La Prefectura de Santa Cruz ha estimado que se requiere $us 37,8 millones para enfrentar los daños sociales y de infraestructura que está causando el desborde del Río Grande en los municipios de San Julián, 4 Cañadas, El Puente, Pailón y Okinawa. Este monto fue evaluado en base al número de damnificados, carreteras dañadas, puentes averiados y hectáreas de cultivos anegadas, que se conocieron hasta ayer.
El secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera, aclaró que la cantidad es sólo un estimado de lo que se necesita para los siguientes cien días de emergencia. “Este dinero no incluye la reconstrucción de las viviendas que quedaron bajo el agua, la reforestación de las orillas del río y las labores para el reencauzamiento del afluente”, agregó Aguilera.
De acuerdo con el secretario general, la información en detalle sobre los daños fue enviada a las autoridades gubernamentales para que evalúen la magnitud del desastre y agilicen el envío de ayuda.
Esta misma posición fue asumida por el prefecto Rubén Costas, que reclamó la falta de compromiso por parte de las autoridades de Gobierno, que prometieron enviar maquinaria para llevar adelante los trabajos de encauzamiento del río, anuncio que hasta ahora se concretó.
Ayer por la tarde el equipo técnico de la Prefectura, que está a cargo de coordinar los trabajos de emergencia, se reunió por más de dos horas con los alcaldes de los municipios anegados, representantes de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el Comité pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente. Elaboraron un pronunciamiento conjunto en el que respaldan las acciones asumidas por Costas y exigen atención inmediata por parte del Gobierno a la emergencia en la región.
Entretanto, el nuevo cauce que tomó el Río Grande ha dejado sepultadas cientos de hectáreas de sembradíos de soya, arroz, maíz y sésamo en los núcleos 14, 17, 19, 20, 21, 22 y 23, comunidades donde el agua ha enterrado sus viviendas. El riesgo aún es latente, ya que la riada sigue avanzando y amenaza con inundar más comunidades.