El ex ministro Antonio Palocci y otros políticos del entorno íntimo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fueron incluidos hoy entre 79 personas contra las que un informe parlamentario formuló serios cargos de corrupción.

El informe fue preparado por el senador Garibaldi Alves, después de seis meses de trabajo de esta comisión parlamentaria, creada en principio para investigar alegados nexos entre mafias del juego ilegal y partidos políticos.

La llamada "comisión de los bingos" fue una de las tres nacidas en el Parlamento para investigar los escándalos del año pasado. Una pidió procesar a un centenar de personas ligadas al Gobierno y al oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y la otra no llegó a ninguna conclusión.

El documento presentado hoy deberá ser aprobado o rechazado en una sesión que será convocada la semana próxima, una vez que los miembros de la comisión analicen el texto.

El informe asegura que fueron puestas al descubierto alegadas relaciones entre el PT y las mafias y también supuestas redes de chantajes tejidas por ese partido en municipios del estado de Sao Paulo.

Además de Palocci, el informe pide procesar a Paulo Okamoto, presidente del Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), un antiguo amigo de Lula de quien se dice que ha sido una suerte de "tesorero personal" del mandatario.

Sobre Okamotto, sostiene que se negó a esclarecer el origen del dinero que usó para pagar deudas por unos 13.000 dólares que Lula tenía con el PT, y otras por un valor no precisado contraídas por Lucian, una de las hijas del mandatario.

"Esos pagos nunca fueron aclarados y hay sospechas de que hayan sido saldados con recursos no declarados por el PT", dijo Alves, en alusión a una supuesta "caja paralela" que ese partido mantuvo oculta durante la campaña para las elecciones del 2002.

El documento sugiere que Okamotto sea procesado por "lavado de dinero" y otros cargos de corrupción.
Otro acusado es Waldomiro Diniz, ex asesor del Ministerio de la Presidencia, quien trabajaba codo a codo con José Dirceu, titular de esa cartera hasta mediados del año pasado, cuando renunció acosado por un escándalo de sobornos parlamentarios en torno al Gobierno y al PT.

Diniz, protagonista del primer caso de corrupción en la gestión de Lula, fue filmado clandestinamente antes de la campaña que llevó al ex sindicalista al poder, cuando chantajeaba a un empresario de juegos de azar en búsqueda de ayuda financiera para campañas del PT.

Las otras 76 personas que el informe pide llevar ante la Justicia están vinculadas directa o indirectamente con el PT o con supuestas redes de corrupción tejidas por esa formación en alcaldías del estado de Sao Paulo.
En esos municipios, según el informe, el partido fundado por Lula recaudó dinero en forma ilegal mediante comisiones que pagaban empresarios de sectores tales como el transporte o la recolección de basura, a cambio de mantener sus contratos con las alcaldías.

En uno de esos casos fue implicado Antonio Palocci, ministro de Hacienda y "timonel" de la economía brasileña hasta marzo pasado, cuando renunció acusado de abuso de poder y corrupción.
Según el informe, Palocci y sus más cercanos colaboradores en la época en que el ex ministro era alcalde del municipio de Ribeirao Preto, extorsionaron a empresas a fin de obtener recursos para el PT.

Lo mismo, según el documento redactado por Alves, ocurría en la vecina Santo André, sólo que en este último caso se pide además que continúen las investigaciones sobre el asesinato del ex alcalde de esa localidad Celso Daniel, secuestrado y muerto a balazos en muy extrañas circunstancias en enero del 2002.

Daniel acababa de ser nombrado coordinador del programa de gobierno que Lula presentaría al país para las elecciones de ese año y, según denunciaron sus familiares ante la comisión parlamentaria, fue asesinado después de que amenazó denunciar la trama de corrupción que el PT había tejido en los municipios paulistas.

EFE