La bala de un francotirador fue certera. Le dio en el lado izquierdo del
mentón, atravesó y salió por el lado derecho de la nuca. El impacto la tumbó
desde la terraza del edificio donde ella intentaba salvar la vida de un herido
hasta el primer piso. La caída de cinco metros de altura aproximadamente le
destrozó los huesos de la cabeza, le rompió la órbita de un ojo, le deshizo la
nariz y le partió el paladar. La bala dañó toda su mandíbula, despedazó la
lengua y averió los músculos de su cuello.
Sucedió el 13 de febrero de 2003, en un edificio próximo a la Plaza Murillo. La
víctima es una sobreviviente del denominado ‘febrero negro’. Su nombre es Carla
Espinoza Sanabria (32) y desde aquel fatídico día, en que se encontraba
prestando auxilio médico a los heridos de la balacera, ha sido sometida a 19
cirugías en Bolivia, Chile y Estados Unidos. Todas las operaciones fueron para
reconstruirle el rostro.
“Tengo lesiones físicas y sicológicas, como persona, como mujer, etc. He quedado
paralizada en todos esos aspectos”, dijo a EL DEBER Carla Espinoza, la médica
que hace casi tres años fue herida por un proyectil que se dirigió precisamente
a ella, cuando intentaba rescatar a un presunto herido que se encontraba tendido
en la terraza de un edificio. Carla no sabía que el hombre al que quiso
socorrer, ya estaba muerto.
Minutos antes de ser alcanzada por la bala que le destrozó la cara, Carla
intentó auxiliar a la enfermera Ana Colque, que también fue abatida por un
proyectil dirigido. Pese al antecedente, la médica no vaciló para prestar ayuda
al hombre ensangrentado que estaba en la terraza del edificio.
“Mi hija, que estaba vestida con su mandil de médica, vio que los militares
dispararon contra Ana Colque desde la esquina de las calles Genaro Sanjinés y
Comercio, por eso sacó una bandera de la Cruz Roja, para que no le disparen.
Pero igual le dispararon”, relató Roxana Sanabria, madre de Carla y al mismo
tiempo su interlocutora, ya que la víctima tiene dificultades para expresar sus
ideas debido a las lesiones sufridas en la boca.
Después del atentado, Carla estuvo casi un mes inconsciente. En La Paz le
hicieron la primera cirugía. 14 días después del balazo, Carla fue llevada a
Chile, donde le realizaron cinco operaciones más. En 2004, gracias a gestiones
de la embajada estadounidense, Carla fue trasladada a EEUU, donde la sometieron
a siete cirugías. En 2005 retornó a ese país y al quirófano en seis ocasiones.
“Mi hija no se recuperará totalmente. Los daños son irreversibles. Ha quedado
con epilepsia secundaria y parálisis facial. Ella quería ser gastroenteróloga,
pero no podrá”, relató Roxana Sanabria.
Pero Carla no decae. Acaba de terminar una maestría y se está preparando para su
examen final. “Quiero seguir formándome y trabajar”, dijo.
Le reclamo al Estado
Waldo Albarracín / Defensor del Pueblo
La actitud de los militares, que se niegan a ser procesados por la justicia
ordinaria y que han puesto trabas en toda la investigación, más la actitud del
anterior Congreso, que impidió el juicio de responsabilidades contra el ex
presidente Sánchez de Lozada y sus ministros en el caso de los muertos y heridos
el 12 y 13 de febrero, son los principales mecanismos de impunidad.
Me corresponde insistir en el reclamo al Estado, en este caso al nuevo gobierno,
al nuevo Parlamento y al propio Ministerio Público, para que extremen esfuerzos
en aras de viabilizar de una buena vez las acciones que tiendan a terminar de
identificar a los responsables de los hechos, para juzgarlos y sancionarlos
penalmente.
Así se resolverá una asignatura pendiente que tiene el Estado boliviano y una
deuda específicamente con los familiares de las víctimas.
Los militares no dieron información
Si en el proceso de investigación del denominado caso ‘octubre negro’ la
traba está puesta por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que no puede
ser convocado a declarar, en el caso ‘febrero negro’ son los militares los que
han puesto los obstáculos. En dos años y medio de indagaciones de parte del
Ministerio Público, éste no logró arrancarle información a las FFAA para
encontrar a los responsables de las más de tres decenas de muertes y más de 150
heridos de los sucesos del 12 y 13 de febrero de 2003.
“No hemos podido obtener información de los militares. Estamos a la espera de
que el secreto militar sea levantado”, precisó Milton Mendoza, uno de los
fiscales que trabajó en gran parte de la investigación.
