Los vendedores de ropa usada le ganan la pulseta al Gobierno. El Presidente
de la República aprobó ayer el Decreto Supremo 28614 que amplía la importación y
venta de ropa usada por un plazo de seis meses más, computables a partir del 1
de febrero hasta el 31 de julio de 2006. La medida no gustó a los empresarios,
fabriles y principalmente a la mediana y pequeña empresa, que amenazaron con
adoptar radicales medidas de presión desde la próxima semana.
El nuevo decreto fue firmado en medio de la presión de los vendedores de ropa
usada, que se apostaron al frente del Palacio de Gobierno. El decreto establece
la conformación de una comisión interministerial con el objetivo de buscar
alternativas de solución integral, tomando en cuenta que las personas
involucradas en el comercio de prendas de vestir a medio uso también requieren
generar recursos para sobrevivir.
Los ministros de Desarrollo Económico y Microempresas, Celina Sosa, y de
Hacienda, Luis Arce, junto con el vocero de la Presidencia, Álex Contreras,
dieron a conocer que si bien la importación de ropa usada genera fuentes de
trabajo, ésta se realiza en desmedro de la economía y del desarrollo de
iniciativas económicas del país.
No obstante, consideran que los dos sectores son fundamentales, pero dando
importancia, en esta oportunidad, a lo que es el desarrollo económico del país.
Por su lado, el ministro de Hacienda dijo que el asunto es más complejo que el
simple hecho de suspender la importación, por lo que se debe dar una respuesta
integral al tema. El decreto mantiene todas las medidas restrictivas para la
internación de prendas usadas y ropa íntima, así como los controles
fitosanitarios.
Sin embargo, la reacción no se dejó esperar por parte del presidente de la
Federación de la mediana y pequeña empresa (Fedemype), Emilio Gutiérrez, que
advirtió con iniciar una serie de movilizaciones a partir de la próxima semana
en todo el país.
"El Gobierno y particularmente el presidente Evo está traicionando a los
productores. Aquí hay un doble discurso, ya que por un lado se habla de fomentar
la producción nacional y crear un banco de fomento para las pymes que genere más
empleos y, sin embargo, con este nuevo decreto se mata a la industria nacional.
La manufactura es la que genera empleos. El Gobierno mantiene el 21060 y eso no
estamos dispuestos a tolerarlo", sentenció.
El presidente de la Cainco, Gabriel Dabdoub, advirtió que la importación de ropa
usada está a un paso de aniquilar al sector textil.
Los
sectores reaccionan
Daniel Velasco
Ger. General de la Cainco
"Unos 22.000 talleres de confección se cerraron en cuatro años debido a la
internación de ropa usada. Desde la puesta en vigencia de este decreto no se ha
hecho cumplir la disposición que establece que estas prendas deben contar con el
requisito de Certificado Sanitario. Vamos a actuar y conversaremos del tema con
el Gobierno".
René Rivera
Dirigente fabril
“La industria nacional correrá más riesgos. La solución pasa por la creación
de nuevas fuentes de empleo para las miles de personas que se dedican a la
comercialización de dichas prendas, que en su mayoría ingresa de contrabando a
Bolivia. Nosotros no estamos en contra de lo vendedores, sino de los
importadores de ingentes toneladas de ropa”.
Waldo López
Colegio de Economistas
“Se esperaba que el Gobierno prohibiera la importación de ropa usada con
fines de comercialización. Debe reorientarse la política y que se acepten
donaciones para los más pobres. La producción nacional seguirá en descenso. Es
lamentable y da pena que el Gobierno no tenga respuestas concretas para los
sectores. La confección se contraerá más”.
Las
cifras
* La venta de ropa usada afecta a la industria nacional de textiles y
confecciones, principalmente, ya que sólo un 7% es importado legalmente, en
tanto que el 93% restante es internado de manera ilegal al país, siendo el
volumen estimado de este negocio en 2005, de más de 8.000 toneladas, por un
valor de $us 40 millones.
* Según el IBCE, la pérdida acumulada para la economía boliviana entre los años
2000 y 2005, supera los $us 500 millones (6% del PIB), siendo los más afectados:
la industria textil, con $us 312 millones; el comercio con $us 80 millones,
agricultura $us 32 millones; transporte $us 17 millones, servicios financieros
$us 19 millones y servicios generales $us 23 millones.
* La economía boliviana ha perdido 107.000 puestos de trabajo en los últimos 6
años.
