La ‘Revolucion Agraria’ y sus carencias

Si se radiografía lo que el Gobierno de Evo Morales da en llamar "Revolución Agraria" se constata en la respectiva placa la inexistencia de componentes esenciales de toda política agraria certera e idóneamente dirigida a un desarrollo agropecuario sostenible y a la seguridad alimentaria a nivel nacional.
Los planes del Gobierno se desentienden del occidente altiplánico y de los valles, que son la causa principal de los problemas que respecto a la tierra tenemos ahora en Bolivia. Sólo fijan las pupilas en Santa Cruz, Beni y Pando, donde se apuesta a una redistribución masiva de tierras ociosas y fiscales. No se alude para nada al minifundio (surcofundio, hoy, en la mayoría de los casos) que en la parte andina malogró el desarrollo agropecuario y devino en base de lanzamiento de la migración campo-ciudad. De ésa que preferentemente escogió a Santa Cruz como destino principal y a la que ahora el MAS, con fines puramente proselitistas, de cara a la Asamblea Constituyente, quiere halagar con una II Reforma Agraria tan precipitada como la primera.
El Gobierno debe entender de una vez por todas que se tiene que ir a un nuevo reordenamiento del régimen de tenencia de la tierra en el Altiplano. Agrupar los minifundios en medianas y grandes unidades de producción, con asistencia técnica y financiera, bajo modalidad cooperativa, es el inicial y obligado paso. La cooperativa es también una empresa, pero no de una persona, sino de todo un colectivo. En Santa Cruz, tenemos japoneses y menonitas, por sólo citar estos dos casos, organizados en cooperativas de producción agropecuaria. Y les va muy bien. En el altiplano, las comunidades de indígenas sobrevivientes a la modernidad, deben convertirse en cooperativas de personería jurídica reconocidas por el Estado para fines de interacción comercial, jurídica y financiera. Al cambio del régimen de tenencia de la tierra en las tierras altas del país deben acompañar mecanismos estatales de apoyo técnico y financiero. El altiplano boliviano, contrariamente a lo que muchos creen, posee un gran potencial de desarrollo agropecuario.
En el oriente cruceño, beniano y pandino, algo que se tiene que respetar en forma rigurosa es la clasificación de la tierra conforme a su diferenciada escala vocacional. Hay tierras que son sólo aptas para la explotación forestal que no pueden ser dadas para otros fines. Albergan una riqueza que exige un manejo sostenible del bosque, lo cual sólo es posible hacer con capital, tecnología y estructura empresarial. Si se reparten así por así hectáreas boscosas a cuantos no tengan en las manos más que hachas o motosierras y en la mente idea alguna de cómo renovar los árboles abatidos, a plazo mediato se corre el riesgo de que nuestras selvas y aun nuestros parques forestales se conviertan en descampados, con graves consecuencias no sólo para el equilibrio ecológico ambiental sino también para el futuro de la producción forestal en Bolivia.
En las tierras aptas para la agricultura se debe respetar la inversión privada Entre nosotros, no interesa tanto cuán grande sea una propiedad sino cuánto produce y en que medida contribuye a satisfacer la demanda interna e internacional de los respectivos productos. En el campo de la agropecuaria, vivimos hoy tiempos de tecnología de punta y altos niveles de inversión. Sólo así se puede acceder al mercado, tanto nacional como externo, para las respectivas ganancias.
En las tierras ociosas o ilegalmente obtenidas que en Santa Cruz marcan la excepción y no la regla, el reparto de aquéllas debe sujetarse a criterios de desarrollo agropecuario sostenible y seguridad alimentaria
Si no se imponen los criterios mencionados, en el marco de una repartición de tierras consensuada con los gobiernos regionales, ordenada, racional, prudente, sujeta a un proceso que avance en función de una gradual consolidación de la respectiva base técnico-financiera y si , además, la denominada "Revolución Agraria" del Gobierno se ejecuta con todas las falencias que anotamos, el fantasma del minifundio empezará a alzarse sobre la región, con premoniciones alusivas a todos los males que provocó en el occidente. Sólo que entre nosotros esos males alcanzarían dimensiones catastróficas.

Sólo lo que queremos oír
Juan Carlos Rivero

Esta semana me obligué a leer una campaña de educación ciudadana sobre la bullada Asamblea Constituyente. Temía que me iba a topar con declaraciones de principios universales que ya ni se discuten, como la igualdad, la libertad, la representatividad, el derecho a esto o a aquello. De todos modos, agarré la publicación educativa –que consiste en una serie de preguntas dirigidas a los partidos políticos participantes– esperando que tal vez me revele algo que no sea la reinvención de la rueda.
He aquí la primera interrogante para los genios aspirantes a convertirse en nuevos fundadores de la patria: “¿Considera que en los sistemas de representación deberían incorporar mecanismos que garanticen la participación de las mujeres?” ¡Me imagino cómo habrán humeado esos taris! Los ocho frentes respondieron que sí, que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre. Fuiii... menos mal.
Aquí va otra indagatoria reveladora: “¿Cuál es su propuesta sobre la proporcionalidad de representación en el Poder Legislativo?” Estas son las partes claves de las ochos respuestas: “Proponemos equilibrar y armonizar el número de representantes elegidos proporcionalmente; que la proporcionalidad sea en función de población y territorio; que sea en función de cada departamento y de cada circunscripción; en función de la población y del voto; en función de los nuevos departamentos; se debe dejar que las regiones hagan sus planteamientos; que se garantice la participación de agrupaciones ciudadanas”.
¡Miechicaninga!, luego de leer respuestas tan... tan... profundas, ahora tengo un panorama más claro del futuro nacional.
Y la última: “¿Se debe mantener una estructura constitucional sustentada en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial?” Haciendo una mezcolanza de las ocho respuestas se obtiene esto: “Naturalmente que sí; no existe otra posibilidad de organizar el Estado Nacional; la clásica separación entre los Poderes del Estado parece ser la más estable; se debe mantener la estructura constitucional propuesta por Montesquieu”. Ahí lo tienen: El señor Montesquieu debe estar celebrando en su tumba que su nombre aún siga vigente, a 250 años de su muerte.
En definitiva, seguimos reinventando la rueda, por esa eterna manía de los políticos de decirnos sólo las cosas que queremos oír. Comenzaré a creer en la Constituyente cuando dejen de querer arreglar lo que no necesita arreglo –como los derechos fundamentales de las personas–, y comiencen a hablarnos de cosas más importantes para el país (aunque menos populares), como nuestras obligaciones.