Mendoza explicó que en el caso ‘febrero negro’, el secreto militar no
corresponde, debido a que este sistema legal de protección prevalece únicamente
cuando está en riesgo la seguridad del Estado. “Pero esa siempre ha sido la
excusa de los miembros de las FFAA”, cuestionó el jurisconsulto.
Las trabas de los uniformados tienden a proteger a cuatro militares, acusados de
ser los autores de la muerte de dos civiles y de haber causado daños muy graves
a una tercera persona. Las víctimas fatales fueron la enfermera Ana Colque y el
hijo del portero de un edificio, Wilber Collanqui. La persona herida de gravedad
fue la médica Carla Espinoza.
Los cuatro militares fueron procesados por la justicia militar, la que los
liberó de pena y de culpa.
No hay detenidos, pero sí trabas políticas y
militares
Dos años y medio de investigaciones policiales dejan un resultado con sabor a
poco en las familias de más de 30 fallecidos y en los más de 150 heridos de los
hechos del 12 y el 13 de febrero de 2003. No existe ni un solo detenido, no se
pudo iniciar el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada y las FFAA se niegan a dar información clave, bajo el
argumento del ‘secreto militar’.
“Falta determinar mucho. Existen hipótesis e información que requieren ser
contrastadas y demostradas. Por ejemplo hay que comprobar si participó o no un
grupo antiterrorista de las FFAA”, dijo el fiscal Milton Mendoza, que participó
en gran parte del proceso de indagación y que actualmente está abocado a la
investigación de los sucesos de ‘octubre negro’.
Actualmente, la investigación se encuentra en la etapa preparatoria. Quienes la
llevan adelante no se animan a dar un porcentaje del avance, pero admiten que no
han logrado conseguir información fundamental para esclarecer los hechos. “No
podemos hacer una investigación completa cuando existen protagonistas a los que,
en este caso, ni siquiera se les ha tomado la declaración, como es el caso de
los militares”, justificó Mendoza.
Los militares acusados fueron respaldados por las FFAA y procesados en su propia
justicia; terminaron absueltos. Sin embargo, el Ministerio Público emitió
órdenes de aprehensión contra cuatro de ellos por haberse negado a ser
investigados.
Pero las familias de los muertos no pierden la fe en que lograrán justicia,
sobre todo debido a la asunción del nuevo Gobierno. “Esperamos que el proceso
avance mejor con Evo Morales como Presidente”, dijo María Calzina, madre de
Huáscar Sánchez Calizaya, el muchacho de 16 años que murió el 12 de febrero de
2003. “Mi hijo estaba cerca de la plaza Murillo. Tenía que encontrarse conmigo
en la Alcaldía, pero en el camino lo mataron”, relató la mujer. “Huáscar tenía
que cumplir este 8 de febrero 19 años”, lamentó María.
Paso a
paso la investigación
Arranque a medias
El 13 de febrero, cuando todavía se registraban enfrentamientos, el Ministerio
Público asume la conducción de las investigaciones. Ese mismo día fue imputado
un capitán de la Fuerza Aérea por presunta tentativa de homicidio. Los militares
comenzaron oponiéndose a que los investigadores fueran policías, con el
argumento de que la confrontación fue con ese sector. En cuestión de días se
cambia a los fiscales investigadores en dos ocasiones. Hasta junio de 2003 no
había resultados positivos de avance.
Comienzo de las batallas
En junio de 2003, los fiscales Milton Mendoza y Willams Alade se suman a la
investigación y dos meses después, el 18 de agosto, el Ministerio Público
presentó la segunda imputación contra policías, contra ex alumnos del colegio
Ayacucho y contra cuatro militares. Al día siguiente comenzó la batalla legal
entre el Ministerio Público y los militares; estos últimos argumentaron que no
debían ser procesados por la justicia ordinaria, sino por la militares. Un juez
ordenó que sean juzgados como cualquier ciudadano.
La justicia del Tribunal
Dos vocales de la Corte de Justicia de La Paz, Ángel Arequipa y Ramiro
Sánchez, revocaron la decisión del juez y favorecieron para que los militares
fueran procesados en sus propios tribunales. La madre de la médica Carla
Espinoza apeló al Tribunal Constitucional y éste instruyó que los militares se
sometan a la justicia ordinaria y no a sus propios tribunales. Además, el
Tribunal anuló el fallo de la justicia militar, que había absuelto de culpa a
los cuatro miembros del Ejército.
