El Gobierno intervendrá los seis predios en conflicto en la provincia de Guarayos y procederá a desalojar a los campesinos y a los empresarios que están asentados ilegalmente en la zona. El primer paso se dio ayer tras el dictamen de área inmovilizada por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Una comisión interinstitucional a la cabeza del ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, el fiscal de distrito, Jaime Soliz, el comandante departamental de la Policía, Wilfredo Torrico, el superintendente Forestal, José Antonio Martínez, representantes del Sindicato de la Prensa, Comité Cívico, Prefectura y un contingente de militares, ingresarán hoy a los lugares en conflicto con el objetivo de volver a restablecer el imperio de la ley.
"Vamos a verificar la zona y se dispondrán las medidas que correspondan contra empresarios o campesinos. Hay ocupaciones ilegales en todo el área, por lo tanto, si es del señor Luis del Río o es de los campesinos quienes han tomado las propiedades, vamos a disponer la paralización de todo tipo de actividad y la custodia de los lugares. Esto significa que no debe haber ningún tipo de trabajo mientras no se realice el saneamiento", sintetizó Salvatierra.
La autoridad aclaró que todos los involucrados en ilegalidades tienen que abandonar las propiedades para dar cumplimiento a la ley. "Hemos cursado la invitación a todas las instituciones posibles, incluidos los agropecuarios, para que nos acompañen", agregó. El comandante departamental de la Policía, Wilfredo Torrico, confirmó el envío de efectivos a la zona.
Por otro lado, Salvatierra descartó que se esté tramitando el embargo de las tierras hipotecadas por empresarios del agro ante la Banca.
Por su parte, Dionisio Rivas, director regional del INRA, aseguró que acompañarán a la comisión interinstitucional con el objetivo de poner orden en los predios. "Se ha detectado que hay campesinos y empresarios ilegales. Si el señor Del Río es uno de ellos será desalojado", advirtió.
En la actualidad, el INRA aún realiza las pericias de campo y se prevé que este viernes concluyan los trabajos para adoptar las medidas que el caso aconseje. Las pericias de campo determinarán la situación legal de los predios.
Al respecto, el vicepresidente de la CAO, Mauricio Roca, manifestó que esperan que sea una actuación de buena fe y que no se vayan a cometer abusos contra los dueños.
“El Ejecutivo tiene que hacer cumplir la ley y tiene que actuar en el Estado de derecho. De ahí para adelante que el ministro Salvatierra invite al agro o a los campesinos a intervenir los predios, eso no lo establece la ley. Necesariamente tiene que haber una coordinación estrecha con la Prefectura”, sostuvo.
Entre tanto, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, anunció que el Gobierno propone anular los títulos de propiedad y expedientes en curso de trámite que están en el INRA para facilitar la reversión al Estado de tierras que no cumplen con una función económica-social.
El presidente Morales confirmó que continuará con su política sobre la redistribución de tierras, para lo cual considera que no es importante consultar a nadie.
La idea no es compartida por el prefecto, Rubén Costas, que manifestó que la política de redistribución de tierras debe pasar por la Comisión Agraria Departamental. “El segundo principio es que primero debe ser la gente del lugar la que tenga la posibilidad de acceder a la tierra", advirtió Costas.
Los soyeros, por su lado, en una reunión sostenida ayer a las 18:00, determinaron ‘socializar’ los decretos supremos sobre la tierra, aunque critican que los mismos le quitan muchas atribuciones a la Comisión Agraria Departamental y al director regional del INRA, por lo que piden que se dé celeridad a los procesos de saneamiento.

No descartan juicio contra ex Canciller

El Gobierno analiza la posibilidad de impulsar un juicio de responsabilidades contra el ex canciller Carlos Saavedra Bruno, a quien se le acusa de frenar un proceso de desalojo de ciudadanos brasileños que se habían asentado en la franja de los 50 kilómetros fronterizos que protege la Constitución Política del Estado.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo que este proceso legal bien puede sustentarse en una carta que Saavedra Bruno envió el 25 de julio de 2003 al entonces director del INRA, René Salomón, en la que pide dejar en ‘statu quo’ el desalojo de estos ciudadanos a la espera de una reunión entre las direcciones de límites de Bolivia y Brasil, la cual nunca se realizó.
La autoridad, que presentó una copia de esta misiva y otra en la que la abogada del INRA, Yamila López alerta en el año 2002, sobre la necesidad legal del desalojo, aseguró que 40 notificaciones para la expulsión de ciudadanos brasileños estaban en curso con pleno conocimiento de las autoridades brasileñas. Según Rada, se recibió una comunicación oficial de Brasil en la que se respeta la decisión del Gobierno pero en el marco de las leyes./ANF

 Los desalojos

* La situación en Guarayos se mantiene invariable en las propiedades de los menonitas de Villa Cariño, de Luis del Río, 29 de Junio, Rancho Nuevo, Rancho Chico, Claudia y Carolina. En estos fundos actuará la Policía. A ello se agrega la propiedad del corredor José Camacho ‘Monín’ que fue tomada por unas 35 personas en la zona de Brecha Siete.
* El Gobierno también asegura que serán desalojados aquellos que a título de garantizar la propiedad agraria están ocupando ilegalmente tierras en grandes extensiones, generando conflictos y enfrentamientos. Se cita, por ejemplo, el caso de la concesión forestal Berna, otorgada en 1996, y la que el año pasado apareció fraccionada en predios particulares para utilizarla en la explotación agrícola y no según su vocación forestal.
* Otras propiedades, como Río Lindo, Árbol Grande, La Chapa, Villa Verde, Salazar, y El Porvenir también tendrán que someterse a una confrontación necesaria en el aspecto legal. El presidente, Evo Morales, pidió a los campesinos y a las organizaciones sociales que se abstengan de tomar las propiedades privadas.