Comunidad Ciudadana presenta proyecto de ley para abrogar el polémico decreto de Derechos Reales
El Gobierno considera que “la derecha y la nueva derecha” buscan politizar el Decreto Supremo 5143 mediante una “campaña de desinformación irresponsable”
La agrupación política opositora Comunidad Ciudadana (CC) presentó este miércoles un proyecto de ley de abrogación del polémico Decreto Supremo 5143 del 10 de abril de 2024, que reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales, del 15 de noviembre de 1887.
El diputado Carlos Alarcón, en su condición de principal proyectista, informó que la iniciativa fue presentada a las 09:00 de este miércoles, a través del Senado, porque asegura que el decreto del gobierno de Luis Arce viola la normativa vigente en el país, debido a que mediante una ley se debería regular el registro en Derechos Reales.
Observaciones al decreto de Derechos Reales
“Pero lo más preocupante es el contenido del Decreto Supremo 5143 porque introduce en el monopolio de la información patrimonial a la Agetic, que es una instancia de información electrónica del Ministerio de la Presidencia”, señaló.
Sin embargo, de acuerdo con la normativa, el registro de derechos reales está a cargo del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial, que es una instancia independiente al Poder Ejecutivo.
Es decir, hay una “intromisión en un órgano independiente, como es el Órgano Judicial, por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y de Agetic, que pone en riesgo la seguridad patrimonial de todos los bolivianos. ¿Por qué tiene que meterse el Gobierno en información relativa a los bienes inmuebles registrables de las personas, si eso está en el ámbito del Órgano Judicial?”, cuestionó.
Además, dijo que ya salió en algunos medios un convenio de cooperación interinstitucional que habían firmado entre el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Agetic en 2022.
“En ese convenio dice (…) que la Agetic tiene que supervisar, brindar asesoramiento y asistencia técnica en coordinación con el Ministerio de Justicia en la aplicación de políticas, lineamientos y servicios del gobierno electrónico en el diseño del nuevo modelo de gestión de la oficina nacional de Derechos Reales”, indicó.
Entonces, están asumiendo esta medida, “obviamente, para utilizar información (de los bolivianos) con fines de establecer en el país un estado espía, un estado policiaco, que ponga en riesgo la vigencia del derecho a la libertad y el derecho a la propiedad”, añadió.
La posición del Gobierno sobre el Decreto de Derechos Reales
El martes, en medio de algunas protestas, incluso callejeras, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que “la derecha y la nueva derecha” están buscando politizar el Decreto Supremo 5143 mediante una “campaña de desinformación irresponsable”.
La autoridad gubernamental remarcó que el cuestionado decreto “tiene como objeto mejorar el servicio de derechos reales a favor de la población” y que mediante la nueva normativa se pretende “desbaratar las mafias y organizaciones criminales que han dado lugar a registros falsos y que han coadyubado a la existencia de avasallamientos y otras irregularidades”.
Por tanto, “estos ataques son absolutamente injustificados, Derechos Reales sigue en el Consejo de la Magistratura, nadie puede quitarles su derecho propietario a los bolivianos y lo que estamos buscando y pretendiendo con esta norma es modernizar, transparentar y lograr seguridad jurídica para los bolivianos. En ese sentido, el presidente Luis Arce mantiene su firme compromiso de seguir innovando y generando reglas de Gobierno Electrónico para el bien de la familia boliviana”, puntualizó el ministro.