Disputa encarnizada
Desde que el Tribunal falló en contra de los militares, éstos han presentado una
serie de recursos legales que han obstaculizado todo el proceso de
investigación. En términos generales se niegan a dar información acerca de
cuáles de sus miembros actuaron el 12 y el 13 de febrero, y quiénes dieron las
órdenes para el desplazamiento militar. El Congreso anterior remató esta
situación al negar que el ex presidente Sánchez de Lozada y cuatro de sus
ministros fuesen sometidos a un juicio de responsabilidades.
El informe de la OEA
En mayo de 2003, la OEA presentó un informe en el cual estableció que el 12 y el
13 de febrero hubo una insurrección generalizada en Bolivia. Sostuvo que la vida
del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ‘corrió peligro de muerte’. A los
militares los liberó de culpa, señalando que actuaron ‘en defensa de la
democracia y del Estado de derecho’, y a los policías los acusó de
insubordinación y de conducta antijurídica. El informe fue rechazado por todos
los sectores sociales.
Cómo
se desató la crisis
El impuesto que encendió la mecha
El 9 de febrero de 2003, seis meses después de haber asumido el gobierno,
Gonzalo Sánchez de Lozada lanzó su paquete económico que ocasionó un terremoto
social y político en todo el país. El Presidente aplicó ajustes impositivos a
los sectores asalariados del país y provocó la reacción de casi todos los rubros
sociales. Anunció el pago del RC-IVA en efectivo y no en facturas. La medida era
aplicable para todos los ciudadanos que ganaban más de Bs 880; era gradual hasta
llegar al 12,5% en los niveles salariales superiores. Descartó aumentos
salariales reales y únicamente hizo nivelaciones en relación a la inflación
oficial registrada.
Motín policial, la primera reacción
Al día siguiente del anuncio del ‘impuestazo’, la COB decretó paro nacional.
Hubo reacción de rechazo de profesionales, trabajadores, universidades públicas,
policías, etc. El dirigente campesino, Felipe Quispe, y el cocalero, Evo
Morales, anunciaron el comienzo de una batalla para revertir la medida.
Pero los policías se le adelantaron a los sectores sociales que tradicionalmente
protestaban. Los uniformados se amotinaron en La Paz y declararon paro
indefinido pidiendo la anulación del impuesto al salario y un incremento del 40%
en sus sueldos.
A la rebelión policial se le sumaron casi todas las organizaciones sociales del
país.
Enfrentamiento, policía con ffaa
El Gobierno instruyó que el Palacio de Gobierno sea resguardado por las FFAA,
mientras que a menos de una cuadra, en dependencias policiales proseguía el
motín policial. El día 12 comenzaron los enfrentamientos entre policías y
militares. En esa jornada cayeron 16 personas muertas y más de 70 heridos. Se
registraron saqueos e incendios de edificios del Estado y privados, ola de
protestas en todo el país, etc. A las 16:20 de ése día, el Presidente emitió un
mensaje al país, anunciando la anulación de su propuesta del impuesto a los
salarios. Pero la confrontación continuó. A las 17:10 volvió a hablarle al país
a través de la televisión, pidiendo que pararan los enfrentamientos.
Más de 150 personas fueron heridas
El día 12 se reportaron más de 70 personas heridas en la plaza Murillo, que
fue el epicentro de la confrontación entre policías y militares. Los heridos
fueron civiles, policías y militares. El enfrentamiento comenzó a media mañana,
después de una marcha de protesta que protagonizaron los policías. Según
informes oficiales, los primeros instigadores de la confrontación fueron los
estudiantes del colegio Ayacucho, quienes comenzaron a lanzar piedras contra el
Palacio de Gobierno. Las piedras que golpearon el edificio gubernamental
estuvieron acompañadas de balazos, cuya procedencia se desconoce. Por la tarde,
fueron saqueados varios edificios públicos y privados.
El ‘impuestazo’ se anuló con muertes
Entre el 12 y el 13 murieron 31 personas, según las investigaciones del
Ministerio Público. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuló su proyecto
impositivo sobre los salarios en la tarde del día 12, pero la decisión no frenó
la revuelta. El 13 siguió la confrontación; se registraron hechos vandálicos en
La Paz, El Alto y Santa Cruz, con saqueo de comercios y edificios. En esa
jornada surgieron los pedidos de renuncia del Presidente y Vicepresidente, pero
los líderes sociales no tuvieron respaldo ciudadano para llevar adelante la
demanda. En ese segundo día es cuando cae herida la médica Carla Espinoza y en
el mismo escenario mueren dos personas.
