Decadencia judicial y tibieza social
SÍ!. El órgano judicial, es percibido como la institución mas corrupta de Bolivia.
Siempre fue así considerado, pero desde el 21 F de 2016 se hizo por demás evidente la cooptación y sometimiento al gobierno de turno, con fallos emitidos a pedido y gusto de éste, constituyendo la abusiva utilización de acciones de defensa, entre otros, en una de las conductas judiciales mas deplorables y antiéticas de su historia, terminando por desacreditar dichos mecanismos.
Es que definitivamente no tocan fondo, siempre hay lugar para hundirse mas en el excremento de la injusticia y prevaricación, lo que nos lleva a preguntarnos ¿como es posible que un amparo, paralice todo el proceso para renovar el órgano judicial..... o que acciones como esta, obligue al órgano electoral a supervisar un congreso de militantes arcistas cuando autónomamente lo negó por la falta de requisitos legales previos?. No es difícil argumentar que en el sistema actual de ponderación de derechos, priman o pesan las normas que constituyen las bases y estructura del Estado, así como aquellas que conforman la parte principista; por ello, ante la supuesta vulneración de un derecho, la valoración ponderativa debe actuar observando dicha primacía dentro de la CPE. No es posible, ni lógico que se tenga que paralizar el proceso de renovación de poderes ante el fallo tutelar de un juez, so pretexto de un derecho vulnerado; corregir dimensionando efectos en el tiempo sí, pero nunca atentar contra el legal funcionamiento e independencia de un órgano del poder público, base del sistema democrático que por ende atañe a millones de personas.
Esta avivada para gobernar a través de los jueces, está vulnerando: derechos de los demás postulantes, los derechos del pueblo para elegir y renovar poderes, la división e independencia de los órganos, y lo mas importante, se está incumpliendo la CPE en plazos perentorios y normas primarias e imperativas como las dogmáticas, destruyendo así la seguridad jurídica y el sistema democrático.
A esta locura antijurídica traducida en tiranía judicial e injerencia descarada, se suma el aletargamiento y tibieza peligrosa del pueblo, sus instituciones y en particular los Colegios de Abogados, consolidando la afirmación de que, cuando nadie reclama y se acepta tácitamente el salvajismo judicial, se va perdiendo el alma como nación, por lo que están destinados a merecer el autoritarismo que los gobierna.
