El ministro boliviano del Agua, Abel Mamani, se reunió el jueves en París con responsables del gobierno y directivos de la empresa Suez para intentar encontrar una solución negociada que ponga fin "cuanto antes" a la presencia del grupo francés en el país.

Según Mamani y su consejero, Juan Carlos Alurralde, el deseo es llegar a un "entendimiento" y evitar recurrir a un tribunal internacional. "La cuestión ya no es si Suez se va de Bolivia o no, sino cuándo y cómo", afirmaron los responsables latinoamericanos.

Con este fin, Suez, presente en Bolivia desde 1997 vía su filial Aguas del Illimani, ha hecho llegar en estos días una propuesta al gobierno de La Paz.

"Es una oferta insuficiente que está lejos de las posibilidades del gobierno boliviano. Creemos que queda mucho camino por recorrer y pedimos a Suez que no sea tan pretencioso y flexibilice su posición, algo que confiamos en que ocurra", declaró Alurralde en un encuentro con la prensa en París.

Según un acuerdo bilateral de inversiones (BIT, según sus siglas en inglés) firmado entre Francia y Bolivia, si los dos Estados no consiguen resolver un diferendo deben acudir a un tribunal especial para este tipo de controversias, el CIADI, que se encuentra en Washington, una posibilidad que ambos desean evitar porque "las dos partes serían perdedoras en dinero y en tiempo".

"Al menos esa es la impresión que nos han dado el gobierno y los directivos de Suez", explicó Mamani, que presentó a las autoridades de la Cancillería y ministerio de Cooperación de París y a la empresa francesa una extensa auditoría sobre la gestión de Suez en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto, que pone de manifiesto numerosas irregularidades.

El ministro, que fue líder de la poderosa Federación de Juntas Vecinales de El Alto y se alzó en enero de 2005 contraayó que el gobierno boliviano quiso comunicar personalmente a Francia los resultados de esta auditoría para que la información no fuera manipulada.

"No queremos que ocurra como en la nacionalización de hidrocarburos, que fue tergiversada por la prensa en Europa. Nuestra obligación era venir personalmente y subrayar que estamos intentando dialogar y buscar un consenso", explicó.

El martes, los resultados de la auditoría, realizada por la firma Pozo y Asociados durante varios meses, serán presentados al Parlamento, y el miércoles se celebrará en La Paz una reunión de una comisión gubernamental con responsables de Suez.

"Esperamos resolver el problema lo antes posible. Queremos que esta cuestión quede zanjada de una vez por todas porque tenemos otras muchas cuestiones que resolver", reiteró Mamani, cuyo deseo es hacer del agua un recurso protegido que sea tratado "por una empresa pública que baje las tarifas y extienda el suministro".

Según el responsable, 2,5 millones de bolivianos no tienen actualmente acceso al agua potable y el gobierno de La Paz "está presionado" para buscar una solución por la población, por la prensa y por quienes desean "usar la cuestión del agua para fines políticos".

Un resumen de las 12.500 páginas de esta auditoría muestra que la filial de Suez debía instalar 71.752 conexiones nuevas de agua potable en El Alto entre 1997 y 2001 y sólo instaló 52.764.

Además, no ejecutó 2.530 conexiones de alcantarillado previstas en el contrato, provocó un riesgo de contaminación grave debido a los vertidos en el lago Titicaca, obligó al Estado boliviano a pagar por el uso del nombre Suez más de 1 millón de dólares al año pese a no estar estipulado en el contrato, e indexó las tarifas al dólar de "forma ilegal".

"En este proceso no hay ideologías políticas mezcladas. El presidente Evo Morales intenta únicamente terminar un proceso que ya estaba en curso", aseguró el ministro.

Según Mamani, el conflicto con Suez se trata con mucha cautela porque no se quiere atentar contra las relaciones bilaterales "estupendas" y la "amistad histórica" entre los dos países.

El ministro explicó que por ahora no se está hablando de indemnizaciones que Aguas de Illimani debería entregar sino del pago de los créditos que Suez "debe asumir" y que fueron contraídos con organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un "valor de 16 millones de dólares".

AFP