Israel Campero trabajó desde 2010 con a Héctor Arce Zaconeta, el actual embajador de Bolivia ante la organización hemisférica. También es presidente la sala constitucional que anuló la competencia legislativa de interpelar a los ministros del presidente Luis Arce

3 de mayo de 2024, 17:00 PM
3 de mayo de 2024, 17:00 PM

Israel Campero preside la Sala Constitucional Primera de La Paz que “instruyó” al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso de El Alto de la facción 'arcista' del MAS.

El jurista también dirige el Tribunal Administrativo (Tribad) de la Organización de Estados Americanos (OEA), según información del organismo. Se trata de una entidad compuesta por seis jueces elegidos para un periodo de seis años por la Asamblea General de la OEA.

Este tribunal es un órgano autónomo con competencia para conocer aquellos casos en que miembros del personal de la Secretaría General de la Organización de OEA aleguen incumplimiento de las condiciones en sus respectivos nombramientos o contratos.

Campero está en la OEA desde enero de 2019 con un mandato que concluirá en diciembre de este año; se postuló para ser magistrado en el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero fue objetado por activistas, dirigentes políticos y legisladores.

Pero el nombre de este jurista cobró notoriedad no por ser parte del organismo internacional, sino por sus decisiones judiciales, cuestionadas por varios sectores, y por una supuesta vinculación con el poder político.

El Tribunal Administrativo de la OEA
El Tribunal Administrativo de la OEA

¿Quién es Israel Campero?

Campero estuvo vinculado al MAS desde 2010 cuando fue asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando el cargo era ejercido por Héctor Arce Zaconeta, actual embajador de Bolivia ante la OEA. De hecho, ambos actúan en ese organismo internacional.

El jurista ingresó al Órgano Judicial en 2016, luego de posar distintos puestos jerárquicos, especialmente en la estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Actualmente, ejerce el cargo de vocal departamental del Tribunal de Justicia de La Paz y es uno de los dos vocales que, en agosto de 2023, junto con su colega Alfredo Jaimes, firmaron la resolución constitucional que anuló las interpelaciones en el parlamento.

Asimismo, legisladores de la facción 'evista' del MAS presentaron una denuncia penal por el delito de prevaricato contra Campero por esa decisión; sin embargo, en septiembre de 2023 la fiscalía desestimó la denuncia y archivó el caso.

¿Un candidato ‘predilecto’?

El jurista se postuló para ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Su pretensión avanzó a pesar de ser inhabilitado en una primera instancia.

Fue inhabilitado porque obtuvo 65 puntos en la calificación de antecedentes, siendo que 70 puntos era el puntaje para pasar a la etapa del examen oral. Fue entonces que reclamó para volver a estar en carrera y lo logró.  

“Mi reclamación es objeto por mi tradición en el Órgano Judicial”, apuntó Campero en su escrito. Alegó, además que no le tomaron en cuenta sus antecedentes académicos del exterior que fueron presentados “debidamente apostillados”.

“Estoy dispuesto a someterme a cualquier examen”, remarcó tras considerar que esos 65 puntos no reflejaban sus antecedentes.

María Galindo, líder del movimiento feminista Mujeres Creando, fue una de las personas que impugnó la postulación de Campero.

“Está candidateando al Tribunal Constitucional, es el candidato predilecto de Luis Arce y de Iván Lima (ministro de Justicia); este señor ha tomado decisiones judiciales contra la Constitución Política del Estado”, protestó Galindo.

“Ha actuado a favor de un feminicida con sentencia. ¿Va a ser candidato a Tribunal Constitucional un hombre que violó la Constitución Política del Estado para privilegiar a un feminicida?”, cuestionó.

Hay otra denuncia en 2020 cuando Campero ejercía el cargo de juez, también dictó la liberación de un violador en serie que estaba condenado a 15 años de prisión; pero durante la pandemia del coronavirus dejó salir al sentenciado, según los documentos de Galindo.

A Campero también lo asocian también con la devolución de la licencia a todos los locales nocturnos que funcionaban ilegalmente en La Paz.

'Evistas' en apronte

La diputada Alina Canaviri, del ala 'evista', anticipó un proceso legal contra Campero “por su actuar inconstitucional” al emitir el fallo con el que se obliga al TSE a supervisar el congreso del 'arcismo' en El Alto.

“Es un sicario de la justicia constitucional y es capaz de apuñalar el texto constitucional, simplemente redactando un papel y borrando con el codo lo que había escrito con la mano”, indicó luego el exministro Carlos Romero.

Además, el diputado Renán Cabezas también cuestionó a Campero y anticipó una reunión de emergencia que tendrá lugar la próxima semana en Cochabamba, donde se pueden asumir medidas de presión.

Desde la facción 'arcista' del MAS, la decisión de Campero fue avalada porque reconocería los derechos políticos de la base social del partido gobernante.