Una información publicada en el diario argentino Clarín sobre la existencia de un mercado negro de riñones de Bolivia a Argentina, trae nuevamente a la palestra un problema que EL DEBER denunció en 1999 acerca del comercio y tráfico ilegal de órganos en el país, una práctica prohibida por la Ley 1716, que rige en el país desde 1996, aunque su aplicación no ha sido controlada.
La nota de Clarín, escrita por Claudio Savoia, que se hizo pasar por primo de un paciente con insuficiencia renal, acusa al nefrólogo Hermán Peinado, que trabaja en el servicio de Nefrología del Hospital Japonés, y dirige el equipo de trasplantes de la Clínica Foianini, de vender paquetes a un costo entre $us 30.000 y 35.000, en el que se incluyen los riñones, a pacientes argentinos. En un cable de AFP sindican también al nefrólogo Raúl Bocángel de la misma actividad ilegal.
Peinado negó esa situación, indicando que, evidentemente, cuando cualquier paciente, sea nacional o extranjero, necesita un trasplante, lo primero que le pregunta es si tiene donante, de lo contrario lo pone en lista de espera. Además dijo que cuando él se refiere a un paquete, cuyo costo es de $us 12.000 y no de $us 30.000, es por el pago de la clínica, los honorarios médicos, análisis de laboratorio, banco de sangre y rayos x, entre otros servicios.
“Esto me cae como un balde de agua fría. Quisiera que este señor me demuestre que he operado a 13 argentinos, a los que supuestamente les he vendido riñones. Que venga alguno de ellos y lo pruebe. Hablaré con el Colegio Médico para que haga una investigación”, aseguró. Señaló que a todos sus pacientes les informa de que el pago por el trasplante debe ser dado en efectivo y por adelantado.
Freddy Gutiérrez, director del hospital Japonés, donde trabaja Peinado, aseguró que desconoce el caso, pero que apenas le llegue la documentación en la que se acusa a dicho especialista, iniciará un proceso a través del Comité de Ética de ese nosocomio, para verificar la denuncia y en caso de resultar culpable deberá retirarlo, ya que esa práctica va contra la ley.
Asimismo, la ministra de Salud, Nila Heredia, que tampoco conocía el caso, manifestó que es una denuncia muy grave porque se citan nombres, aunque no hay pruebas. De todas formas, agregó, van a iniciar una investigación, pese a que considera también que este tema debe ser abordado desde el ámbito penal.
“Voy a pedir a la Cancillería que por la vía diplomática me contacten con ese periodista, para que me cuente lo sucedido, porque esto es gravísimo. No creo que se anime a hacer una denuncia de esa magnitud sin pruebas”, aseveró.
Argumentó que la ley sobre donación y trasplante de órganos, células y tejidos no tiene vacíos legales, sino que no hay denuncias probadas, ya que hace tiempo incluso se habló de rapto de niños para sacarle sus órganos, pero eso tampoco fue confirmado.
En 1999, cuando se denunció la venta de órganos, el entonces fiscal de Distrito, Francisco Borenstein, instruyó que la realización de todo trasplante sea notificada a la Fiscalía, hecho que no se cumple.
El endocrinólogo Douglas Villarroel, que recibió un trasplante de riñón, expresó que está trabajando en la creación de una fundación que promueva la donación de órganos, con el apoyo de UNIS, organización que se desempeña en este campo en Estados Unidos y que brindará recursos para poner en marcha ese proyecto.