Las aguas del Río Grande siguen su avance sobre las comunidades del municipio de San Julián y en una labor preventiva entre hoy y mañana deben ser evacuados alrededor de 35 núcleos de Brecha Casarabe, adonde el rebalse llegará inexorablemente en las próximas horas. Cada núcleo alberga por lo menos a 40 familias.
El relato de esta dramática situación lo hizo Runny Callaú, responsable de Funsar, que hace dos semanas está en la zona a la cabeza de un grupo de voluntarios, trabajando en el rescate de personas de localidades que quedaron bajo el agua.
Al margen de exteriorizar la necesidad de evacuar a la gente de Brecha Casarabe, Callaú expresó su temor por el brote de epidemias a causa de los miles de animales domésticos y silvestres que han perecido ahogados en los últimos días y que están contaminando las aguas.
El cambio del curso natural del río ha dirigido las aguas por las comunidades de Madrecitas y El Fortín, las cuales desaparecerán si no hay un reencauzamiento o contención de la corriente en algunos de los lugares por donde se originó el desvío, dijo Callaú que ayer pernoctó en San Julián para proseguir con la evacuación hoy lunes.
Sin el ánimo de alarmar, dijo, la situación es grave y la alerta roja se mantiene en las comunidades que forman parte de Casarabe y que ahora están amenazadas. “El caudal del agua ha bajado pero aún sigue su avance incontenible sobre todo lo que encuentra a su paso”, alertó al informar que la gente que es rescatada, es generalmente aquella que se resiste a abandonar sus viviendas, sus enseres y sus animales, porque la gran mayoría está escuchando la alerta de la inundación y acepta ser trasladada a lugares seguros como San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas.
En la actualidad, en los seis campamentos, hay cerca de 1.500 familias damnificadas.
Ayer, los albergados en Cuatro Cañadas decidieron ayudar en el reencauzamiento del río mientras que el Gobierno prometió buscar recursos económicos de la cooperación externa para las obras.
“Había más de medio millón de dólares, pero estamos gestionando más ante los organismos externos como el Gobierno de España, la FAO y el BID”, dijo el ministro de Agricultura, Hugo Salvatierra, ayer cuando visitó a los damnificados en Cuatro Cañadas.
El prefecto dispuso el envío de maquinaria del Searpi y solicitó al Ministerio de Obras Públicas que autorice al Servicio de Caminos el traslado de otras a la zona. “Queremos evitar las trabas burocráticas porque esto es urgente”, dijo el prefecto Rubén Costas que estuvo con el ministro.
Por su parte, el Gobierno nacional dispuso la elaboración de un inventario para conocer el monto de las deudas de los agrícultores. Se sabe que unas 62.000 hectáreas quedaron bajo el lodo.
A su vez, el ministro Salvatierra anunció una reunión para este jueves donde se analizará una posible solución para las familias damnificadas. “Vamos a cuantificar las pérdidas para buscar acuerdos con los acreedores”, prometió a los agricultores afectados.
En cuanto a los gastos de la Prefectura en contingencia y seguridad ciudadana, Rubén Costas reconoció que no alcanzan, pero confía en el apoyo del sector privado y en que Defensa Civil restituirá los fondos empeñados.
En torno al campesino muerto, Orlando Parada Panoso, Runny Callaú dijo que el cuerpo fue encontrado pero que no murió ahogado sino posiblemente por intoxicación alcohólica.