Incremento salarial con tinte político
.
Una vez más, la historia se repite con el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordando un aumento del 5,85% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico, en una negociación que excluyó al sector empresarial, el cual previamente había solicitado congelar los salarios debido a la difícil situación económica que atraviesa el país.
Existen incoherencias evidentes en estos incrementos desde diferentes enfoques económicos. En primer lugar, al comparar los incrementos de este año con los del año pasado, se observa una repetición casi idéntica, a pesar de que la inflación acumulada actual (2,12%) es menor que la del año anterior (3,12%). Por lo tanto, si la pérdida del poder adquisitivo ha sido menor este año según las cifras oficiales, no sería justificable igualar, y mucho menos superar, los incrementos del año pasado.
Sin embargo, las mayores incoherencias han sido señaladas por el sector excluido de las negociaciones. Los empresarios han advertido que el aumento salarial afectará la generación de empleos formales, encarecerá la producción nacional, fomentará el contrabando y desincentivará las inversiones. Todo esto ocurre en un contexto en el que se proyecta un crecimiento muy bajo del PIB nacional (inferior al 2%), según pronósticos de organismos internacionales. Además, los principales empleadores del país se han visto afectados por la escasez de dólares, lo que ha aumentado sus costos de importación de insumos, especialmente de bienes de capital.
Los empresarios califican el aumento como agresivo e irresponsable, argumentando que está basado en consideraciones políticas en lugar de económicas. Señalan que la afectación no se limita a los grandes empresarios, como se pretende hacer creer a la población, sino que también afecta a miles de pequeñas y medianas empresas que, a pesar de las adversidades, siguen apostando por el país.
Es evidente que hay un trasfondo político en este encuentro excluyente entre el Gobierno y la COB. La presencia de la COB parece ser estrictamente política, ya que se trata de una institución desprestigiada que ni siquiera representa a la mayoría de los trabajadores del país. Su demanda de aumento salarial suele ser arbitraria y desconectada de la realidad, y al final termina aceptando aumentos mucho menores, lo que demuestra su falta de seriedad.
Resulta preocupante que el presidente Luis Arce participe en este juego político en un momento tan delicado para la economía. Arce afirma que, con el aumento acordado con la COB, están cuidando no solo las finanzas públicas, sino también la generación de empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, esta afirmación carece de correlación con la realidad económica. Un aumento solo empeorará unas finanzas públicas ya afectadas por un déficit fiscal recurrente. Además, el modelo gubernamental basado en la demanda agregada ha perdido fuerza, ya que las empresas nacionales son menos competitivas y contratan a menos personal. Aunque el presidente reconoce que existen “efectos adversos externos e internos”, no especifica cuáles son esos efectos ni qué medidas tomará su gobierno para contrarrestarlos.
En conclusión, la negociación tradicional entre el Gobierno y la COB no resulta en medidas para reactivar la economía ni mucho menos. Parece más bien un ejercicio para reafirmar lealtades políticas, especialmente en un momento en que el partido en el poder, el MAS, está dividido. Para el Gobierno de Arce, parece más importante asegurar el apoyo de la COB y evitar que se alinee con su adversario, Evo Morales. Sin embargo, es lamentable que esta estrategia política se haga a expensas del verdadero crecimiento económico y la generación de empleos de calidad.
