Centralismo, región y gobernabilidad

El principio de autoridad es algo que desde 1997 no rige en el país. Demás está recordar las causas para que así sea. No se ha desvanecido todavía de la memoria del pueblo la penosa imagen de los gobiernos que llegaban al poder sin capacidad alguna para hacer que las políticas de Estado se definan en el Palacio Quemado de La Paz, no en las calles y caminos, a través de la protesta social.
Hoy las cosas cambian. Tenemos un Gobierno que obtuvo más del 53% de la votación en las elecciones del 18 de diciembre. Agrega a tan contundente legitimidad el control total del Poder Legislativo. Y en el marco de la coordinación de poderes, tendrá fácil acceso al Poder Judicial y al Ministerio Público, a fin de influir para que en ambos frentes jurisdiccionales haya el respectivo acompañamiento en tareas encaminadas a la aplicación de la ley, sin lo cual no se concibe la justicia.
Sin embargo, la actual estructura organizativa del MAS puede contrarrestar tan obvias ventajas. El partido de Evo Morales está compuesto por movimientos sociales que apuntan a sus propios intereses. Los cocaleros, a la ‘cocaína cero’. Los cooperativistas mineros a mayor número de concesiones en los yacimientos de Comibol. Los maestros y la COB a un salario mínimo por encima de los mil quinientos bolivianos mensuales. Las juntas vecinales de El Alto a la municipalización de los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica e inclusive las telecomunicaciones) a nivel nacional. Los ‘sin tierra’ a lo que denominan ‘grandes latifundios’ de la región cruceña. Y todos a la confiscación, no nacionalización, en el asunto de los hidrocarburos. Y así por el estilo... En todos los casos, con advertencias expresas o tácitas de que irán a las huelgas con bloqueos de calles y caminos, en caso de que no se les haga caso.
La oposición parlamentaria no representa peligro alguno para el régimen de Evo Morales. Ni Podemos ni Unidad Nacional ni el MNR tendrán un pie en el Parlamento y otro en la calle, como antes lo tenían el MAS y el MIP. No harán bloqueos ni promoverán huelgas. Además, perdieron ya sus conexiones con sectores sociales sin los cuales no se pueden ejercitar tan criticadas modalidades de protesta social. Sin duda que permanecerán a la espera de circunstancias propicias para radicalizar la fiscalización a los actos del Gobierno y de oposición a las iniciativas que no les parezcan adecuadas, pero nada más.
En realidad, respecto a gobernabilidad, los mayores riesgos para el Gobierno de Evo Morales, radicarán en los propios sectores sociales arrimados al MAS. En esos con los cuales este partido hizo una suerte de pacto de ‘toma y daca’: votar por Evo a cambio de que en el Gobierno acceda a sus planteamientos sectoriales.
Ojalá que nos equivoquemos y que el Presidente Morales y el MAS realmente gobiernen para todos los bolivianos y no sólo para algunos cuantos sectores. Los próximos 60 días serán pródigos en indicativos más o menos ciertos respecto a tal posibilidad o a la contrapuesta a ella.
En todo caso, la novedad de que ahora contemos con prefectos elegidos por el pueblo en las urnas, permite abrigar la esperanza de que los gobiernos regionales harán que rija el principio de autoridad, aun cuando La Paz, ante casos concretos, ordene lo contrario. Esto rige específicamente para Santa Cruz, donde Rubén Costas llegó a la Prefectura con una votación próxima a la mayoría absoluta. La lectura política de su victoria electoral es muy clara. Los cruceños y no cruceños que votaron por él quieren una autoridad regional que no sólo garantice transparencia y buenos resultados de gestión, sino también vivir en la paz y el orden que requiere el desarrollo regional.
Y la gobernabilidad no se alcanza tirando a matar contra los que alteran el orden público y violan los derechos de los demás, cometiendo delitos tipificados por el Código Penal, sino haciendo lo que la ley manda a la autoridad ejecutar para que el Ministerio Público, la Policía Judicial y los jueces cautelen, primero, y luego lleven a juicio a los autores de dichos ilícitos.

La vida ajena vale cuatro reales

Marcelo Rivero

En días pasados un obrero de la construcción quedó gravemente lesionado cuando trabajaba con un aparato que le había entregado la empresa que lo contrató, un hecho frecuente porque no se toman en cuentas las normas sobre seguridad laboral. El indicado sector constructor es el que menos obedece esas normas que tienen por fin proteger a los obreros, de donde muy a menudo vemos a éstos arriesgando el pellejo subidos en andamios colocando ladrillos, cerchas y tejas, tendiendo y conectando líneas para la electricidad, y en varios otros oficios peligrosos que deben realizar muchas veces sin los elementos de protección, desde ropa apropiada hasta cascos y botas, pasando por cadenas de seguridad y herramientas en óptimo funcionamiento. En iguales o peores condiciones cumplen sus labores los encargados del aseo urbano y ni hablar de esos pobres zafreros que por viviendas tienen unos campamentos asquerosos, sin la mínima higiene, promiscuos además porque en ellos viven hacinados con la prole, compartiendo con extraños hasta los momentos de mayor privacidad.
Bajo tales circunstancias no es extraño que un obrero se electrocute cuando hace la instalación eléctrica, que otro quede mutilado por una guillotina o una sierra, que uno más sea aplastado por un camión debajo del cual se encontrada haciendo reparaciones cuando el gato cedió, que varios quedaran sepultados en una excavación que hacían para colocar los cimientos de una construcción, que empleados del servicio de limpieza urbana contraigan enfermedades graves al estar en contacto directo con desperdicios putrefactos sin la adecuada seguridad que le daría un atuendo apropiado para tan delicada faena. No termina ahí el calvario de estos humildes obreros, puesto que en las noches recogen basura de las calles y tampoco tienen el traje y otros elementos que permitan a los conductores de vehículos identificarlos desde cierta distancia para no arrollarlos.
Producidas las desgracias por tanto incumplimiento de las normas, casi siempre el arreglo es el mismo: el culpable, se hace cargo de los funerales y le mete unos pesos en el bolsillo al familiar más cercano, o sea que con cinco mil pesos la cuenta está saldada. No señor, la indemnización se debe centuplicar para que aprendan a cumplir obligaciones y que no sólo valen sus vidas. Es más, las autoridades pertinentes que permitieron que se produzcan las irregularidades y posteriores desgracias quizá tienen la mitad de la culpa, entonces deben ser sancionadas por omisión de deberes.
Con urgencia se debe tomar medidas para que no sigan muriendo o enfermando de modo irreversible los trabajadores, que para desgracia mayor dejan en la orfandad a mujer e hijos pequeños.