Con la finalidad de establecer con exactitud la cantidad de personas afectadas por el desborde del Río Grande, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Cruz Roja realizarán un censo de las familias damnificadas que, según estimaciones previas de la Prefectura, ascenderían a 14 mil habitantes de unas 88 comunidades inundadas en toda la zona de los municipios de Okinawa, Cuatro Cañadas y San Julián.

El secretario general de la Prefectura, Rolando Aguilera Gasser, afirmó que la cantidad de damnificados continúa aumentado por el avance del agua hacia nuevas comunidades, aunque de momento el caudal está disminuyendo, pero si no se reencauza el río no se podrá encontrar una solución definitiva.

Dijo que en una reunión de coordinación del Consejo de Emergencia se resolvió que el INE y la Cruz Roja realicen censos periódicos para actualizar la cantidad de afectados, especialmente en la zona de San Julián, que tiene la mayor cantidad de damnificados.

"Necesitamos estos datos para determinar con cierta confiabilidad el número de damnificados que requieren de una atención inmediata y poder desplazarnos de manera efectiva", afirmó Aguilera.

Agregó que por el momento la principal preocupación es cerrar el boquete del desborde, situado en la zona de La Manga, cuya longitud llega a los 200 metros aproximadamente.

Esta tarea será encarada por el Servicio de Encauzamiento de las Aguas del Río Piraí (SEARPI), que comenzó a instalarse en la zona para cerrar el meandro que provocó graves inundaciones en la zona.

El director del SEARPI, Wálter Noe Angus, indicó que la población afectada tendrá que "aguantar un poco" hasta que el terreno se estabilice para iniciar la construcción de los defensivos y la excavación del canal de 5.300 metros para reencauzar al río.

Entre tanto, el rescate de campesinos afectados continúa por parte del grupo SAR que recorre en lanchas rápidas algunas comunidades anegadas donde sólo aparecen los techos de las precarias viviendas en un panorama desolador y preocupante.

ANF