin con el burgomaestre del santuario, han hecho base en Paila. Entonces, el perjuicio alcanzó a transportistas, productores y a todo ciudadano con necesidad de llegar a tiempo a su destino.
¡Diez horas de bloqueo de un puente por un problema vecinal! Por su causa, hubo gente en riesgo de perder la vida o fastidiada por el pisoteo de su derecho al libre tránsito, consagrado en la Carta Magna de la República. Dicho sea de paso, los bloqueadores en Santa Cruz han resultado aventajados discípulos de sus ‘maestros’ de occidente. Obstruir vías de comunicación por cualquier motivo y a modo de protesta, se ha vuelto moneda corriente por estos trechos.
¿Y las autoridades? Bien, gracias. ‘Negociando’ bajo presión ante su incapacidad manifiesta de hacer algo tan simple como aplicar la ley.
O mirando de palco el atropello que está en trance de repetirse en las siguientes horas, cuando se venza el plazo concedido para la atención de su demanda por los bloqueadores de Paila, ‘dueños’ del puente y a los que habrá que besar sus manos en señal de gratitud cuando en loable gesto de conmiseración dejen cruzar a sus desamparados prójimos...