Endosan a un exministro de Evo y otros directivos cargos por Bs 425 millones por fallas en la extracción del litio
Luis Alberto Echazú está bajo arresto domiciliario. El Gobierno habló del proyecto fallido para producir carbonato de litio después de la visita que hizo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El Procurador habla de “un daño grave al Estado” y al menos ocho contratos incumplidos.
La Procuraduría General del Estado estableció responsabilidades de 12 personas; la de exfuncionarios de la gestión de Evo Morales y entre ellos la de su ministro Luis Arberto Echazú, por “un daño grave al Estado” de algo más de Bs 425 millones. También identificó al menos cuatro delitos de corrupción por fallas administrativas y técnicas en el proyecto que se había diseñado en la 'era Evo' (2006-2019) para extraer el litio del salar de Uyuni a través de piscinas de evaporación. Esas instalaciones hoy ya no funcionan para ese propósito y están abandonadas.
La entidad también apuntó a representantes de una empresa privada contratista, que estaba a cargo de trabajos relacionados con esas piscinas, estipulados en ocho contratos, que “sistemáticamente” fueron incumplidos. Este aspecto derivó en el fracaso del proyecto para industrializar el litio en su primera fase.
En términos generales son tres los hechos que se están investigando: las especificaciones técnicas del proyecto que fueron “mal elaboradas y mal diseñadas”, un mal trabajo de supervisión y fiscalización en la ejecución del contrato y la ausencia de mantenimiento a las 18 piscinas de evaporación.
El Gobierno de Luis Arce, pone su atención en el proyecto del litio después de tres años y medio al mando del Estado y también después de suscribir, en enero de este año, un convenio con China para la construcción de una planta piloto con tecnología de extracción directa en el Salar de Uyuni.
Denuncia
El procurador César Siles afirmó que la denuncia fue presentada el jueves 18 de abril de la semana pasada y aseguró que, en cuatro días, el Ministerio Público realizó todo el procedimiento requerido previo a la aprehensión del exministro Echazú y exgerente de la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB).
“Esta investigación iniciada el pasado 18 de abril, el mismo día fue puesta en conocimiento del juez contralor de garantías. Una vez iniciada la investigación se emitieron las directrices de la investigación e incluso se designó una comisión de fiscales conformada por Ingrid Feraudi, Omar Yujra y José Rodríguez Mollinedo”, detalló Siles.
Una vez admitida la denuncia, estos funcionarios del Ministerio Público realizaron la toma de declaraciones hasta el lunes 22 de abril, “a todos los testigos del hecho” que era los que firmaban los informes técnicos, legales del proyecto del litio, y después se emitieron los requerimientos fiscales a todos los denunciados.
“Estos requerimientos (que son) a los 12 sindicatos, todos tienen un flujo migratorio importante y reciente (que es el) primer posible riesgo de fuga en una investigación”, agregó Siles.
La explicación del funcionario sobre el procedimiento que hizo la Fiscalía se da tras la denuncia de la exministra de Evo Morales, Teresa Morales, quien el lunes aseguró que Echazú no recibió ninguna citación.
“Cualquier persona en Bolivia para ir a declarar a la Fiscalía tiene que ser debidamente citada y si la persona no asiste, entonces talvez podría ser aprehendido; sin embargo, esta mañana (lunes) se han apersonado policías en la casa del hermano Alberto Echazú y, a pesar de su edad y de que su salud no es sana, se han permitido aprehenderlo y traerlo a la fuerza a la Fiscalía, a un exministro de más de 70 años, que no había sido citado”, protestó Morales.
No obstante, según el procurador Siles se cumplieron con todos los requisitos para librar una orden de aprehensión contra las personas denunciadas, entre ellos el riesgo de fuga, el registro del lugar de los hechos y la inspección ocular de las piscinas de evaporación en el Salar de Uyuni.
“Todos estos indicios, sin duda, habilitan, y permiten afirmar categóricamente que se cumplen uno de los requisitos para aplicar el mandamiento de aprehensión porque hay indicios de convicción que hacen presumir la autoría”, señaló.
Además del exministro Echazú las otras personas aprehendidas son Jorge Flores Mamani y Paul Quiroz Barionuevo, tres de las 12 personas denunciadas e investigadas.
“Esperemos que en el transcurso de las horas tengamos más novedades de la investigación que está dirigiendo la Fiscalía con el único propósito que es investigar la verdad histórica de los hechos, dar con los responsables”
Detención domiciliaria
Después de pasar más de 24 horas en celdas policiales, el exministro Echazú fue sometido a su audiencia virtual de medidas cautelares en la que el Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva.
No obstante, el juez sexto anticorrupción de La Paz, Iván Córdoba, determinó la detención domiciliaria las 24 horas y sin salida laboral para el exministro Echazú, medida en la que se tomó en cuenta la edad y el estado de salud delicado de la exautoridad.
Córboba también determinó que Echazú pague una fianza de 35 mil bolivianos y que se presente ante la Fiscalía una vez a la semana a firmar un libro.
Presencia del grupo Garáfulic
El Gobierno de Luis Arce no solo apunta al exministro Echazú y otros exfuncionarios, sino también a empresas privadas que suscribieron contratos con el proyecto de la empresa estatal YLB. En este caso, al grupo empresarial Garáfulic.
Siles hizo énfasis al señalar que una parte de la investigación se relaciona con ocho contratos suscritos con la estatal del litio pero “sistemáticamente incumplidos” debido al “quebrantamiento” de las normas administrativas de la empresa Gerimax SRL representada por Paula Garafulic Ruiz, una de las 12 personas investigadas y denunciadas.
Según el Gobierno, los contratos con el grupo Garáfulic se suscribieron entre 2013 y 2019 por unos 186 millones de bolivianos.
“Llama la atención también que durante todo ese tiempo se había adjudicado todos los contratos de servicio a una sola empresa de nombre Gerimax SRL del grupo Garafulic”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.
Estado de las piscinas
El gerente de Ingeniería e Investigación de la estatal YLB, Salvador Beltrán, dijo que desde el comienzo el proyecto, que data de hace más de 12 años, fue “improvisado”; por ejemplo, en la construcción de las 18 piscinas de evaporación.
“El tema de las piscinas es algo delicado porque se tiene que armar una infraestructura que es sumamente costosa. Básicamente toda la producción depende de que estas piscinas funcionen de manera correcta. El mayor problema que se tuvo fue que se construyeron las piscinas, y dos años después, recién se terminó de construir las redes de bombeo de salmuera. ¿Qué pasó?, construyen las piscinas, se las entregan y se dan cuenta de que no había con qué llenarlas”, explicó el funcionario de YLB a radio Fides.
En ese primer paso de la primera fase del proyecto, empezó el problema por la ejecución deficiente, porque en los dos años que pasaron las geomembranas que están al aire libre en Llipi, se deterioraron por el intenso sol, viento y frío.
“Hay que entender que el clima en esa región es sumamente agresivo, entonces eso ha empezado a dañar a las piscinas que se habían impermeabilizado y cuando se empieza a hacer el bombeo, éstas empiezan a tener problemas”, explicó el funcionario. Esto ocasionó que esas piscinas funcionen por debajo de su capacidad.
Las piscinas de evaporación están formadas por un circuito de ocho albercas o tanques que funcionan como una red donde separar los compuestos de la salmuera o agua de sal hasta lograr el cloruro de potasio, principal elemento para la producción de los fertilizantes.
Beltrán dijo que este proceso no es para la producción del litio. “El litio es un producto residual de las piscinas”.
