Al menos cinco factores golpean a la Amazonia y hay saqueo sin control
InSight Crime y el Instituto Igarapé realizaron una investigación sobre minería ilegal, deforestación e incendios, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. El estudio, además, muestra que las normas no se cumplen
La Amazonia boliviana está siendo devastada por la minería ilegal, la agricultura intensiva, los incendios, el narcotráfico y el tráfico de fauna silvestre. Además, algunas de estas actividades que son ilegales en otros países no lo son en Bolivia, lo que afecta más a la zona amazónica del país. Líderes ambientales piden más atención a esta región que abarca casi el 70% del territorio nacional y que es habitado por varias comunidades indígenas.
InSight Crime, junto al Instituto Igarapé, realizó un estudio sobre la situación que atraviesa la Amazonía boliviana. Los resultados de la investigación, que duró más de un año, no son alentadores.
El estudio muestra que en Bolivia los buscadores de oro cavan cráteres y envenenan los ríos del Parque Nacional Madidi, un tesoro natural que se extiende desde los Andes hasta el Amazonas. La agricultura intensiva, por su parte, está devastando los bosques del país, como la Chiquitania, el mayor bosque seco del mundo. Los incendios provocados, en su mayoría, para desbrozar ilegalmente se convierten a menudo en fuegos incontrolables que dejan detrás desiertos de tierra quemada. A eso se suma el tráfico de fauna silvestre, lo que mata vidas en la región de la cuenca amazónica.
El informe ofrece un análisis de la compleja red de actores (estatales y no estatales) y relaciones que alimentan los delitos ambientales en la Amazonia boliviana.
Los 60 millones de hectáreas de la Amazonia boliviana, que abarcan parte de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, concentran algunas de las zonas más biodiversas de la cuenca amazónica. Pero la Amazonia boliviana suele caer en el olvido, ya que otros países reciben la mayor parte de la atención internacional, aunque el país sólo es superado por Brasil en términos de pérdida de bosques.
“El país (Bolivia) ha mantenido una doble retórica: por un lado, promueve leyes que abogan por la conservación del medio ambiente, mientras que, por otro lado, prioriza políticas de desarrollo económico a expensas de los bosques y la biodiversidad”, señala la parte conclusiva de la investigación, que tiene 76 páginas.
Crece la deforestación
Según la plataforma Global Forest Watch, Bolivia perdió 696.000 hectáreas, aproximadamente, de cobertura arbórea en 2023, un 14,37 por ciento más que el año anterior; es decir, 100.000 hectáreas más. Entre 2016 y 2021, el país perdió un total de 3.076 mil hectáreas de cobertura arbórea, con un promedio anual de 512.666 hectáreas.
La mayor parte de la deforestación de la Amazonia boliviana, según InSight Crime y el Instituto Igarapé, se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria. En otros países amazónicos, estas actividades son ilegales o al menos están reguladas.
Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por las autoridades gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria, dice el estudio.
El ámbito de lo legal “es muy amplio, y la voluntad de hacer cumplir las leyes existentes es mucho menor que en otros países amazónicos”, afirmó Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana de Bolivia y presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. “Al mismo tiempo, la ilegalidad significativa no está clasificada como crimen organizado”, afirmó la legisladora, quien sufrió agresiones físicas y amenazas durante sus viajes de investigación a la Amazonía.
Al mismo tiempo, las cooperativas mineras de Bolivia emplean maquinaria pesada y enormes dragas para excavar los cursos de agua del Amazonas en busca de oro. En algunos casos, las cooperativas, que empezaron como simples sindicatos, pero se han convertido en entidades más poderosas, sirven de cubierta a chinos, colombianos y otros extranjeros que subvencionan ilegalmente las actividades mineras. Se sabe que los exportadores sacan del país oro de procedencia desconocida, lavándolo en el incógnito camino.
Con el auge de la extracción de oro en Bolivia, también han aumentado las importaciones de mercurio, que se utiliza para separar el oro de los sedimentos. Bolivia firmó hace una década el Convenio de Minamata, pero el gobierno boliviano sigue permitiendo una afluencia desinhibida del metal tóxico, eludiendo incluso normas básicas.
Ruth Alipaz, líder de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), dijo que “el área protegida más diversa del mundo, que es el Madidi, nos convoca a su defensa nacional e internacional. La biodiversidad, ríos, agua, montañas, bosques, paisajes, medicinas, pueblos indígenas, son devorados en la Amazonía por la minería aurífera”.
La tala ilegal, aunque no está extendida a escala industrial como la minería y la agricultura, también ha provocado importantes pérdidas en la selva amazónica de Bolivia. Los parques y reservas nacionales poco vigilados son especialmente vulnerables. Las redes de traficantes roban madera mara, una especie de caoba valiosa, que luego se envía de contrabando a Perú y Brasil para su exportación. Además, Bolivia tiene un mercado nacional de madera de origen ilegal.
La fauna silvestre de Bolivia también está siendo depredada. Los jaguares en particular son cazados para adquirir sus partes, que son muy apetecidas en Asia. La construcción de carreteras por empresas chinas a través de la Amazonía boliviana ha abierto el camino a nuevas incursiones de los comerciantes de jaguares.
Además, el interior amazónico de Bolivia se convirtió en un corredor de narcotráfico hacia Brasil. En los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz han surgido campamentos primitivos para la producción de cocaína en medio de reservas forestales. Los residuos del procesamiento, que incluyen gasolina y productos químicos contaminantes, se vierten en los ríos. Pistas de aterrizaje en los bosques sirven a las avionetas que despegan de Perú.
“El país debe abordar pronto esta situación si quiere detener la inminente destrucción de su Amazonía”, concluye el estudio.
