El escándalo de las supuestas escuchas ilegales del expresidente Macri ponen otra vez en la mira la opacidad de los servicios secretos de Argentina, clave desde hace décadas, tanto en dictadura como en democracia.

3 de junio de 2020, 8:01 AM
3 de junio de 2020, 8:01 AM

El 29 de mayo de 2020, el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-1019) fue imputado por presunto espionaje, junto con quien fuera titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina durante su gobierno, Gustavo Arribas, la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani y otros exfuncionarios.

La denuncia, presentada por la actual jefa de la AFI, Cristina Caamaño, y aceptada por el fiscal Jorge di Lello, consta de una lista de alrededor de 90 personas a las que la AFI supuestamente espió "con la finalidad de producir inteligencia ilegal", dice el texto, ya que no fueron ordenadas por un juez ni otra autoridad competente. Según esa denuncia, se habrían "pinchado" correos electrónicos y teléfonos.

Entre los 90 nombres figuran políticos, dirigentes sindicales y periodistas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi será quien confirme o desestime la apertura de la investigación contra Mauricio Macri.

¿Qué repercusiones puede tener esta denuncia contra Macri en el escenario político argentino de 2020? "Es evidente que se trata de una ofensiva muy clara por parte del kirchnerismo más duro para poner a la Justicia en contra de sus adversarios y diluir así las operaciones de las causas por corrupción contra ellos", dice a DW Marcos Novaro, analista político e investigador de la Universidad de Buenos Aires. La denuncia de la AFI es parte de una Lawfare en revancha, ahora dirigida contra el macrismo, añade, "a pesar de que podría ser verdad, en parte". "Quieren crear una polvareda para diluir en esa nube las causas judiciales contra el kirchnerismo, intentando demostrar que todos son igual de corruptos, que todos tienen causas abiertas en la Justicia", subraya.

Esta no es la primera vez que a Mauricio Macri se lo involucra en el uso ilegal de los servicios de Inteligencia argentinos. En 2009, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue acusado, junto a algunos de sus funcionarios, de espionaje paraestatal, y fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello. La causa, instruida por el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Alberto Nisman, fue anulada por la Cámara de Casación Penal en 2018, ya durante el gobierno de Macri. Esas denuncias nunca llegaron a dar resultado. "Y lo que siempre ha sido peculiar es que involucran a Macri en operaciones contra sus propios colaboradores, incluso contra su propia familia", señala Novaro.

La herencia de un sistema opaco de Inteligencia

El intento de desentrañar el engranaje de los servicios de Inteligencia argentinos en los diferentes gobiernos plantea cada vez nuevos interrogantes y los obstáculos para esclarecerlo son casi insalvables.

Uno de los protagonistas principales de esa maquinaria fue y es Jaime Stiuso, una figura clave en la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuyo rol y responsabilidad en esa muerte no han podido ser aclarados hasta hoy.

Y hasta hoy tampoco se conoce el alcance de la ilegalidad e impunidad con la que los servicios secretos argentinos vigilaron, sin control estatal, a ciudadanos, periodistas, políticos y responsables del sistema judicial, tanto durante la dictadura de la Junta Militar (1973-1986) como después de ella, en democracia. Hoy, Stiuso goza de plena libertad en Argentina. "Para que Stiuso tenga problemas habría que correr muchos riesgos. Por algo está libre, impune y tranquilo. Porque todos los que hoy gobiernan han usado sus servicios", señala al respecto Marcos Novaro. Eso hace muy difícil una investigación transparente de los servicios secretos, asegura. Se puede poner en duda la veracidad de las acusaciones que provengan de ellos, y será muy difícil obtener pruebas contundentes.

El presidente argentino, Alberto Fernández, así como su antecesor, Mauricio Macri, también heredaron ese sistema de Inteligencia, dentro del que se juegan desde hace décadas diferentes intereses, dependiendo del gobierno de turno, y también ahora Fernández tiene que lidiar con él. "Stiuso tiene demasiados antecedentes con respecto a Alberto como para que Alberto no tenga interés en sanear ese organismo", indica Marcos Novaro. Y añade que Fernández, sin embargo, "puso la AFI en manos de Cristina de Kirchner para que esta la usara contra Macri".

Según Novaro, algunos asesores de Mauricio Macri le dijeron al expresidente que aprovechara su ingreso a la Casa Rosada, en 2015, para desmontar ese aparato y sanearlo por completo. Pero no lo hizo. "Ese fue un gravísimo error de Macri, y ahora está pagando las consecuencias", puntualiza.

Los juicios contra Cristina Kirchner "no desaparecerán"

Si bien estas acusaciones de espionaje contra Macri aún no se han probado, son un elemento que, a los ojos de algunos argentinos, podrían igualar el nivel de corrupción del kirchnerismo y del macrismo. A ojos de otros, podrían ser una maniobra distractoria de los graves problemas que acucian a Argentina. El país negocia una deuda pública de 66.000 millones de dólares, bajo una cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus.

Además, el presidente Fernández anunció una reforma judicial y el saneamiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la calle Comodoro Py, adonde llegan todas las causas penales contra funcionarios del Poder Ejecutivo, una reforma que muchos de los jueces podrían bloquear, ya que la consideran una intromisión. El nombramiento de 34 jueces federales se haría, según el gobierno, para dar mayor transparencia y celeridad a las causas. Para los críticos de la reforma, esta tiene el fin de debilitar el poder de los 12 jueces.

Las autoridades de la AFI que hicieron la denuncia "harán todo lo necesario para que los juicios por corrupción contra el kirchnerismo desaparezcan del mapa", afirma Novaro. Sin embargo, en opinión del analista, estas denuncias contra Mauricio Macri, cuya veracidad aún está por probarse -si es que se prueba alguna vez- no serán suficientes para desarmar las causas por corrupción contra el kirchnerismo.

En el tribunal de Comodoro Py, los 12 jueces esperan y "esos juicios no desaparecerán", pronostica el analista. "Todo esto es una especie de guerra en la que no queda muy claro hasta dónde se puede llegar, porque los riesgos son muy altos para todos". No es muy fácil que aquí vaya a haber un ganador, agrega el experto. ¿Generará esto un terremoto político en Argentina? "No sé si un terremoto, pero es un episodio político muy intenso", concluye Novaro, y agrega que incluso podría ser contraproducente para el Gobierno de Alberto Fernández, es decir, "puede ser que ahora el tablero se invierta, y se hable de que se está llevando a cabo una persecución política de Mauricio Macri."