Soluciones definitivas y no meros parches

Las riadas están dando lugar en nuestra región a desastres naturales de creciente gravedad. A ambas márgenes del Río Grande suman ya decenas de miles los pobladores que bajo las aguas pierden casas, sembradíos y animales. La peor de las situaciones parece corresponder a las zonas de San Julián y la de Brecha Casarabe. Los productores agrícolas, de soya, sobre todo, confrontan pérdidas millonarias. Para colmo, se crean condiciones difíciles para la biodiversidad, pues muchas especies animales pierden su hábitat, en tanto el riesgo de epidemias no deja dormir tranquila a la gente.
Si nos atenemos a los datos meteorológicos, lo que allí sucede no guarda relación con el índice de precipitación pluvial. Éste es un poco superior al de años pasados, pero no tanto como para que pase lo que actualmente ocurre en las cuencas de los ríos Grande y Piraí. Simple y llanamente acontece que en ellas, así como en las riberas de ambas vías fluviales, una deforestación y ocupación de tierras, que escapó a todo control, nos pasa ahora la factura. Sin bosques en natural rol de contención, ambos ríos se desbordan cada vez que una lluvia más o menos intensa aumenta el caudal de sus aguas.
No podemos seguir cruzados de brazos ante la grave situación de ‘inermidad’ que campesinos, agricultores y productores agropecuarios confrontan y seguirán confrontando en cada estación lluviosa, por mucho que se ejecute el plan de construcción de defensivos en puntos críticos de ambas corrientes. Estos emprendimientos deben constituir parte de una solución final que consigne reajustes normativos sobre espacio permisible y reforestación obligada en las cuencas y a lo largo de los cauces del Piraí y Río Grande.
Es absolutamente indispensable que se amplíe a un kilómetro el ancho de las fajas ribereñas para fines de reforestación. Deben ser absolutas las prohibiciones para que en este espacio se realicen actividades agropecuarias o se establezcan comunidades. Urge replegar a los pobladores actualmente perjudicados por las riadas a zonas que les garanticen seguridad. Esto obliga a concebir y ejecutar un plan de reubicación de comunidades a tierras aptas para la agricultura o la ganadería, donde puedan trabajar y vivir a resguardo de los embates de la naturaleza. Hay ministerios obligados a ponerle el hombro a este asunto, en coordinación con las prefecturas y el INRA.
Soluciones definitivas y no meros parches. Es la consigna a seguir frente a los desastres naturales que padecemos en cada estación lluviosa a causa de la deforestación creciente de las cuencas y riberas de nuestros ríos.

Una manito de pintura al Palacio
Juan Carlos Rivero

Toda ciudad tiene íconos referenciales que le sirven al turista para orientarse y planear sus recorridos. Catedrales, museos, edificios gubernamentales, parques y otros lugares notorios quedan grabados en la mente del visitante, primero con fines de supervivencia en tierra extraña, y luego como recuerdo de las experiencias vividas.
El Palacio de Justicia es, sin duda, uno de los íconos más importantes de Santa Cruz de la Sierra.
El turista, que por primera vez pone pie en el laberinto cruceño, identifica al ‘Palacio’ como el edificio más alto de la ciudad, el que está sobre el primer anillo, el que queda cerca de los cafés de la Monseñor Rivero, el que no tiene nombre pero cuenta con una descomunal leyenda que dice “Que Dios ilumine al hombre…”, cuyo autor parece ser un gran pensador estadounidense de cuyo nombre de pila nadie pudo acordarse.
El problema es que a esta bella referencia arquitectónica le está haciendo falta una mano de pintura. Desde que abrió al público, hace como diez años, la parte de su fachada cubierta con revoque común no ha vuelto a ser pintada.
Por lo que se observa, el único trabajo de mantenimiento realizado ha sido la impermeabilización de las pequeñas fisuras que suelen aparecer en los muros de mampostería. Estos muros, de veintitantos pisos de alto, quedaron ‘adornados’ de figuras que parecen caminitos de termitas, el resultado estético de las refacciones.
No debe ser nada barato pintar un edificio de estas características, pero dado el flujo de gente que allí hace sus trámites uno pensaría que el sistema judicial se daría modos para recaudar lo necesario y brindarle al ‘templo’ el mantenimiento que requiere.
Hasta el Municipio tendría que tomar cartas sobre el asunto para exigir que éste y todos los edificios importantes de la ciudad se ganen el derecho de ocupar el espacio urbano, que pertenece al ciudadano. Ahora no quiero ocuparme de otros edificios menores que descaradamente se han convertido en vallas publicitarias medrando del patrimonio público.
Si de fomentar el turismo se trata, uno de los objetivos tendría que ser el de causar una buena impresión en nuestros visitantes, de manera que éstos quieran volver o animen a sus parientes y amigos a darse una vuelta por acá. Si no remozamos nuestros íconos urbanos, Santa Cruz corre el riesgo de quedarse como una ciudad sin personalidad, sin ningún rasgo que la haga diferente y memorable.